Desde el 16 de noviembre El Patio Maravillas
enfrenta una orden de desalojo en firme y sin
posibilidad de recurso. Pese a ello, el centro no cesa
en su actividad, y promete una resistencia digna.
El 1 de julio de 2007 un antiguo colegio
abandonado en el barrio de
Maravillas, en Madrid, era okupado
temporalmente por la red activista
Rompamos el Silencio. Ocho días
después, el edificio pasaba a ser gestionado
por un grupo de personas
cercanas a esta red. Surgía así el
Espacio Polivalente Autogestionado
El Patio Maravillas. “El proyecto había
nacido un año antes, cuando
gentes procedentes del entorno de
la Asociación Cultural Ladinamo y
de la Facultad de Ciencias Políticas
reflexionamos sobre la necesidad
de crear espacios radicalmente públicos
y abiertos”, asegura Crowbar,
miembro del centro social. Desde
un principio, tres fueron los ejes que
conformaron la apuesta: fronteras,
precariedad y cultura libre. A partir
de ellos, y durante los más de dos
años de okupación, El Patio Maravillas
ha logrado convertirse en
un actor social reconocido tanto por
los medios de comunicación corporativos,
como por las instituciones,
aunque para Crowbar “la legitimidad
política que ha adquirido El
Patio se debe a que las gentes que
habitan esta ciudad le han dado un
sentido a la propuesta primigenia,
que era un simple boceto de lo que
finalmente ha tenido lugar”. Durante
todo este tiempo El Patio Maravillas
ha albergado multitud de
eventos y actividades, desde el Foro
Social Mundial o las jornadas de
apoyo al diario vasco Egunkaria,
hasta diversos encuentros de Economía
Social y Solidaria. No obstante,
para Nuria, activista del Patio,
“los eventos de construcción política
más interesantes son aquéllos que
responden a un proceso y en los que
hay una mayor implicación propia,
como sucedió en los casos del
Hackmeeting [reunión libre que gira
en torno a las nuevas tecnologías]
o el encuentro estatal de Oficinas de
Derechos Sociales”. En todo este
tiempo, El Patio ha sido una infraestructura
al servicio de los movimientos
sociales de la más diversa índole
pero, en palabras de Crowbar, “además
ha sido un lugar para el conflicto,
no sólo con las administraciones
públicas sino también con algunos
sectores de los movimientos sociales
que han visto en El Patio un enemigo
político debido a su propuesta
provocativa alejada de lo ‘identitario’.
Esto no significa que nosotros
hagamos un análisis recíproco hacia
ellos. Entendemos que las diferencias
son la potencia de todo movimiento
social”, concluye.
- INTENTO DE DESALOJO. El pasado 22 de enero cientos de personas impidieron el desalojo del centro social. Jose Alfonso / ISOPRESS
Frente al desalojo
En noviembre, pese a todos los esfuerzos
desplegados desde la asamblea
de El Patio Maravillas, se dictó,
finalmente, una orden de desalojo
contra la que no cabe recurso. Esta
orden judicial –en firme– podría ser
ejecutada en cualquier momento y
sin previo aviso (al cierre de esta edición
el edificio permanecía okupado).
“Después de las autoinculpaciones,
los recursos ante la Audiencia
Provincial de Madrid o la petición
de expropiación del inmueble,
afrontamos el desalojo con dignidad.
Vamos a plantear la defensa del
espacio desde la resistencia, la desobediencia
y la no-violencia”, afirma
Crowbar. Ante la pregunta de si
el inminente desalojo podría acabar
con el proyecto, tanto Nuria como
Crowbar se muestran tajantes: “Habrá
Patio después del Patio. Pero no
queremos seguir una progresión ordinal,
queremos una progresión exponencial,
hacer del próximo espacio
una iniciativa más potente. Los
motivos que nos hicieron poner en
marcha El Patio Maravillas giraban
en torno a experimentar formas
nuevas y complejas de expresión y
organización común, y esos motivos
siguen hoy más vigentes, si cabe”.
HOLANDA CRIMINALIZA LA OKUPACIÓN
S. P. (MADRID)
Hasta tres años de prisión
por okupar inmuebles vacíos.
Éstas son las duras
penas que prevé la futura
ley ‘anti-okupación’ que previsiblemente
entrará en
vigor en Holanda en 2010.
La ley fue aprobada el pasado
mes de octubre por la
Cámara Baja del Parlamento
holandés a propuesta de
la coalición gubernamental
ChristenUnie y CDA (democristianos),
con el apoyo de
los liberales del VVD y los
votos de la extrema derecha
populista PVV. La nueva ley,
que aún está pendiente de
ser aprobada por la Cámara
Alta del Parlamento, considera
que okupar es un delito
contra el derecho a la
propiedad que podrá ser
penado con años de cárcel.
Para impedir su aprobación
definitiva, diversos grupos
sociales holandeses han
emprendido una campaña
informativa y organizado distintas
acciones en busca de
apoyo en contra de la
nueva ley. Estos esfuerzos
han tenido sus efectos, a
pesar de la dura represión
del Gobierno, cristalizada el
pasado mes de octubre
cuando más de un centenar
de activistas fueron detenidos
por la policía mientras
protestaban frente al edificio
de la Cámara Baja, lugar
en el que ese mismo día se
estaba llevando a cabo la
primera de las votaciones.
Entre los apoyos más destacados
en contra de la polémica
ley se encuentran los
mostrados por las alcaldías
de las ciudades más grandes
del país, como Ámsterdam,
Rótterdam, Utrecht y
La Haya; el Woonbond, la
unión holandesa de arrendatarios;
la Unión de Ciudades
Holandesas; así como
distintos artistas, diseñadores
e instituciones culturales
de prestigio.
Sólo en la década de los ‘70
el Gobierno holandés había
intentado antes prohibir la
okupación. Según Vera, activista
holandesa, “en esos
días, al igual que ahora, el
partido democristiano quiso
detener las okupaciones,
pero el Raad van Kerken
(Consejo de Iglesias Holandés)
–organización que aglutina
a la mayor parte de las
religiones cristianas– se
mostró en contra de la ley, lo
que obligó a los democristianos
a desmarcarse de dicho
proyecto”. Ahora, algunas
agrupaciones locales del
Raad van Kerken han trasladado
a la dirección del Consejo
sus preocupaciones
ante la inminente aprobación.
“Quizás eso detenga al
partido democristiano”, concluye
Vera sin demasiada
convicción.
Holanda cuenta hoy con
entre 100 y 150 edificios
okupados, que de ser aprobada
está ley correrán peligro
inminente de desalojo,
acabando así con la tradición
holandesa de no considerar
ilegal –hasta el
momento– la okupación de
un inmueble abandonado
durante 365 días.
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