Cuando los jardineros defienden su terreno
En el municipio de Leganés (Madrid) pocos son los vecinos que no tienen un familiar o conocido que haya trabajado para Helechos. Esta cooperativa, que nació hace 30 años al calor de los movimientos vecinales de base, lleva gestionando durante todo este tiempo los jardines de la ciudad. Así ha sido hasta ahora, cuando el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, insiste en sacar a concurso el servicio. “Es cierto que con los años se ha desvirtuado un poco el carácter social de la cooperativa, pero lo que se avecina es mucho peor”, reconoce Santiago de la Iglesia, presidente del comité de empresa de Helechos. “Es un secreto a voces. Todos sabemos que el servicio se lo va a llevar Valoriza, que pertenece al grupo Sacyr, una de las empresas del pelotazo urbanístico. Desde la llegada del PP al poder, los últimos concursos públicos de mantenimiento se los han dado a ellos”, explica.
El pasado 13 de agosto, el Ayuntamiento de Leganés publicaba en el BOE la convocatoria para adjudicar el mantenimiento, conservación y la reposición de zonas verdes del municipio. Los sindicatos de los trabajadores de Helechos denuncian que el presupuesto ofertado, que asciende a 20.380.000 euros a repartir en cuatro años, es un 8% menor que el actual. Estiman, además, que el 82% de esta cantidad se iría sólo en cubrir sueldos, “quedando menos de un 20% para asumir los gastos de instalaciones, maquinaria, vehículos, materiales… y, por supuesto, para obtener un beneficio”.
“No es un concurso, es una subasta a la baja”, destaca De la Iglesia mientras advierte que un tipo de pliego así está pensado para las grandes empresas, que son las únicas que podrían asumir estas condiciones. En la oferta se fija, además, la subrogación de los trabajadores actuales. Y se da un número: 158. “La lista de trabajadores no está actualizada, es de mayo. En los meses de verano hay un aumento de trabajadores y, aunque sean eventuales, son horas que hay que cubrir”, expresa el presidente del comité de empresa, que reconoce que temen por sus puestos en un servicio en el que los empleados ganan una media aproximada de 900 euros. “Un auxiliar de jardinería con cinco años de antigüedad es muy difícil que llegue a los mil euros”, cuenta el representante sindical, que no quiere ni imaginar qué pasaría con estos ajustados salarios si el concurso sigue adelante.
El pliego de la discordia
Lo cierto es que esta historia no empezó el 13 de agosto. Ese día el Ayuntamiento intentaba sacar a concurso el servicio por tercera vez. El primer pliego fue retirado por defecto de forma tras la denuncia de Ciudadanos por el Cambio. La segunda vez fue recurrido por el PSOE ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Y, en esta ocasión, lo han recurrido los representantes sindicales “en base a la defensa de los trabajadores”. “Nuestro objetivo inmediato es que se retire el pliego e implantar cláusulas sociales para a la plantilla”, explica De la Iglesia.
La introducción de cláusulas sociales en los pliegos, una propuesta novedosa que se está demandando en otros conflictos de jardinería como el de Zaragoza, supondría un escudo para los trabajadores y un control del gasto público. De la Iglesia aporta un ejemplo: “Si la empresa decide bajar un 5% el salario de los trabajadores, el pliego fijaría que el Ayuntamiento dejaría de pagar ese 5% a la empresa. Pura sensatez”, sentencia. Estas cláusulas también velarían por la calidad del proyecto ofertado, más allá del aspecto económico. “Estamos ante un pliego en el que no se valora el proyecto que se presenta, sólo se valora el aspecto económico. Debería tener cláusulas que favorezcan los proyectos sociales, que incluyan, por ejemplo, programas de educación ambiental”, explica.
Y, mientras tanto, los trabajadores se preparan para salir a la calle, en una concentración que hoy día 9 de septiembre a las 19.30 horas aspira a aglutinar a los vecinos en la Plaza de España del municipio en defensa del servicio público de jardinería. “Nuestra máxima aspiración es volver a remunicipalizar el servicio. Queremos que los grupos de la oposición se posicionen a favor de que este servicio no lo gestione ninguna empresa. La realidad demuestra que la privatización no es lo más eficiente”, sentencia de la Iglesia.