El 13 de noviembre, fueron encontrados
en Ciudad Juárez los cadáveres
semidesnudos de dos mujeres
jóvenes en medio de un terreno
baldío. Horas antes había aparecido
en una calle el cuerpo acribillado
a balazos de otra mujer. Con estas
son ya 119 mujeres asesinadas
en lo que va de 2009 en esta localidad
fronteriza de más de 1,5 millones
de habitantes y 17 parques
industriales, que concentra el 57%
del empleo de todo el Estado de
Chihuahua. Así, desde Nuestras
Hijas de Regreso a Casa, organización
que agrupa a familiares y
amigos de las víctimas y lucha por
acabar con la impunidad y los crímenes,
se calcula que desde 1993
ha habido alrededor de 800 mujeres
victimadas.

En marzo de 2008 comenzó el desembarco
militar en Ciudad Juárez.
Unos 5.000 militares se instalaron
en la ciudad para, supuestamente,
combatir el narcotráfico en el marco
de la Operación Conjunta
Chihuahua ordenada por el Gabinete
de Seguridad Nacional. “En la
ofensiva anticrimen los efectivos
militares y policías federales contarán
con el apoyo de la Fuerza Aérea
Mexicana que aportará seis helicópteros,
así como dos aviones”, aseguró
el Gobierno. Pero los crímenes y
la impunidad han continuado.

El 25 de mayo de 2009, varias
mujeres miembros de Nuestras
Hijas de Regreso a Casa recibieron
un mensaje de correo electrónico
en el que las acusaban de beneficiarse
de la película Bordertown
que aborda los feminicidios en Ciudad
Juárez y que acababa de estrenarse
en la ciudad. Además de insultarlas
en términos muy ofensivos,
el mensaje les instaba a abandonar
la ciudad y amenazaba, en
especial a dos de las fundadoras de
la asociación, con que sus hijas serían
torturadas. “No se descuiden
porke pronto tendran notisias desagradadbles
[sic.]”.

En septiembre, en una decisión
muy criticada, el presidente Felipe
Calderón designó a Arturo Chávez
Chávez como fiscal general del
Estado, aun habiendo éste reconocido
sus errores y negligencias al
frente de la fiscalía del Estado de
Chihuahua a finales de los ‘90. Durante
su gestión, Chávez creó la
Fiscalía Especializada de Investigación
de Homicidios de Mujeres,
organismo que se ocupaba directamente
de la investigación y esclarecimiento
de los casos de feminicidio.
Chávez afirmaba haber resuelto
65 de los 93 crímenes registrados
durante su mandato, aunque las familias
no están de acuerdo y acusan
de numerosas irregularidades
al fiscal, entre otras de ‘fabricar’ culpables.
Para la periodista Lydia
Cacho, este nombramiento era “lo
que nos faltaba: el rey de la impunidad
del feminicidio y de las casi
2.000 desapariciones en Chihuahua,
designado como encargado de
la Fiscalía general del país” y recordaba
que “Chávez aparece como
sospechoso en denuncias formales
por desapariciones forzadas ”. Chávez,
en sus tiempos de procurador
de Chihuahua recomendó a las mujeres
de Ciudad Juárez que no usaran
minifalda y llegó a afirmar que
“las violan y las matan por prostitutas”.
Los colectivos de mujeres mexicanos
organizaron entonces una
marcha de protesta hacia la capital,
pero en vano.

En la actualidad el Ejercito impone
orden y terror en Ciudad Juárez.
Las posibles violaciones de derechos
humanos cometidas no son
juzgadas por la vía civil, caen al fuero
militar donde se disipan en pro
de una supuesta guerra que, según
las autoridades, están ganando a
los narcos. En un mundo real, esa
guerra, con sus mensajes cruzados
en forma de más y más asesinatos,
se salda con numerosas bajas civiles
cada día que pasa. La balacera
está en cada esquina y los controles
militares también en una ciudad
que crece descontrolada.

En 2009, tras más de un año de
despliegue del Ejército, ya son 2.000
las personas asesinadas en Ciudad
Juárez. Muchas de ellas mujeres
aunque las cifras son vagas y bailan
de una fuente a otra porque el criterio
a veces es confuso. Así, en México
una muerte a manos de un esposo
a veces no es considerado asesinato.
Además algunas de las mujeres
desaparecidas son halladas
con vida, aterrorizadas y relatando
unas experiencias tan vejatorias
que abandonan la ciudad.

A mediados de octubre una noticia
conmovió Juárez y a la comunidad
internacional: Perla Pérez
Thayne, la activista que luchó por
el esclarecimiento de los feminicidios,
había sido encontrada decapitada,
una semana después de
que uno de sus hijos fuera asesinado.
Según la prensa, el asesino
habría sido su marido tras una supuesta
infidelidad. Dos días después,
la propia Perla emitía un comunicado
aclarando que estaba
viva y que no tiene esposo. Informaba
que, pocos días antes, su casa
y la de su hermana habían sido
registradas por el Ejército y que
durante el operativo temió por su
vida. Además denunció que la noticia
difundida sobre su supuesto
asesinato era una velada amenaza.
En un clima de extrema violencia,
de guerra encubierta justo a
diez minutos del Estado norteamericano
de Texas, los feminicidios
continúan siendo una constante
y la violencia de género un
asunto totalmente despolitizado
y relativizado. La vida humana
ha quedado relegada al más bajo
valor, y más abajo todavía está la
vida de una mujer pobre.

La Corte Interamericana
condena a México

A. CHALMETA
La Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH)
ha condenado al Estado
mexicano por el homicidio
de tres mujeres en Ciudad
Juárez, según informa la
agencia Pulsar. Si bien la
sentencia no fue comunicada
oficialmente, los abogados
de las víctimas confirmaron
que el 17 y 18 de
noviembre la CIHD analizó
los casos y emitió el fallo.
Se trata de los asesinatos
de Esmeralda, Claudia y
Brenda, tres de las ocho
mujeres encontradas sin
vida el 6 y 7 de noviembre
de 2001 en un campo algodonero.
Los abogados
documentaron que las autoridades
no realizaron ninguna
investigación en estas
tres muertes. Estos casos
se han constituido como
emblemáticos por los altos
grados de implicación criminal
de agentes del Estado
y por la cadena de complicidades
que hacen evidente
la responsabilidad
del Estado en la impunidad
de los hechos. La resolución
de la CIDH es la primera
por feminicidio donde
se plantean violaciones a
la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres. Por este
motivo, la sentencia tiene
un impacto importante no
sólo en los casos de Ciudad
Juárez, sino en el país
y la región americana,
pues establece el primer
antecedente de interpretación
sobre esta violencia
contra las mujeres.