SOLIDARIDAD. Lanzamiento Popular de tartazos en Iruñea el pasado 31 de diciembre. Foto: Ekinkik

La acción tuvo lugar durante una sesión
extraordinaria del consejo de la
Comunidad de Trabajo de los Pirineos
(CTP), ente supraestatal donde
se agrupan comunidades y regiones
de ambos lados de la frontera (Principado
de Andorra, Comunidad Autónoma
Vasca, Navarra, Aragón,
Cataluña y las regiones francesas de
Aquitania, Midi Pyrénées y Languedoc
Roussillon). En este consejo la
vara de mando iba a pasar, para un
periodo de dos años, de la comunidad
de Midi Pyrénées a la de Navarra,
representada por su presidenta,
Yolanda Barcina. Además, el tema
principal de unas jornadas de trabajo
que también celebraba el CTP había
sido el TAV y las conexiones
transpirenaicas.

En la acción participaron ocho
personas del movimiento contra el
TAV Mugitu!, que contaron con el
apoyo de activistas del colectivo occitano
Libertat. Cuando Martin Malvy,
presidente de la región de Midi
Pyrénées y anfitrión del evento, estaba
hablando, cuatro activistas interrumpieron
el acto y mientras uno
de ellos explicaba, en francés, los
motivos de la acción, otros tres
miembros de Mugitu! le lanzaban
tres tartazos a Yolanda Barcina.

Como explicaron los propios activistas,
era la representante de mayor
rango de las instituciones vascas (los
responsables de la CAV no asistieron
a este consejo) que están impulsando,
pese a una amplia oposición
popular, tanto el corredor navarro
del TAV como la llamada Y vasca.
Se formó un gran revuelo pero
“para nuestra sorpresa, se limitaron
a empujarnos como a cinco metros,
no hubo nadie, ni personal de seguridad
ni policía que nos sacara. Salimos
por nuestro propio pie de la sala
y organizamos una rueda de prensa
improvisada en la entrada del edificio
a la que acudieron varios periodistas.
Fue sorprendente, porque
pensábamos que igual nos detendrían,
de hecho habíamos contactado
con un abogado de Occitania que nos
iba a representar, pero no hizo falta”,
explica uno de los activistas.

La sorpresa
vino después, cuando al día siguiente,
al volver a Navarra, a los tres
lanzadores de las tartas les estaban
esperando en sus casas agentes de la
Policía Foral de paisano que los registraron
y detuvieron. Posteriormente
quedaron en libertad provisional
con medidas cautelares acusados
de un delito de “atentado a la autoridad”.
Los activistas en ningún momento
intentaron ocultarse, de hecho
habían anunciado su intención
de ofrecer una rueda de prensa explicando
los motivos de la acción.

Ante la Audiencia Nacional

“Desde el primer momento ya nos
dijeron que la instrucción del caso la
iba a realizar la Audiencia Nacional,
lo que nos sorprendió, porque en
aquel momento ignorábamos que se
pudiera dar esta posibilidad”. Es cierto
que la Ley Orgánica del Poder
Judicial establece que si una persona
de nacionalidad española atenta contra
otra persona de la misma nacionalidad
fuera del Estado español, y
en ese otro territorio no se abre ningún
tipo de investigación, el caso pasa
automáticamente a la Audiencia
Nacional. “Pero aquí hay muchas dudas,
es una situación de total opacidad.
Por un lado, sabemos que el sr.
Malvy cursó una denuncia telefónica
nada más terminar el acto. Por otro
lado, también sabemos que la Fiscalía
del Tribunal de Gran Instancia de
Toulouse ha cursado una denuncia.
Incluso llamaron a declarar a activistas
del colectivo Libertat, pero no se
abrió ningún tipo de diligencias contra
estas personas. Pensábamos
que se iba a abrir procedimiento en
contra nuestra y sabemos que en
Francia, propinar un tartazo está catalogado
como falta, que en muchos
casos ni siquiera ha tenido repercusión
legal, y que en caso de haberla,
se solventa con una multa”.

El lanzamiento de tartas contra figuras
relevantes es un tipo de protesta
que no se considera delito en
Europa, a diferencia de lo que ocurre
en el Estado español. Aquí, el juez de
la Audiencia Nacional Santiago Pedraz,
tras recibir una denuncia de la
Policía Foral, abrió diligencias contra
Julio Villanueva, Gorka Ovejero e
Ibon García, los tres ‘tartalaris’.
Pedraz interrogó en noviembre a
Barcina, quien declaró que las tartas
le hicieron “daño” debido a “la dureza
del merengue francés”. A los tres
activistas les ha impuesto medidas
cautelares como la entrega del pasaporte,
la prohibición de abandonar el
Estado español y la obligatoriedad
de presentarse en el juzgado a firmar
todas las semanas.

“Nos encontramos con que, por
una acción que allí no tuvo ningún tipo
de repercusión, (ni siquiera se nos
identificó), tenemos un sumario
abierto nada menos que en la Audiencia
Nacional y, como posteriormente
se confirmó cuando fuimos a
declarar, se nos acusa de atentado a
la autoridad con una petición fiscal
que, aunque no sea la definitiva, hoy
por hoy es de entre cuatro y nueve
años de cárcel” resume el activista.

Denuncian presiones

“Porque a tres personas nos piden
entre cuatro y seis años de cárcel,
pero al cuarto participante en la acción
–Gorka–, le piden nueve años
por ostentar un cargo público, ya que
es teniente de alcalde de Arruazu,
pequeño pueblo de la Sakana de
unos cien habitantes. Han considerado
agravante que sea un cargo
electo, porque le acusan de haberse
valido de éste para poder realizar la
acción” añade el ‘tartalari’.

Tanto Yolanda Barcina como la
Policía Foral afirman haber actuado
de oficio “pero esto hubiese tenido
lógica si en el país donde se da la acción
no se abre ninguna investigación,
y sabemos que esto no ha sido
así. Entonces, ¿por qué no avanza la
denuncia en Francia, siendo el tribunal
natural en este caso? sospechamos
que aquí, posiblemente haya
habido más de una presión” sostiene
el activista. “Lo ubicamos en la
tradicional colaboración franco-española
en materia policial, si no, no
tiene otra explicación. Ambos tribunales
son incompatibles, si el
procedimiento hubiese avanzado en
Toulouse, eso hubiese invalidado
cualquier iniciativa aquí”.
Un vez concluya el sumario, los activistas
contra el TAV se enfrentarán
a un juicio en la Audiencia Nacional.