CUATRO LÍDERES NAZIS ABSUELTOS POR EL SUPREMO
Pasos atrás en la lucha contra los delitos de odio

La absolución de los responsables de lo que fueron los
órganos más importantes de difusión neonazi, pone de
relieve las deficiencias de la legislación española.

29/06/11 · 8:00
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La difusión de material propagandístico
nazi, “por muy rechazable que
pueda ser esta ideología”, no constituye
una “incitación indirecta” al genocidio,
ni supone “la creación de un
clima de opinión o de sentimientos
que den lugar a un peligro cierto de
comisión de actos concretos de discriminación,
odio o violencia”. Este
es uno de los argumentos de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo para
absolver a cuatro neonazis que habían
sido condenados en 2009 por la
Audiencia Provincial de Barcelona.
Se trata de los responsables de la,
ahora desaparecida, librería Kalki,
de Ediciones Nueva República
(ENR) y del Centro de Estudios Indoeuropeos
(CEI), tres de los máximos
órganos difusores del revisionismo
filonazi en el Estado español.

Estaban encabezados por relevantes
personajes como el histórico de CEDADE,
Ramón Bau, o el líder del partido
Movimiento Social Republicano
(MSR), Juan Antonio Llopart.

Incitación al genocidio

La sección décima de la Audiencia
de Barcelona los había condenado
–por los delitos de difusión de ideas
genocidas, contra los derechos fundamentales
y las libertades públicas
y por asociación ilícita– a penas de
tres años y medio de prisión y dos
años y medio, respectivamente. El
tribunal había considerado probado
que en la primera mitad de 2003, los
condenados vendieron, a través de la
librería y de su página web, todo tipo
de publicaciones en las que se justificaba
y exaltaba el régimen nazi y se
incitaba al genocidio de los judíos.

Su actual absolución por el Supremo
pone de manifiesto, a juicio de
diferentes organizaciones sociales,
las insuficiencias jurídicas de la legislación
española en materia de racismo
y xenofobia. En la sentencia,
difundida el 3 de junio, los cuatro jueces
del alto tribunal –su quinto miembro
mantuvo un voto discrepante–
realizaron una interpretación restrictiva
del articulo 510 del Código
Penal. La clave está en el concepto
de ‘provocación’ recogido en dicho
artículo, que lleva implícito que la actuación
provocadora haya generado
como consecuencia otra acción. El
Supremo sostiene que la difusión de
ideas que justifican el genocidio nazi
solo sería delictiva cuando suponga
una incitación indirecta a ejecutarlas
y cuando la difusión “implique un peligro
cierto de generar un clima de
hostilidad”. La sentencia provocó duras
criticas, incluso dentro del mismo
tribunal. El voto particular del
magistrado discrepante, resaltaba
que “quizá, si se espera a que los destinatarios
pasen a la acción, el derecho
penal habrá llegado muy tarde”.

Críticas de diferentes sectores

Para Isaac Querub, presidente de la
Federación de Comunidades Judías,
organismo que formó parte de la acusación
popular en el juicio contra los
propagandistas neonazis, “esta sentencia
es un paso atrás, inquietante
para el conjunto de la sociedad. La
Constitución dice que la libertad de
expresión no es un derecho absoluto,
tiene sus limitaciones, que son otros
derechos fundamentales como la dignidad
y la igualdad. Sólo pedimos
sentido común a los que tengan que
aplicar las leyes y que la sociedad sea
consciente de la necesidad de no olvidar
para evitar la barbarie”. Críticas
que comparte Demetrio Gómez, promotor
de Ververipen Rroms por la
Diversidad: “No puedo comprender
como la famosa Ley de Partidos no
se aplica con rigor contra agrupaciones
que son en su esencia antidemocráticas.
Justificar el Holocausto es
una falta de respeto hacia todas las
personas que fueron asesinadas y a
todos sus descendientes”.

