El 1 de julio se cumple el primer año de la ley de seguridad ciudadana –Ley Mordaza– y de la reforma del Código Penal. Mientras estas leyes se aprobaban sin grandes respuestas en la calle, la atención mediática y social estaba puesta en la entrada en las instituciones de distintas candidaturas políticas.
Un año después, se ha constatado esa capacidad de movilización perdida y son los partidos los que se arrogan la función de la transformación social. ¿Han logrado los partidos y la confluencia parte de lo que no han conseguido esos movimientos?
En una entrevista en La Circular, la revista de Podemos, el sociólogo César Rendueles ponía en duda la existencia misma de movimientos sociales en España. Aunque, tal como describía estos movimientos, parecería que lo que echa realmente en falta son sindicatos o las organizaciones de masas del pasado. Rendueles –y también Íñigo Errejón– tiene razón en la definición: a menudo se confunde "movimientos sociales" con "colectivos sociales", con plataformas o campañas específicas. Y sin embargo existen, en la medida en que esos movimientos se ralentizan pero no se detienen aun en fases de dificultad para la movilización social.
Incluso durante el triunfo neoliberal de los años 90 y los 2000 ese concepto un tanto difuso que llamamos "movimientos" ha obtenido victorias. La más importante, legitimar y construir éticas que permean en la sociedad y cimentan el sentido común que tan útil resulta a los partidos para presentar sus programas. El avance de las reivindicaciones feministas en la agenda de partidos e instituciones es el ejemplo más claro.
Sin el 15M, sin las marchas de la dignidad, sin las mareas verde, blanca o azul, y sin el acumulado de creación de otro discurso y otras prácticas, una apuesta como Podemos no habría nacido. Sin ese concepto abstracto que llamamos movimientos sociales hubiera sido imposible el 'asalto' de grandes ayuntamientos por parte de candidaturas surgidas de personas relacionadas con esa sociedad organizada.
El caso de la PAH es quizá la mejor señal de la capacidad de sobrevivir a las servidumbres del gobernismo. Es una organización-movimiento que ha trascendido el activismo de "clase media" que señala Rendueles, y ha conseguido resultados concretos: desde la paralización de miles de desahucios, la recuperación de decenas de bloques de los bancos, hasta inspirar leyes en dos comunidades autónomas, en definitiva, poner en el centro de la agenda política el derecho a la vivienda.
El seguimiento en tiempo real de la acción del Gobierno ha generado también conflictos entre los sindicatos de metro y el Ayuntamiento de Barcelona y la transformación radical de los desarrollos urbanísticos de Madrid por la presión de grupos ecologistas.
Tal como pasó en Argentina, Bolivia, o Ecuador, los dirigentes de Podemos han combinado un reconocimiento de su vinculación con los movimientos sociales –"somos hijos del 15M"– con una cómoda negación de interlocutores que condicionen su nueva posición hegemónica.
Antes de que los partidos y confluencias caigan en la tentación de dar por amortizadas las movilizaciones sociales que han precipitado la crisis del Régimen, debemos recuperar una vez más la vieja idea de que sólo una sociedad movilizada puede forzar que se caigan las mordazas y se lleve a cabo una verdadera transformación de nuestras condiciones de vida.