Iniciativas de solidaridad para derribar fronteras
“No somos Barcelona, ni Madrid, ni Cádiz, somos un pueblo de 3.800 habitantes con pocos recursos y grandes problemas económicos y sociales, pero somos humanos”. Así anunciaba el Ayuntamiento de la pequeña localidad de Gilena (Sevilla) su adhesión a la red de “ciudades refugio” dispuestas a acoger a personas que huyen de la guerra o del hambre. Mientras el Gobierno de Rajoy sigue regateando sobre el número de refugiados que está dispuesto a recibir –de momento 2.739, frente a los 800.000 que acogerá Alemania este año–, una ola de rebeldía crece tanto en los Ayuntamientos como en las calles y pide la apertura de fronteras y la acogida de las personas refugiadas que tratan de buscar asilo en Europa.
Se multiplican grupos autoorganizados a imagen y semejanza de la iniciativa alemana Refugees Welcome
Madrid, Cádiz, Coruña, Santiago de Compostela, Badalona, Iruña, Zaragoza, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Alicante, Valencia, Valladolid, Zamora, Teruel, Albolote… son algunas de las decenas de ciudades que, ante la inacción del Gobierno, se han sumado en menos de diez días a la red impulsada por Ada Colau desde Barcelona. Desde estos municipios organizan censos de miles de familias dispuestas a ofrecer su casa para la acogida, listados de profesionales que puedan dar apoyo psicosocial, legal, sanitario, lingüístico o de otro tipo, habilitación de espacios municipales...
“Estamos trabajando con todos los ofrecimientos que nos hacen los ciudadanos, que van desde su propia casa hasta comida, ropa de bebé, clases de español, etc.”, dice a Diagonal una portavoz del Ayuntamiento de Barcelona, que explica que el email habilitado por el Ayuntamiento el 4 de septiembre ha recibido ya más de 2.000 ofertas de colaboración. También los abogados y procuradores de Barcelona se han sumado denunciando “la pasividad política europea”, mientras que cerca de mil sanitarios de la ciudad han anunciado a Colau a través de su cuenta en Facebook su voluntad de colaborar. En Cataluña, decenas de municipios han empezado a organizarse a través del Fondo Catalán de Cooperación “para ir de la mano y poder organizar acciones conjuntas”.
Solidaridad desde la calle
Pero las iniciativas se multiplican también más allá de lo institucional. El 3 de septiembre, una reunión organizada por la Asociación de Sin Papeles de Madrid (ASPM) para canalizar la frustración e indignación ciudadana en propuestas de acción acabó desbordando las expectativas y se convirtió en una asamblea multitudinaria que tuvo que ser trasladada a una plaza de la capital y que ha sembrado el germen de un movimiento organizado desde abajo que busca ir más allá del asistencialismo.
Igualmente, a través de las redes sociales se multiplican grupos autoorganizados como Refugiados Bienvenidos, la Red Asturiana de Familias de Acogida de Refugiados, y estructuras similares en Sevilla, Alicante, Murcia o Aragón, a imagen y semejanza de la iniciativa Refugees Welcome, nacida en Berlín para dar acogida a refugiados en viviendas particulares y que se ha extendido ya a varios países europeos. Patricia Simón, una de las impulsoras de la Red Asturiana, que nació el 2 de septiembre, explica que la idea surgió para canalizar la “impotencia e indignación con el discurso de Rajoy” y la política de cuotas del Gobierno. En poco menos de una semana, esta red ha recibido 900 ofertas de ayuda, la mitad de ellas viviendas particulares y el resto apoyo económico, material y profesional. “Ahora que la administración autonómica ha empezado a moverse, la idea sería trabajar con el Gobierno del Principado y con los ayuntamientos para gestionar todo esto”, indica Simón.
