“Ha llegado el momento de tomar la
decisión de suprimir la publicidad en
RTVE”. El viernes 8 de mayo Mª
Teresa Fernández de la Vega anunciaba
con esas palabras el proyecto
de ley que eliminará la publicidad de
TVE. Esta medida podría suponer un
traspaso de 600 millones de euros, la
recaudación de TVE en publicidad, a
las televisiones comerciales. La nueva
fórmula para financiar los 1.200
millones que cuesta RTVE será: 550
millones de los Presupuestos Generales
del Estado; 280 de un nuevo impuesto
del 0,9% sobre el negocio de
los operadores de telecomunicaciones;
250 del canon por el uso del espacio
radioeléctrico y 120 de una
nueva tasa del 3% sobre los ingresos
de las televisiones comerciales.

Los grandes grupos de comunicación
llevaban tiempo reclamando un
plan de salvación público equivalente
al aplicado a la banca. La vicepresidenta
De la Vega no ha parado, con
prisa y sin pausa, de conceder favores.
El primero fue la promesa de aumentar
el presupuesto de publicidad
institucional para todo tipo de medios
al tiempo que creaba una mesa
junto a UTECA (la patronal de las televisiones
comerciales) para discutir
la esperada Ley General Audiovisual
(LGA). Además, desde febrero, el
Gobierno permite las fusiones de canales
con un límite del 27% de cuota
de pantalla. Hasta entonces, ninguna
entidad con participación en una cadena
televisión podía superar el 5%
en otra compañía del sector.
El conjunto de concesiones del
Gobierno se enmarca en una política
iniciada en octubre tras la reunión
mantenida entre Zapatero e
Ignacio de Polanco (Prisa), Diego
de Alcázar (Vocento-ABC), José Manuel
Lara (Planeta, La Razón, Antena
3 y Onda Cero), Jaume Roures
(Mediapro, Público, La Sexta), Javier
de Godó (La Vanguardia), Antonio
Fernández-Galiano (El Mundo)
y Javier Moll (grupo Moll). El
contenido de esa reunión, filtrado
por la web El Confidencial, se puede
resumir en esta frase, atribuida al presidente del Gobierno: “España necesita que los
medios no fomenten la alarma entre
los ciudadanos en un intento por
vender más periódicos”.

EL LÍO DE LA TDT DE PAGO

La mayoría de los decodificadores
que se han comprado,
integrados en el receptor de
televisión o externos, no valen
para los contenidos de pago.
En total, son 16 millones.
Ahora es cuando se hace
notorio que estos decodificadores
son zappers (sólo permiten
cambiar de canal). Ni
están preparados para recibir
la señal en Alta Definición
(HD), ni para la interactividad.
Si alguien quiere comprar un
televisor que permita todo esto
todavía no hay ninguno en
el mercado, ni decodificador
externo. Se han vendido millones
de decodificadores sin las
tres condiciones necesarias
para hacer un uso completo
de la tecnología: alta definición,
interactividad y posibilidad
de pago por visión.

El Pay Per View se pasa a la TDT

ADRIÁN CRESPO

El 8 de abril el Ministerio
de Industria hizo
público un comunicado
en el que anunciaba la
puesta en marcha de la
TDT de pago. A la vez,
garantizaba la existencia
de un único decodificador,
el acceso abierto a
los eventos deportivos
de interés general y vaticinaba
una mayor calidad
de los contenidos.
Nadie pone en duda los
beneficios para los operadores
de televisión,
que cuentan así con una
nueva fuente de financiación
que les vendrá
como agua de mayo.
Aunque existe un gran
acuerdo para que se
apruebe la TDT de pago
porque permitirá el
cobro por fútbol o cine,
por ejemplo. Algunas
cadenas ven la ventaja
comparativa que tiene
Mediapro con los derechos
del fútbol. Por otro
lado, la medida resulta
contradictoria con el
espíritu que impulsa la
implantación de la TDT:
la gratuidad. Otro problema
que tiene el
gobierno es que aunque
el ministro de
Industria haya garantizado
que va a haber un
decodificador único, el
asunto sigue estando
en el aire.
Aquí el problema es
que la plataforma ONO
amenaza con impugnar
las licencias si se
aprueba este servicio
porque “las condiciones
han cambiado” desde
que se resolvió el concurso
público.

La fusión como tabla de salvación

ADRIÁN CRESPO

Ninguna de las cuatro operadoras
privadas se salva de
una caída en el último trimestre.
De hecho, Prisa ha
tenido en el último año un
descenso en sus beneficios
del 88,4%. Ante la expectativa
de un 2009 crítico, Sebastián
anunció en febrero
un decreto que permite las
fusiones de cadenas, siempre
que las audiencias de las
candidatas no superen el
27% en el momento de la
operación. Teniendo en
cuenta este requisito y que
en ningún caso puede haber
menos de tres cadenas privadas,
las fusiones posibles
se reducen. Por su share,
Telecinco y Antena3 no pueden
intentarlo juntas y La
Sexta es la mejor situada de
las pequeñas, por lo que resuenan
los ecos de las conversaciones
entre Mediapro y
una de las dos grandes. El
secretario general de la
Federación de Sindicatos de
Periodistas advirtió que pese
a que estas fusiones “pueden
ayudar a sanear las cuentas,
tendrán efectos paralelos negativos
para el empleo de la
profesión periodística y la pluralidad
informativa”. Como
ventaja añadida, la nueva Ley
del Audiovisual prevé autorizar
con límites la venta y
arrendamiento de las licencias
de televisión otorgadas,
que tiene el problema de permitir,
por dinero, cambiar los
proyectos que cumplirían con
los criterios públicos.

Ver también:

La chapuza continuada de Zapatero. Por J. M. Martín Médem, periodista, ex trabajador de RTVE y autor del libro La agonía de TVE

Una gestión plagada de pifias. Por Carlos Estévez, periodista y ex
director de RTVE Digital

Para saber más:

LLega la TDT:nuevos canales para los dueños de siempre

Preocupación por la caída de los ingresos por publicidad