Organizaciones feministas se están movilizando contra la celebración en Valencia del IV Congreso Internacional de SAP y Custodia Compartida, a finales de marzo.
inforelacionada
- Foto: Santi_Carnieri.
Según afirman en su web sus organizadores,
la Asociación de Padres
Separados SOS Papá, el IV Congreso
Internacional de SAP y Custodia
Compartida que se va a celebrar a finales
de marzo en Valencia es “de interés
científico y sanitario” ya que
tiene por objetivo abordar tanto el
Síndrome de Alienación Parental
(SAP) como la custodia compartida
“desde un enfoque estrictamente sanitario,
es decir, un trastorno de salud
mental y también jurídico con la
ley de custodia compartida”.
El supuesto síndrome SAP fue
descrito en los ‘80 por Richard
Gardner, un psiquiatra estadounidense
que se suicidó acosado por
acusaciones de pederastia. Lo definió
como “un trastorno infantil que
surge casi exclusivamente en el contexto
de disputas por la custodia de
los niños”, trastorno que podía llevar
a éstos a acusar falsamente a uno de
sus progenitores. Desde entonces, el
SAP es esgrimido por algunos padres,
sobre todo cuando hay denuncias
de violencia de género o, incluso,
de abusos sexuales, para explicar
el rechazo de sus hijos a estar con
ellos. Como este trastorno –cuyo
nombre original fue “síndrome de la
madre maliciosa”– culpa a la madre
de las reacciones del niño, sus defensores
propugnan dejar al menor bajo
la custodia del acusado de abuso para
contrarrestar dicha manipulación.
“Fraude pseudo científico”
El problema, denuncian organizaciones
sociales y de mujeres así como
del mundo de la psicología y la
judicatura, es que no sólo el SAP no
ha sido reconocido como trastorno
sino que numerosos profesionales lo
tachan de “peligroso fraude pseudocientífico”.
Ni la Organización Mundial
de la Salud, ni la Asociación
Americana de Psiquiatría, instituciones
de referencia internacional, reconocen
el carácter y la base científica
del SAP, y rechazan que pueda
utilizarse como entidad clínica
de objeto de diagnóstico. En el
Estado español, incluso el Consejo
General del Poder Judicial ha rechazado
su validez. Para el médico
forense Miguel Lorente Acosta,
que fue Delegado del Gobierno
para la Violencia de Género, el
SAP es un “neomito”, una forma
de “explicar los acontecimientos
de forma coherente con lo que ha
sido la posición histórica del patriarcado
y los roles atribuidos a
cada uno de los progenitores”.
Violencia contra la mujer
Paloma Marín, magistrada del juzgado
de lo penal nº 36 de Madrid, especializado
en violencia de género, en
unas declaraciones a los medios de
comunicación alertaba del obstáculo
que el SAP supone a la hora de aplicar
la Ley Integral de Violencia de
Género. La magistrada aludía al peligro
de que los jueces recurran a este
supuesto síndrome en resoluciones
judiciales y que, de esta forma, den
por hecho su existencia. Fátima Urzanqui,
psicóloga y experta en violencia
de género, coincide con la juez
e identifica la defensa del SAP como
“una nueva forma de violencia de género,
porque utiliza a los niños como
arma contra lasmujeres”.
La relación entre SAP y violencia
de género se refuerza por la trayectoria
de algunos de los ponentes del
Congreso. Así, entre sus participantes
destacan Francisco Serrano, juez
de Familia de Sevilla y presidente de
la Plataforma Ciudadana por la
Igualdad, que el pasado octubre fue
condenado a dos años de inhabilitación
por el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía por “prevaricación
culposa” (no intencionada) por haber
modificado el régimen de visitas
de un menor para garantizar su salida
en una procesión de la Semana
Santa sevillana. Este juez, que se ha
hecho famoso por sus invectivas
contra la Ley de Violencia deGénero
– “se está enquistando una intolerable
dictadura de género”, dijo– afirmó
también que dicha ley “provoca
paro”.
