Los supervivientes de la masacre de Tecoluca buscan justicia en El Salvador
Miriam Ábrego tardó tres horas en recorrer en camión junto a decenas de personas los 70 kilómetros que separan el municipio de Tecoluca de San Salvador, la capital salvadoreña, con el propósito de demandar a las autoridades el esclarecimiento de la masacre de San Francisco Angulo, un pequeño poblado perteneciente a Tecoluca, en el departamento oriental de San Vicente.
"A 34 años de la masacre estamos aquí para exigir a la Fiscalía y a la Corte que se realice una verdadera investigación… No estamos conformes con la investigación que la Fiscalía ha hecho", dijo Ábrego, cuya hermana fue una de las víctimas de la masacre cometida por efectivos militares y de la Guardia Nacional, en plena guerra civil salvadoreña (1980-1992), una guerra en la que al menos 75.000 personas fueron asesinadas, muchas de ellas a manos del Ejército y de grupos paramilitares.
Supervivientes y familiares de las víctimas se concentraron el pasado 13 de julio frente a la sede la de la Corte Suprema de Justicia (el máximo órgano del sistema judicial salvadoreño) para demandar que la Fiscalía General de la República investigue lo ocurrido aquel 25 de julio de 1981. A la protesta asistieron alrededor de 150 personas entre familiares y supervivientes de varias de las masacres ocurridas durante el conflicto a manos del Ejército. En todas ellas piden lo mismo: llevar a los culpables ante los tribunales. Y aunque han logrado que durante la Administración anterior el presidente Mauricio Funes pidiera perdón en nombre del Estado a las víctimas de las masacres, ninguna ha sido judicializada. Su reconocimiento ha sido más bien simbólico. No es suficiente. Además de que se haga justicia, quieren que sean las Fuerzas Armadas quienes reconozcan los hechos y pidan perdón. “Pedimos a estas personas que siquiera tengan el honor de pedir perdón. No me importa que digan que estamos locos, que para qué estamos haciendo esto, porque son seres queridos quienes murieron en aquella época injustamente”, declaró Medardo Mijango, familiar de dos de las víctimas de San Francisco Angulo, donde fueron asesinados 45 civiles entre niños, niñas y mujeres, algunas embarazadas y otras ancianas.
Fueron más de 40 las matanzas y más de 10.000 los muertos sólo en el municipio de Tecoluca durante la guerra civil, puesto que el Ejército consideró que el departamento de San Vicente era "zona crítica".
Hace un año la Sala de lo Constitucional de la Corte ordenó a la Fiscalía que abriera una investigación judicial y encausara a los responsables materiales e intelectuales. Un año después, la Asociación de Víctimas de Tecoluca considera que la Fiscalía no ha cumplido con su cometido. Por eso, con el apoyo legal del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec, demandaron a la Corte que exija el cumplimiento de la sentencia.
Además, exigen que los responsables intelectuales y materiales de la masacre no puedan optar a cargos políticos. Esto hace referencia a casos como los de los generales Mauricio Vargas “El Chato” y Orlando Zepeda, integrantes de la “La Tandona”, una generación de oficiales que estaba al mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas durante la guerra civil y que ha sido acusada de haber cometido graves abusos. A pesar de ello, estos generales optaron a ser diputados en las elecciones parlamentarias de 2014.
Por último, reclaman que se apruebe una ley de reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos, una demanda histórica de familiares y víctimas de las masacres ocurridas durante el conflicto armado. Hasta el momento, se ha aprobado un decreto presidencial con este fin, pero ni se trata de una norma legal ni cuenta con el presupuesto adecuado, lamentó Claudia Interiano, abogada que apoya a la Asociación de Víctimas.
La Asociación de Víctimas de Tecoluca logró que se exhumaran los cadáveres de San Francisco Angulo en 2005 y, desde entonces, están tratando de que se haga justicia, pero nunca lograron que el Ministerio Público iniciara acciones penales. Es por eso que en el 2010 decidieron interponer un recurso de amparo ante la Corte Suprema. La sentencia de la Sala de lo Constitucional fue un soplo de esperanza para supervivientes y víctimas de todas las masacres, puesto que establecía que la Constitución defendía el derecho a la verdad. Por ello, un año después regresaron con la esperanza de que la Sala pueda empujar a la Fiscalía a judicializar el proceso.
A pesar de este medio ha tratado de obtener la versión de la Fiscalía, ésta, a través del gabinete de comunicaciones, declinó dar declaraciones hasta que finalice la investigación.
Cuando se le preguntó a Miriam Ábrego, una de las supervivientes de San Francisco Angulo, por lo que cree que pueden conseguir, contestó: “Está bastante difícil, pero la lucha la vamos a hacer porque, de lo contrario, en este país jamás podremos vivir en paz”.