STOP PATOLOGIZACIÓN. Manifestación en Madrid / Foto: Diego González

El Gobierno vasco ha aprobado un
proyecto de Ley de Reconocimiento
de las Personas Transexuales en el
que se incluyen diversas medidas
genéricas en torno al ámbito laboral,
así como medidas más concretas
en materia sanitaria o de cambio
registral de la mención de sexo en
documentos oficiales. Con un comienzo
en el que abundan las apelaciones
a la diversidad de vivencias
del género, el texto legal sólo atribuye
derechos a las personas transexuales,
mientras que no aparece
ninguna mención a la problemática
o necesidades del colectivo de personas
transgénero.

Entre las medidas laborales sólo
aparece el compromiso “de no discriminar
por motivos de identidad de
género”, así como el compromiso no
detallado de “aplicar medidas de acción
positiva para favorecer el empleo
de las personas transexuales”.

El elemento central del proyecto
de ley se sitúa en la documentación
transitoria que la administración vasca
otorgaría a aquellas personas
transexuales que manifiesten una
“disonancia estable y persistente entre
el sexo biológico y la identidad de
género sentida como propia durante
al menos seis meses”. Con esta documentación
provisional se pretende
“evitar situaciones que puedan dar
lugar a sufrimiento o discriminación”
por parte de este colectivo, aunque
sólo sería válido en situaciones en las que
no sea necesario presentar el DNI,
como algunos pagos en bancos o listas
públicas de alumnos.

Las personas trans
vascas se seguirán
sometiendo al protocolo
establecido por la Ley
de Identidad de Género

A pesar de que la consejera de
asuntos sociales, Gemma Zabaleta,
ha pretendido calificar la ley como
“un paso más hacia su no consideración
como enfermas”, las personas
trans vascas tendrán que seguir sometiéndose
al protocolo establecido
por la Ley de Identidad de Género,
aprobada también por el PSOE, y en
la que se encuentra la obligatoriedad
de contar con un certificado de
disforia de género. Este certificado
ha sido duramente criticado por colectivos
trans no oficialistas ya que
considera las identidades trans como
enfermedades mentales.

Asimismo, estos mismos colectivos
califican como “incoherente” que
el proyecto de ley vasca desee que
“la persona transexual participe en
la formulación de los tratamientos
que le afecten” cuando es obligatorio
un plazo de hormonación mínimo de
dos años. Hay que recordar que en
2007 el PNV presentó una propuesta
de eliminación de este requisito que
fue rechazada por el PSOE y colectivos
oficialistas como la Federación
Estatal FELGTB.

Aunque el término “despatologización”
aparece abundantemente en
la exposición de motivos del proyecto
de ley, diversas activistas de la Red
Internacional por la Despatologización
Trans han denunciado que “el
proceso sigue siendo patologizador”
y que han sido “completamente excluidas”
de la redacción del texto.
Por su parte, Mar Cambrollé, coordinadora
del área de Transexualidad
de la FELGTB anima al resto de administraciones
autonómicas a que
“sigan el ejemplo del Gobierno vasco
en la lucha contra la transfobia”.