Los vuelos de deportación a Ecuador, vistos del otro lado
Ningún panel en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito anuncia el vuelo de Air Europa procedente de Madrid. Y el silencio que caracteriza a esta ciudad se hace aún más evidente cuando se pregunta a los empleados de migración y del aeropuerto por el avión que trae a más de 40 compatriotas deportados.
Solamente un autobús custodiado por las GOE (fuerzas especiales de la policía ecuatoriana) altera la imagen plácida de esta terminal aérea. En él, 12 españoles que cumplen condena en Ecuador esperan un vuelo chárter que les lleve repatriados al Estado español.
Según denuncian estas ONG, desde marzo del 2013 el Estado ha pagado a esta compañía aérea 11.800.000 euros para que lleve a cabo estos vuelos invisibles. El contrato acaba de ser renovado tácitamente por un año más Éste es el tercer avión de la compañía española fletado desde diciembre de 2013, según denuncian organizaciones como SOS Racismo o Ferrocarril Clandestino, que han lanzado una campaña de boicot a Air Europa. Los vuelos de la vergüenza los llaman. Según denuncian estas ONG, desde marzo del 2013 el Estado ha pagado a esta compañía aérea 11.800.000 euros para que lleve a cabo estos vuelos invisibles. El contrato acaba de ser renovado tácitamente por un año más.
El encargado de supervisar la llegada y la partida de estos vuelos es Juan Enrique Taborda, que actualmente desempeña la función de consejero del Ministerio de Interior en la Embajada de España en Ecuador. Este funcionario fue el encargado, desde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en 2010, de una circular del 25 de enero de ese año en la que se ordenaba la detención de ciudadanos extranjeros que no pudieran acreditar su identidad o que se encontraran en España de manera ilegal. Esta circular, denunciada por el Sindicato Unificado de Policía, permitía llevar a comisaría a los ciudadanos extranjeros que no tuvieran encima su documentación, para su posterior deportación.
Para José Luis, que acaba de salir por la entrada de vuelos internacionales, esto no es nuevo. Él llevaba 12 años en España y los controles de identidad eran cotidianos en su vida diaria. Cuenta que nunca pudo regular sus papeles y que el martes pasado, cuando se encontraba en un parque de Marques de Vadillo jugando con su sobrino, dos secretas de la Policía se le acercaron y le pidieron la documentación. Ya había pasado el verano pasado 33 días en el CIE de Aluche, pero esta vez le esperaba la deportación. Cuenta las vejaciones físicas y psicológicas que sufrió en centro de internamiento y se acuerda de cómo sus compañeros de celda se comían las pilas del mando a distancia para ponerse enfermos y no ser deportados. Llega con lo puesto y sin ningún teléfono a quien avisar de que ya está de regreso a su país.
José Luis llegó tarde. Hace mas de un año todavía la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) recibía todos los vuelos de deportados para darles apoyo y asesoramiento. Desde hace un año, esta Secretaría fue absorbida por la Cancillería de Ecuador. José Luis es uno más de los miles de migrantes que estuvieron trabajando en España por mas de una década años, pero, ahora que han caído las remesas por la crisis económica, ya no resulta rentable para ninguna de las "patrias" que le acogieron.
Por parte del Gobierno ecuatoriano existe un silencio tácito. Ecuador recoge en su Constitución una de las mas avanzadas leyes sobre la libre circulación de las personas, pero en la realidad este escrito no se cumple y se han realizado múltiples denuncias sobre los centros de internamiento de extranjeros en Ecuador, también llamados hoteles de internamiento.
Para Geovany Quiñónez, que lleva 14 años trabajando es España, estas cárceles para migrantes no son desconocidas. Estuvo dos veces en el CIE de Aluche y habla de lo inhumano de estos centros. Para él son una "perrera" donde recibió las "peores vejaciones que un hombre puede recibir". Pide al presidente Rafael Correa que se ponga en la piel de migrante que ha salido a buscar una vida mejor y que no sea cómplice del presidente español, Mariano Rajoy. Geovany dejó un hijo con 14 años con nacionalidad española. Y se queja de que nadie les recibió en el aeropuerto: "El Gobierno de Ecuador se olvidó de nosotros, éramos la segunda potencia de la economía del país con las remesas y, sin embargo, así nos dejan ahora tirados en la calle como perros".
El martes 8 de abril le llamaron de la comisaría de Benidorm para que actualizase sus papeles: al salir dos agentes de Policía le estaban esperando para detenerlo y llevarlo a Madrid para su deportación La actuación de la Policía española no sólo deja huellas en los CIE. Lenin Zamaniego llevaba poco tiempo en España, con su mujer española esperando un hijo suyo. Sólo le quedaba regularizar sus papeles para poder estar con ella. Se puso en manos de un abogado para legalizar su situación. El martes 8 de abril le llamaron de la comisaría de Benidorm para que actualizase sus papeles: al salir dos agentes de Policía le estaban esperando para detenerlo y llevarlo a Madrid para su deportación. Nunca se resistió, sólamente les dijo a los policías que no podía dejar a su mujer embarazada sola y que no tenía antecedentes. Según Lenin, esta acotación hizo que los policías le agredieran: "Me pegaron en el cuerpo, me cogieron el brazo y me lo doblaron, me tiraron al suelo unos siete agentes delante de todos mis panas, yo sólo les dije que no me deportaran que no podía dejar a mi mujer sola esperando un hijo".
Las palabras no sirven en esta política europea, los sentimientos tampoco. José Luis se acuerda cómo le llamaban en el CIE: 11.221. Al final eso es lo que cuenta, cifras, números para llenar las estadísticas del Frontex, de una política que mira para otro lado y sólo cuenta con las matemáticas y el silencio del poder.