Por su parte, Esteban Ibarra, presidente
del Movimiento Contra la
Intolerancia, considera que “los neonazis
pasan a ser conscientes de la
posible impunidad de determinadas
actuaciones por la vulnerabilidad
de nuestro Código Penal y la
interpretación formalista y reducida
que hace el Supremo. Algo que
ya empezaron a intuir con la absolución
parcial de Pedro Varela en el juicio
a la Librería Europa. A partir de
aquí imaginemos zonas de impunidad
donde se pueda incitar al odio
sin consecuencias”.

El propio Fiscal de Delitos de
Odio y Discriminación de Barcelona,
Miguel Ángel Aguilar, se mostró
muy crítico. En un comunicado
difundido a las pocas horas de conocerse
la sentencia, afirmaba que
“si bien constituye, por el momento,
una resolución judicial aislada
sin valor jurisprudencial, entorpece
y dificulta la persecución de los delitos
cuya motivación se basa en el
odio y el desprecio hacia las personas”.
Y basa “su firme discrepancia”
en la interpretación que realiza
el Supremo de los “delitos de provocación
al odio y de difusión de
ideas que justifican el genocidio,
que clamorosamente se aparta de
las previsiones establecidas en los
tratados internacionales ratificados
por España, de la doctrina del
Constitucional y del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos”.

Inicio de una campaña estatal

El Consejo Europeo aprobó en 2008
una Decisión Marco que establecía y
emplazaba a todos los países de la
UE a adecuar su legislación penal
contemplando no sólo la provocación,
sino también la incitación –no
es necesario que la difusión genere
consecuencias–. Es por esto que numerosas
asociaciones han reclamado
esa reforma pendiente del Código
Penal que incorpore como delito
también la incitación y evite la impunidad
de los propagadores del odio.

Tras la decisión del Supremo, diversas
organizaciones contra el racismo
y el fascismo anunciaron el inicio de
una campaña a nivel estatal para acabar
con espacios de impunidad
mediante reformas legislativas, la
creación de instrumentos eficaces en
la persecución de estos crímenes con
las fiscalías contra los delitos de odio
y discriminación, así como la ilegalidad
de los partidos racistas y organizaciones
neonazis.

Ibarra, uno de los impulsores, explica
que “la campaña que se va a iniciar
debe contar con todas las sensibilidades
democráticas y de lucha
frente al racismo, el fascismo y sus
nuevas expresiones. Los políticos deberían,
urgentemente, proceder a reformar
el Código Penal, además de
cambiar su discurso banalizador y
su actitud de escaso compromiso”.
Para Querub, “la unidad de acción es
necesaria, no sólo de las minorías, sino
del conjunto de la sociedad”.

Amparo Sánchez, presidenta del
Centro Cultural Islámico de Valencia
remacha: “Cuando no se castiga contundentemente
el discurso del odio,
se incrementa la inseguridad, la indefensión
y la desconfianza. Debemos
hacer un frente común con el
resto de la sociedad sensibilizada”.

Ratificada la ilegalización de
la asociación Blood & Honour

El 9 de junio, pocos
días después de absolver
a cuatro de los
mayores propagandistas
españoles del
nazismo, el Supremo
ratificaba la ilegalización
de la sección
española de la organización
neonazi internacional
Blood & Honour
(B&H). El fallo del alto
tribunal mantiene punto
por punto la sentencia
dictada en junio de
2010 por la Sección
3ª de la Audiencia Provincial
de Madrid que
condenaba a 15 de
los 18 integrantes de
la «asociación cultural»
B&H España, creada
en 1999, a penas que
oscilan entre uno y tres
años y seis meses de
prisión por un delito de
asociación ilícita. El
Movimiento Contra La
Intolerancia, que se
personó como acusación
popular en el juicio
contra B&H, valoró,
por boca de su presidente
Esteban Ibarra,
que el Supremo, «en
este caso», aplicó el
artículo 515 del Código
Penal. Este artículo,
que aborda las asociaciones
ilícitas, considera
punibles las agrupaciones
que
«promuevan e inciten
al odio, la discriminación
y la violencia por
motivos racistas y de
intolerancia». Según
Ibarra, a diferencia del
artículo 510, el 515 sí
está «congruentemente
redactado».

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