El espectáculo debe seguir
El PP propone la cadena perpetua ‘revisable’

Para el autor, activista y profesor de derecho penal en la Universidad de A Coruña,
la propuesta de condena a perpetuidad busca satisfacer pulsiones de venganza.

07/06/10 · 10:39
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Hace algunas semanas, el
PP demandaba la implantación
de la cadena
perpetua “revisable”. No
es una propuesta novedosa. Sus
ecos resuenan al menos desde que
los subproductos de casquería mediática
decidieron convertir los hechos
más morbosos de la crónica
negra en armas prioritarias en la
pugna por el rating de audiencia.

En línea de principio, no parece
una propuesta muy juiciosa. Seguro
que sus portavoces no desconocen
que sería probablemente inconstitucional,
por afrentar al postulado
de reinserción y por vulnerar la
proscripción de las penas o tratos
inhumanos o degradantes (algo ya
afirmado por el Tribunal Constitucional
alemán en 1977, e insinuado
más recientemente por su homólogo
hispano). O que los sistemas punitivos
que la contemplan tienen en
la práctica límites máximos de cumplimiento
inferiores al vigente en el
reino de España. O que ya existe
materialmente la prisión perpetua
en el sistema penal español, con las
reglas de 40 años de cumplimiento
efectivo, que en la práctica es aún
mayor para no menos de 300 reclusos.
O que nuestro sistema punitivo
presenta las duraciones medias de
cumplimiento más largas de la UE,
con la excepción de Portugal y Rumanía.
O que un entorno penitenciario
sin expectativas de excarcelación
es difícilmente gestionable.

En la medida en que cabe suponer
que el PP conoce todo esto, entonces
¿la prisión perpetua, para
qué? Una respuesta posible es que
podría servir para realizar algún sedicente
principio de justicia, pero
en ese caso habría que preguntarse
de qué postulado se trata, sobre todo
si se repara en que sus proponentes
suelen compartir la idea de
que existe una civilización occidental,
que es distinta y –en lo que hace
al caso– superior a otras supuestas
civilizaciones. Desechada esta explicación,
la prisión perpetua podría
servir, en su caso, para evitar la
excarcelación de penados por delitos
graves que sigan siendo peligrosos.
Pero este argumento no resiste su confrontación con la realidad: en
los hechos más graves –que se supone
que serían los destinatarios de esta
sanción– la tasa de reincidencia es
tendente a cero.

La respuesta sería, entonces, que
la prisión perpetua debe implantarse
para satisfacer las demandas populares
de severidad vindicativa del
castigo. Si así fuese, y admitiendo
que ello tenga algún sentido en un
contexto democrático, cabría tomar
en consideración dos cautelas. La
primera es que esas demandas son
expresión tanática de ansiedades colectivas,
de modo que se autoperpetúan
de forma permanente, sin que
las medidas legislativas tengan capacidad
alguna para incidir sobre
ellas. La segunda es que, acogiendo
ese punto de vista, quizás lo más
acertado sería seguir el planteamiento
de UPyD, que, en un ejercicio no
muy en consonancia con su supuesta
identidad de centro-izquierda, ha
sugerido desconectar la prisión perpetua
de la peligrosidad del infractor
y del carácter grave del delito (¿para
qué serviría la propuesta si finalmente
se evidencia que el caso Marta del
Castillo no es sino un homicidio imprudente?),
y reservarla para los hechos
que causen “gran alarma social”.

Esto resulta más coherente o,
al menos, coloca la propuesta en el
único plano de racionalidad que podría
sustentarla. Al final, “esto es entretenimiento”.

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