Las penas multa son sanciones económicas
(que pueden ir de dos a
400 euros por día de condena) para
pequeños delitos o faltas. Pero si la
persona condenada no paga, la
multa se convierte en cárcel, arresto
domiciliario o la realización de
trabajos para la comunidad. Esta
modalidad de penas fue incorporada
al arsenal judicial con la reforma
del Código Penal de 1995. Su principal justificación es que
esta nueva sanción respetaba la supuesta
función resocializadora de
la cárcel al sustituir las penas privativas
de libertad por otro tipo de
castigos.

Según Emma Roig, de la
Assemblea contra les Penes Multa,
“ya entonces había mucha población
reclusa con condenas inferiores
a dos años. Consideraban que
encarcelar por ese período rompe
los vínculos sociales pero no tiene
función reinsertora. Se buscó reducir
el número de reclusos y aumentar
los ingresos del Estado”. Por su
parte, Iñaki Rivera, director del Observatorio
del Sistema Penal y los
DD HH de la Universitat de Barcelona,
considera las penas multa un
“sistema de criminalización de la
pobreza. No son alternativa a la
cárcel, sino que contribuyen a su
existencia y supervivencia”.

En 1999 la Fiscalía General del
Estado instó a “suavizar” su régimen
de cumplimiento para impedir
que se asimilaran a la prisión.
Pero cinco años más tarde, este
mismo organismo rechazó que se
examinara a fondo la situación económica
de la persona condenada y
recomendó imponer la cuota mínima
sólo en casos de indigencia o
miseria. Además, la reforma penal
de 1995 había eliminado la figura
de la insolvencia económica y había
abierto la puerta a embargar todos
los bienes a quien no pagara
una sanción hasta dejarle como recursos
sólo el equivalente al salario
mínimo interprofesional. El resultado,
según Rivera, es que “cumple
menos pena quien más paga, no
quien menos delinque”.

Según Roig, actualmente las penas
multa recaen sobre una población
muy diversa: “Por ejemplo, en
la cárcel Modelo de Barcelona hay
condenados por no pagar multas
por beber en la calle o no pasar un
control de alcoholemia. En un contexto
de crisis como el actual entra
más gente porque hay menos recursos
para pagar, pero es difícil
saber el volumen total”. En 2008,
en Catalunya 11.000 personas
cumplieron penas de trabajo en beneficio
de la comunidad en sustitución
del pago de penas multa.

“No pagar las multas”

Estos castigos también han marcado
la agenda antirrepresiva de
los movimientos sociales en la última
década. Dos militantes de
CNT y un activista contra el Plan
Caufec de Esplugues de Llobregat
han sido condenados por una falta
de desobediencia y encarcelados
por no pagar la multa. Sólo en
Catalunya hay ocho casos con condena
firme y más de 20 en espera
de juicio. Según Roig, “todos se
plantean la desobediencia. Nuestra
campaña es por la insumisión pero
no es una condición irrenunciable
ni un alegato a entrar en la cárcel.
El objetivo es informar, darse apoyo
mutuo y herramientas –existe
un Manual de Insolvencia– para
evitar la pena”.

L’Assemblea, que
propugna no pagar estas multas,
(alespenespunyalades.blogspot.com) reúne sectores y casos tan dispares
como los de condenas por
usurpación (okupación) o sabotear
el toro de Osborne. Roig remacha
que esta plataforma intenta “centrar
el foco en afrontar conjuntamente
la represión del Estado y
superar los prejuicios, no en las diferentes
identidades políticas”.