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La mayoría de ellos trabajaba en Creta desde hacía años, antes de que la crisis internacional arrastrase a Grecia al borde del colapso económico. Fue entonces cuando la presión del Estado sobre los migrantes sin papeles se multiplicó.
El miedo a ser detenidos, encerrados en centros de internamiento para extranjeros y finalmente expulsados, consiguió que los migrantes levantaran la cabeza, miraran a su alrededor y se uniesen con un objetivo común: papeles para todos.
El 25 de enero entraron en el antiguo edificio de la Facultad de Derecho de Atenas, vacío desde 2009, y anunciaron que comenzaban una huelga de hambre. Desde ese momento, la mayor parte de los medios de comunicación griegos cerraron filas en torno a las palabras pronunciadas por el ministro de Interior, Michalis Chrysohoidis “Son ilegales y no tienen derechos. Han puesto en un peligro inconcebible la vida política y social de Grecia. Si quisiéramos podríamos aplastarles”.
Después de abandonar la Facultad de Derecho el 28 de enero, bajo la amenaza de ser expulsados por la policía, los huelguistas se trasladaron a un edificio, cedido por unas semanas, en el centro de la ciudad. Allí permanecen en la actualidad con la intención, según sus propias palabras, de llegar hasta las últimas consecuencias para conseguir su principal reivindicación; la regularización de los cerca de 300.000 migrantes sin papeles que viven en Grecia: “No vamos a dejar esta huelga de hambre nos pase lo que nos pase a nosotros, a nuestra salud o a nuestra vida. O salimos de esto como seres humanos dignos con la cabeza alta y con garantías de que vamos a vivir legalmente y con derechos o, si no, no tenemos razones para seguir viviendo”.
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