17 muertos y 4.000 detenidos en tres meses de protestas
El regreso de Manuel Zelaya ha
endurecido fuertemente la represión
contra la resistencia. Los
datos son confusos y la labor de
las organizaciones de derechos
humanos se ha complicado aún
más con el toque de queda.
El 25 de septiembre la Misión
Internacional de Observación sobre
la situación de los Derechos Humanos
en Honduras, formada por 17 representantes
independientes de distintos
países, presentó en Madrid un
informe que recoge de manera documentada
cómo el Gobierno de facto
viola la libertad de expresión, de
comunicación o manifestación, detiene
arbitrariamente a líderes de la
resistencia y a activistas, ejecuta, tortura
e intimida, con especial ensañamiento
a las organizaciones de mujeres.
En la presentación del informe
señalaron que los últimos datos recibidos
de Tegucigalpa hablan del
traslado de detenidos a estadios, de
heridos sacados de hospitales y llevados
a centros de detención y de cómo
las ambulancias son paradas para
ser revisadas.
A la presentación del informe
asistió Reina Rivera, directora del
Centro de Investigación y Promoción
en Derechos Humanos (CIPRODEH).
Rivera afirmó que hasta
el 25 de septiembre su organización
ha documentado 17 asesinatos; diez
a través de sicarios, cuatro manifestantes
en la calle, dos dirigentes
campesinos y un maestro. “Todos
se oponían al golpe de Estado y algunos
estaban afiliados al partido
de Unificación Democrática”, comenta.
A finales de agosto ya se
contabilizaban más de 4.000 detenciones
arbitrarias, de las cuales 156
eran de menores, por violación del
toque de queda y manifestaciones
en las calles. “Algunos detenidos
también han confirmado la tortura
en los centros de detención”, afirma
la activista hondureña. “A los hombres
se les aplica fuego bajo los testículos
y a las mujeres se les introduce
el tolete (bastón policial) en
sus órganos sexuales. También se
arroja gas picante y se golpea a los
detenidos”. A finales de agosto el
número de personas lesionadas ascendía
a 300. La xenofobia es otra
práctica del Gobierno de facto. “Son
habituales las detenciones a extranjeros,
sobre todo a nicaragüenses”.
Las últimas detenciones incluyen a
dos niños de 8 y 12 años con sus padres.
Además la Fiscalía del Estado
ha declarado ilegales las manifestaciones,
por lo tanto “se aprovecha
para hacer detenciones selectivas,
realizar juicios colectivos bajo las
acusaciones de manifestaciones ilícitas,
sedición e incluso terrorismo
en algunos casos” denuncia esta activista
de los derechos humanos.
Otro derecho violado es la sindicación,
sobre todo a los grupos estatales.
Reyes confirma que al salir de
Honduras “un grupo de 120 profesores
se enfrentaban a la justicia hondureña
con un requerimiento fiscal
por invocar su derecho a la huelga”.
Los sindicatos de la empresa nacional
de energía eléctrica han sido despedidos.
En San Pedro Sula 300 personas
se han quedado sin trabajo.
“Además se han encontrado notas
de empresas privadas que obligan a
los trabajadores a participar en las
marchas de las camisetas blancas
[las de apoyo al régimen de facto]”,
afirma Reyes.