Por su parte los organizadores
del Congreso afirman en su web que
“durante las separaciones, el 100%
de los padres son víctimas de violencia
de género, y como reacción a la
misma, algunos de estos padres recurren
a autodefenderse de un modo
también violento”. Este argumento
no choca tanto si se tiene en cuenta
que Julio Bronchal, fundador y
primer presidente de SOS Papá y ponente
del encuentro, fue acusado de
maltrato hacia su ex mujer y fue condenado
a cuatro años de cárcel por
secuestrar a su hijo lactante, al que
retuvo más de tres años.
Apoyo del gobierno valenciano
La asociación Custodia en Positivo,
en una acción para recoger firmas
en internet contra este encuentro,
afirma que “entre los ponentes se encuentran
personajes que se dedican
a hacer negocio cobrando cantidades
astronómicas por la elaboración
de informes forenses claramente
orientados a apartar sistemáticamente
a los menores de la figura materna,
elaborando sus diagnósticos y
afirmaciones sobre la madre sin haber
tenido contacto alguno con ella
como sujeto de estudio y haciéndose
valer del inexistente SAP”.
Desde hace semanas diversas entidades,
asociaciones, y grupos feministas
y pro-derechos de los niños y
niñas, tanto del País Valencià como
del resto del Estado, están movilizándose
para mostrar su rechazo a este
evento. Critican también el apoyo
que la Consellería de Gobernación
valenciana está dando a la celebración
del IV Congreso. Apoyo que se
explicitaba aún más a mediados de
marzo al declarar la Conselleria de
Sanitat este encuentro “de interés sanitario”.
Según sus organizadores,
en su apertura estarán presentes “autoridades
de la Generalitat Valenciana”
a las que agradecen “su inestimable
apoyo”. Entre los ponentes
hay una diputada del PP por Valencia
en el Congreso de los Diputados,
Susana Camarero. No en vano,
según SOS Papá, la Generalitat
Valenciana “es protagonista de un
hito histórico a través de la aprobación
de la ley de custodia compartida,
pionera en España”.
Pero el SAP genera un grave problema
de ocultación de hechos que
no se investigan. Para Urzanqui “hay
un factor ideológico. Chocamos con
el tabú universal: el incesto y los abusos.
Los jueces no lo quieren ver ni
saben cómo afrontarlo y por eso les
es más asumible que una mujer
mienta y manipule a su hija o hijo
que el que haya un posible incesto”.
EFECTO EN LA VIDA DE UNA ADOLESCENTE
Amparándose en el SAP, «se cometen desatinos de tal gravedad que el problema al final es quién le pone el cascabel al gato», sostiene Fátima Urzanqui. Como ejemplo, esta psicóloga cita el caso de una adolescente de casi 15 años residente en Tres Cantos (Madrid), que tiene que ser entregada a su padre tras haber decidido una juez de Colmenar Viejo el cambio de guarda y custodia en base a los informes emitidos por los servicios sociales y el equipo psicosocial adscrito al juzgado.
Pese a que la joven refiere haber sufrido maltrato y negligencia por parte del padre, ya que se ha resistido físicamente a irse con él en varias ocasiones, ni el fiscal, que debe velar por los intereses de la menor, ni la jueza que ha dictado el cambio de custodia han considerado necesario escucharla.
Los servicios sociales no la han visto desde hace dos años. Actualmente, la madre ha sido condenada, además de a pagar diez mil euros de costas de juicio, a tener que abandonar el domicilio conyugal y entregárselo al padre para que éste pueda ejercer la custodia en él. Mientras, la menor, que sigue con la madre y se niega a irse con su padre, viaja diariamente desde Madrid a Tres Cantos para seguir asistiendo a clase en su instituto.
La adolescente ha pedido a sus amigas que, en caso de presentarse la policía y llevársela para entregársela al padre, avisen a su madre.
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