El viernes 12 de febrero, Esperanza Aguirre declarará ante la Comisión de Investigación de Corrupción en la Asamblea de Madrid. Tras varios meses de espera y obligada por el reglamento, la líder popular tendrá la oportunidad de aclarar, tras numerosos requerimientos, su responsabilidad en los casos de corrupción que acompañaron sus dos mandatos en la Comunidad. Su comparecencia se producirá sólo unas pocas horas después de la Operación de la Guardia Civil desplegada en la tarde de hoy, día 11 de febrero.

El cuerpo policial está registrando los domicilios de Javier López Madrid, del Consejo de Administración de OHL, y de Beltrán Gutiérrez Moliner, exgerente del PP en Madrid. También se ha entrado en la sede del PP en la calle Génova para registrar el despacho de este último. Se investiga si han cometido delitos de cohecho y blanqueo de capitales en la trama de financiación ilegal del PP en Madrid que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Las investigaciones se basan en los papeles de Francisco Granados, vicepresidente de la Comunidad de Madrid durante el 'aguirrismo'.

La sombra de Aguirre

Los casos de corrupción han rodeado a la actual portavoz del Partido Popular madrileño. Decenas de cargos próximos han sido imputados en diversos escándalos. En el caso Gürtel, Benjamín Martín Vasco, Alberto López Viejo, Jesús Sepúlveda o Alfonso Bosch. En la Operación Púnica, Francisco Granados, José Carlos Boza o José María Fraile.

Este viernes deberá explicar, en calidad de expresidenta de la Comunidad de Madrid, las contrataciones del ente público Agencia de Informática y Comunicación (ICM), vinculada al caso Púnica. La empresa habría sido instrumentalizada para pagar con dinero público sobresueldos y comisiones, con el fin de mejorar la imagen y promocionar a políticos del PP.

El ente público Agencia de Informática y Comunicación habría sido instrumentalizada para pagar con dinero público sobresueldos y comisiones

La fecha en la que tendrá lugar la comparecencia quedó establecida por la Mesa de Asamblea, comisión creada para investigar casos de “corrupción organizada”, con el fin de depurar responsabilidades de los anteriores gobiernos en la Comunidad.

El pasado 18 de diciembre, a petición de los diferentes grupos parlamentarios, comparecieron Isabel Gallego –ex directora general de Medios de Comunicación– y Salvador Victoria –exconsejero de Presidencia y número dos del Partido Popular en Madrid–, sin hacer ninguna declaración al respecto.

Tras la comparecencia de la “lideresa”, acudirán también a petición de la Asamblea, el empresario Alejandro de Pedro, considerado uno de los “conseguidores” de la trama Púnica y Mar García Priego, ex secretaria técnica de ICM. Asimismo, deberá presentarse Engracia Hidalgo, actual consejera de Economía, Empleo y Hacienda en el equipo de Cristina Cifuentes, que ejerció de presidenta de ICM en 2007 y 2008.

El caso ICM está relacionado con la trama Púnica, operación policial contra la corrupción en servicios públicos iniciada en octubre de 2014 por el juez Eloy Velasco, en la que se detuvo, entre otros, a Francisco Granados, ex número dos de Esperanza Aguirre. Esta operación investiga a empresarios y políticos por su supuesta implicación en casos de corrupción, que habría adjudicado servicios públicos a cambio de pagos y comisiones ilegales, que más tarde eran blanqueados.