"Se quedaron con un espacio protegido en el pantano de Valdecañas que es de todos"
“La sentencia deja muy claro que hay que derribarlo todo y vamos a pedir que se ejecute. Además, se deberían exigir responsabilidades políticas. PP y PSOE decidieron hacer legal lo ilegal”, explica Paca Blanco, portavoz de Ecologistas en Acción de Extremadura. Blanco se refiere al complejo urbanístico Isla Valdecañas, cuya demolición ha ordenado recientemente el Tribunal Supremo que establece “la reposición de los terrenos” a su estado original.
El Supremo ratificó en febrero las dos sentencias anteriores, de 2012 y 2011, que declaraban las obras del complejo urbanístco ilegales. Tras siete años de lucha y las denuncias de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) y Ecologistas en Acción, y, sobre todo, el empeño de la activista Paca Blanco y los abogados José María Trillo y María Ángeles López, esta sentencia es ya una de las grandes victorias de los grupos ecologistas en el Estado español.
41 millones de fianza
El 13 de enero de 2012, un auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) daba la razón a las organizaciones ecologistas y concedía la ejecución provisional de la sentencia de 9 marzo de 2011 que declaraba la nulidad del proyecto urbanístico, porque se asienta en un espacio protegido de la Red Natura 2000, es Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección Ambiental (ZEPA). Sin embargo, el TSJE solicitaba a las organizaciones ambientales denunciantes 41 millones de euros como indemnización para poder ejecutar la sentencia.
A 163 kilómetros de Madrid, entre los términos de El Gordo y Berrocalejo, en Cáceres, se encuentra el embalse de Valdecañas que recoge las aguas del río Tajo. En la cola del pantano se forma una gran isla, un espacio natural de gran belleza en el que se ha levantado la primera fase de la macrourbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas.
"Alguien que paga más de 570.000 euros no es un pobrecito. Sabían que estaban comprando algo que es ilegal" Son 133 hectáreas que se alzan sobre el embalse que cubre una extensión de unas 7.300 hectáreas, entre las sierras de Gredos y Guadalupe. La macrourbanización está diseñada para alojar a ‘selectos’ propietarios, se publicita en su página web como “el complejo de ocio más importante de Extremadura”. La web del complejo urbanístico anuncia las viviendas como: “Villas independientes, de 275 a 560 m2 construidos en parcelas de 800 m2, con magníficas vistas, junto al campo de golf y con todas las comodidades...”.
Las mansiones cuestan más de 570.000 euros y ya se ha construido la primera de las tres fases previstas. Más de 130 viviendas, algunas ya habitadas, de las 300 planeadas, uno, de los dos hoteles proyectados, con 80 habitaciones, un campo de golf de 18 hoyos, un puerto con 150 amarres y un complejo deportivo...“Ahora se dice: ‘Pobres propietarios’. Estos señores sabían bien en lo que se metían, conocían muy bien la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Alguien que paga más de 570.000 euros no es pobrecito... Sabían que estaban comprando algo que es ilegal.”, afirma Blanco.
Promesas de trabajo
En la zona, y en el pueblo de El Gordo, localidad donde vivía Paca Blanco y que tuvo que abandonar tras cinco años de acoso e incluso agresiones, ven la sentencia como una desgracia. Les prometieron puestos de trabajo. Con ése argumento se justifica la urbanización en la web: “Un complejo turístico y de ocio que supone la creación de múltiples puestos de empleo estable, con una inversión de 200 millones de euros... Nos han vendido humo. No se han creado puestos de trabajo y las personas empleadas en el hotel de lujo trabajan por horas con contratos precarios. No tenemos trabajo, seguimos siendo igual de pobres”, relata Blanco.
La prensa local extremeña repite también otro argumento: ¿cómo se va a pagar la demolición de estas casas? “Me quedo perpleja cuando escucho a la gente en Extremadura decir que ahora vamos a tener que pagar la demolición nosotros... Claro, también pagamos cuando la maquinaria pesada entra en un poblado chabolista y dejan en la calle a decenas de familias pobres o cuando los antidisturbios echan de sus casas a una familia”, señala Blanco.
"No me extraña que PP y PSOE, que modificaron la ley del suelo de Extremadura con efectos
retroactivos de cinco años, para permitir la urbanización, estén pensando recurrir a todo" Por su parte, la Junta de Extremadura ya ha anunciado que recurrirá la sentencia del Tribunal Supremo al Constitucional. “Sí, dicen que la van a recurrir, otra cosa es que el Constitucional lo admita a trámite. No me extraña que PP y PSOE, que modificaron la ley del suelo de Extremadura con efectos retroactivos de cinco años, para permitir la urbanización, estén pensando recurrir a todo... No sé si podrán modificar la Constitución también [en referencia al artículo 9.1: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”]. Nosotros hemos actuado de acuerdo a la ley. Ya denunciamos en 2007, cuando secaron el río Tajo para iniciar las obras, que aquello era ilegal. Los delincuentes son ellos”, dice Blanco.
Ahora los propietarios de las mansiones de lujo se apresuran a poner anuncios en las páginas web para tratar de vender sus residencias. Muchos han anunciado querellas contra la inmobiliaria Vertical Real que les vendió las exclusivas "villas independientes" en un entorno "con magnificas vistas".
Entre la familia Borbón y los López-Ibor
El cerebro del pelotazo urbanístico es José María Gea, enriquecido durante los años '90 con la promotora Islantilla gracias a las sucesivas urbanizaciones que llevó a cabo en toda la costa de Huelva. Después el empresario constituyó Marina Isla Valdecañas S.A. para levantar la macrourbanización con la ayuda del arquitecto Fernando Mendoza. Las viviendas se venden a través de la inmobiliaria Vertical Real State S.L., relacionada con el hijo de Pilar de Borbón, Beltrán Gómez-Acebo, sobrino del rey. El propietario de la inmobiliaria es Jaime López-Ibor Alcocer, nieto del psiquiatra franquista Juan José López-Ibor y sobrino del empresario Alberto Alcocer.
Según señaló el año pasado la promotora, un sobrino, y otros familiares del rey, han comprado casa allí, también cantantes y otros personajes de la 'alta sociedad', junto a directivos del Banco Santander, Bank of America o Telefónica, entre otros.
"No soy una loca, trasnochada y mayor que suelta tonterías, como están diciendo por ahí: que yo quiero irme al pantano a comer una tortilla de patatas...Bueno, pues también... Ellos se han quedado con un espacio precioso en el pantano de Valdecañas, donde íbamos a pescar, a pasear... y ahora lo disfrutan unos pocos”, concluye Paca Blanco.