La Xunta de Galicia anuncia alquileres sociales para afectados por desahucios
El ejecutivo gallego anunció ayer, tras reunión ordinaria del Consejo de la Xunta, un plan de alquileres sociales para las personas afectadas por procesos de desahucio. La administración encabezada por el popular Alberto Núñez Feijoo ha confirmado acuerdos con Abanca, Caixa Rural y el Sabadell-Gallego, que serán ampliados a otras entidades bancarias presentes en el territorio gallego.
La propuesta consistirá en aquellas familias con rentas inferiores a 30.000 euros anuales implicadas en casos de desahucio por impago de hipoteca, y que tengan determinadas cargas, puedan permanecer en la vivienda durante un año, prorrogable a tres, aportando un alquiler social, que iría de los 0 a los 75 euros al mes, según informaba La Voz de Galicia tras la rueda de prensa del ejecutivo gallego. En el caso de no propietarios que no puedan hacer frente al pago del alquiler, se contempla que puedan mudarse a viviendas vacías pagando un máximo de 125 euros mensuales. No hay que olvidar que Galicia es la Comunidad Autónoma con un mayor porcentaje de viviendas desocupadas.
Desde colectivos vinculados a las luchas de vivienda en Galicia se muestran excépticos con las medidas anunciadas. Héctor Tejón, integrante de Stop Desahucios A Coruña, explica que "como medida suena bien, pero habrá que ver cómo resulta finalmente y cuáles son los requisitos que se establecen".
Desde esta plataforma expresan su desconfianza de que las medidas respondan solamente a la "resaca electoral" y los malos resultados obtenidos por el PP en Galicia en las pasadas elecciones municipales, puesto que "en los últimos siete años de gobierno no ha habido ninguna política de vivienda por parte de la Xunta". "Ahora vienen con medidas que, si bien son urgentes y se llevan demandando desde hace años, en todo momento fueron ninguneadas", se lamenta Tejón. Y recuerda los casos de Aurelia Rey, vecina desahuciada en A Coruña, que consiguió acceder a una vivienda solamente gracias a la presión social realizada durante meses de movilizaciones, o el de Elisabeth Sanlés, desahuciada tras el despliegue de un dispositivo policial "desmedido", con la única solución temporal de ser reubicada en una residencia cristiana.