Las ‘políticas de pacificación’ en Perú

Perú vivió un conflicto armado
iniciado en 1980 que se prolongó
durante la década de los ‘90,
y cuyo impacto se sintió en todo
el país y significó un elevado
coste humano. Como resume
Edgardo Rodríguez Gómez, abogado
peruano que ha trabajado
en diversas organizaciones de
derechos humanos de su país,
los ‘90 se caracterizaron por una
crisis extrema de la estrategia
político militar ofensiva llevada a
cabo por los grupos alzados –con la captura de miembros de

11/02/10 · 0:04

Perú vivió un conflicto armado
iniciado en 1980 que se prolongó
durante la década de los ‘90,
y cuyo impacto se sintió en todo
el país y significó un elevado
coste humano. Como resume
Edgardo Rodríguez Gómez, abogado
peruano que ha trabajado
en diversas organizaciones de
derechos humanos de su país,
los ‘90 se caracterizaron por una
crisis extrema de la estrategia
político militar ofensiva llevada a
cabo por los grupos alzados –con la captura de miembros de
la directiva del Partido Comunista
de Perú Sendero Luminoso, en
1992, que se tradujo en un notorio
declive de las acciones armadas–
y acciones de contraofensiva
cada vez más brutales de las
fuerzas de seguridad estatales.

Tras el golpe de Fujimori, también
en 1992, “el Gobierno endureció
la denominada legislación
antiterrorista y estableció un
marco legal de justicia sumaria y
militarizada, y mantuvo las zonas
de emergencia. Esto se tradujo
en detenciones arbitrarias, la
generalización de la tortura, la
violación de las garantías al debido
proceso y condenas masivas
indiscriminadas a penas de prisión
prolongadas”, explica Rodríguez.

La muestra más patente de
dicha política fue la implantación
para procesos por terrorismo y
traición a la patria de “jueces sin
rostro”, funcionarios judiciales
que dirigían audiencias y leían
sentencias escondiéndose bajo
pasamontañas. “Así, en los ‘90,
según Rodríguez, la política de
pacificación consistió en mantener
en prisión a la mayor cantidad
posible de personas acusadas
de terrorismo bajo
condiciones extremas, en penales
de máxima seguridad”. También
actuaron grupos paramilitares
que contaron con la
protección de la cúpula militar y
del Gobierno. Tras la caída del
régimen fujimorista, ya en el
nuevo siglo, se emprendieron
medidas para revisar las dos
décadas de conflicto armado
interno, una Comisión de la Verdad
y Reconciliación fue creada
con el encargo de investigar
durante dos años las graves violaciones
de derechos. Su trabajo
permitió conocer a fondo la
actuación de los actores del conflicto,
sacando a la luz y contribuyendo
a la judicialización de abusos.
Pero aclara Rodríguez: “El
cargo de vicepresidente que
ostenta el ex oficial de la Marina
de Guerra de Perú, almirante Luis
Giampietri, protagonista de uno
de los sucesos claves en la historia
del conflicto, como fue la
matanza de presos en la isla de
El Frontón en 1986, en el primer
Gobierno de Alan García, ha significado
enormes retrocesos en
el proceso de esclarecimiento”.

Bajo dicho Gobierno Perú se convirtió,
en la segunda mitad de los
‘80, en el país con en el mayor
número de desapariciones forzadas
de todo el mundo. Actualmente,
en tres años del segundo
Gobierno de García se han producido
101 muertos civiles –entre ellos cuatro niños, campesinos,
mujeres– a manos de la
policía, la mayoría durante protestas,
y muchos de ellos con
disparos en la cabeza.

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