“Que el Gobierno ofrezca en esta situación un número tan ridículo de plazas es intolerable”
Pero para acoger hace falta presionar al Gobierno, que es quien tiene las competencias, indican desde SOS Racisme de Cataluña. “Que el Gobierno ofrezca en esta situación un número tan ridículo de plazas es intolerable desde todos los puntos de vista. Exigimos una dotación presupuestaria suficiente para atender a todo el mundo, y exigimos un cambio radical de la política española y europea, en el sentido de que no se puede hablar de cupos. Las personas que buscan refugio, sean 10, 10.000 o cientos de miles, todas ellas tendrían que tener la posibilidad de ser acogidas en países que no estamos en guerra”, dice a Diagonal Beatriu Guarro, portavoz de SOS Racisme y de la plataforma Stop Mare Mortum, creada por decenas de entidades el pasado 20 de abril, después de un naufragio que dejó 700 muertos en el Mediterráneo.
De momento, el cupo asignado por el Gobierno para toda Cataluña, por ejemplo, es de sólo 28 plazas, mientras que las 800 personas que ya han solicitado asilo allí deben esperar meses la respuesta a su solicitud, igual que en el resto de comunidades. Si esta política no cambia, “existe el peligro de que haya personas refugiadas de primera categoría con el estatuto de refugiadas y otras de segunda que serían atendidas por el Ayuntamiento pero no tendrían el estatuto”, indica Guarro.
“Ni los gobiernos autonómicos ni municipales tienen competencias. Lo que sí tienen es presupuestos muy ridículos para gestionar la acogida, pero no tienen ningún poder decisorio”, recuerda esta portavoz. De momento, Madrid ha decidido destinar una partida de 10 millones de euros a este asunto, mientras que Barcelona ha duplicado hasta los 200.000 euros el presupuesto destinado a su servicio de atención al inmigrante y al refugiado, pero reconocen que es insuficiente. Desde el Ayuntamiento de Barcelona explican que “estamos presionando al Gobierno para que agilicen los trámites, para que aumente las cuotas, para que los fondos que recibe de la UE –y somos el segundo Estado de Europa que más fondos recibe para este fin– no vayan a reforzar agencias como el Frontex o a hacer las vallas más altas, sino para acoger a las personas y para políticas de integración. Eso es responsabilidad del Estado y ahí es donde tenemos que presionar. Eso no quita que desde las ciudades también se pueden hacer muchas cosas en la primera acogida”.
Refugiados y migrantes
Ante la presión desde distintos flancos, el Gobierno negocia un posible aumento del cupo de refugiados, aunque Rajoy declaró el 4 de septiembre que “España no le va a negar el derecho de asilo a nadie, pero hay un asunto distinto: el de la inmigración irregular por razones económicas”. La creación de categorías de migrantes que los diferencie entre “buenos” y “malos” está siendo, sin embargo, rechazada a muchos niveles, como desde la ASPM y la asamblea multitudinaria organizada en Madrid, que reclama la apertura de fronteras y la libertad de movimiento. También desde el Ayuntamiento de Barcelona, que señala que no harán distinción entre refugiados, ya que “no se trata sólo de los refugiados sirios, hay otras muchas nacionalidades, hay otros países en conflicto, también hay problemas económicos que hacen que la gente emigre”.
“Ya es hora de empezar a cambiar el concepto de persona refugiada y ampliarlo también a los refugiados por motivos económicos”, indica asimismo Beatriu Guarro, que recuerda la responsabilidad de la UE, no sólo en la venta de armas a países en conflicto, sino también en las políticas que hacen migrar a las personas por motivos económicos de sus países de origen. “También exigimos que fondos de cooperación que se están utilizando para financiar centros de internamiento en el norte de África, políticas represivas de construir vallas, etc., se usen realmente para una cooperación que permita a las personas quedarse en sus países de origen”, indica la portavoz de Stop Mare Mortum.
Mientras en los despachos europeos siguen negociándose cupos a través de unas políticas que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha denunciado como similar a una subasta de personas, miles de ciudadanos, colectivos y municipios siguen organizándose y creando redes en toda Europa para denunciar las políticas migratorias, generar presión sobre sus gobiernos y lograr recibir a unos refugiados que pelean por abrirse paso hasta las fronteras cerradas de la Unión.