Foto: David Fernández

El Gobierno ha modificado vía Real
 Decreto el sistema de elección de
 los cargos de responsabilidad en la
 corporación pública de radiotelevisión para poder imponer sus candidatos sin necesidad de consensuar
 nombres con la oposición. La elección del presidente y los miembros
del Consejo de Administración de
Radio Televisión Española (RTVE)
ya no necesitará una mayoría de
 dos tercios en el Parlamento. Desde
ULEPICC, asociación de docentes e
investigadores de la comunicación,
 aseguran que se ha producido una
regubernamentalización de los canales públicos. Advierten de que
 con la reforma introducida el pasado 20 de abril “se retrocede al modelo de radiotelevisión pública anterior, en el que la independencia y
 neutralidad del organismo se hacía
 muy difícil, cuando no imposible,
 especialmente en los informativos”.

Teresa Aranguren, vocal en el
 Consejo de Administración de RTVE
 a propuesta de IU y actualmente presidenta rotatoria del ente, cree que
 con el modelo que salió de la reforma de 2006 “lo que se consigue es
poner en marcha una RTVE que por
primera vez consigue mantener los
 criterios de independencia profesional, es decir, que ya no es de partido
 ni de gobierno, es un medio público
sujeto a control del Parlamento, que
 empieza a funcionar claramente sin
 ser la correa de trasmisión de los intereses del gobierno del turno”.
 Para Aranguren, “esto ha sido el
 gran valor de estos años y lo que los
ciudadanos han valorado, por las
 altas audiencias y también porque
 era un valor democrático a defender”. La modificación legislativa
también elimina la presencia de los
 sindicatos en el Consejo de
Administración de RTVE, reduciendo el número de asientos en el consejo de 12 a nueve miembros.

Los recortes llegan a RTVE

A esta reforma hay que añadirle los
 recortes presupuestarios. Según la
presidenta de RTVE, el recorte de
204 millones de euros decretado por
el Ejecutivo “está afectando sustancialmente a la programación de
 TVE” y ya ha provocado “una caída
significativa” de audiencia que amenaza con convertirla en “una televisión pública de carácter testimonial”.
 Aranguren revela que sólo le quedan
 27,2 millones para gastar en programas, una vez descontadas las cifras
 comprometidas para cine americano (41 millones), cine español (3,4
millones), espacios de TVE (1,7 millones) y derechos deportivos (170,3
millones), “lo que deja a la corporación en clara indefensión, sobre
todo de cara al entretenimiento”, indica. Además, fuentes sindicales temen que llegue otro Expediente de
Regulación de Empleo que sea más
 duro que el de 2008, cuando el
 Ejecutivo de Zapatero mandó a más
de 4.000 trabajadores de RTVE a una
jubilación anticipada. Los medios
 públicos, según Aranguren, “están
 en grave peligro no sólo por el
 Decreto Ley, en este marco de acoso
 y derribo a lo público que está en
 el aire de la crisis, RTVE está
 señalada”. Para José Manuel Martín
 Medem, profesional de larga trayectoria en el ente público, los recortes
son intolerables porque “el punto de
 partida debe ser considerar la información como un servicio público al
 mismo nivel que la sanidad y la educación. Sin una información concebida como servicio público, no hay
 una democracia de calidad”.

Para Aranguren, los informativos
no tendrían que cambiar de orientación con el cambio de gobierno,
 puesto que deben “mantener el estilo e independencia de la información bien hecha”. Sin embargo, se
 han podido apreciar cambios de
 estilo en algunas informaciones
emitidas en el telediario. En concreto, en la pieza sobre la manifestación atea de Madrid, de apenas un
minuto, se dedicaron 17 segundos
 de la locución a explicar someramente en qué consistía la protesta
 y 30 a loar la actividad social de la
 organización religiosa Cáritas.
La defensora del espectador, tras
 ser interpelada por el bloguero
Teleoperador, consiguió las explicaciones de Asun Gómez Bueno, directora del canal 24h, y no tienen
 desperdicio. “Reconocemos que fue
 un exceso de celo del editor, que de
alguna manera dejó que sus creencias y admiración por la labor de
Cáritas interfiriera en su trabajo. Asumimos que fue un
error y que la información sobre el
 trabajo de Cáritas no tenía lugar en
esa pieza”. No ha sido el único caso.

El periodista Jenaro Castro, en su
 día mano derecha de Urdaci, presentador y director del Semanal 24
Horas, hablaba del “escaso seguimiento” del 1 de mayo. En la pantalla aparecían imágenes de varios sindicalistas. Sobre las imágenes, la locución que explicaba que en las protestas participaron sindicalistas “que
cobran 180.000 euros como delegados en Bankia y que defendieron la
 educación pública, a pesar de llevar
 a sus hijos a un colegio privado”.
 Para Medem, este nuevo modelo
 en RTVE supone una “pérdida de
credibilidad de cara a la sociedad. Al
 reducir el presupuesto limitas su
 capacidad de producción y la audiencia se va a trasvasar a la privada. Lo
más importante, que es la información, se ve lastrada por el control gubernamental, así asfixias política
 y económicamente el modelo de televisión pública”. Para Medem, esta polémica no existiría si el Gobierno
de Zapatero hubiera cumplido su
promesa de constituir el Consejo
Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), incluido en la Ley General de la
Comunicación Audiovisual (LGCA).
 Según la ley, es competencia del CEMA “garantizar la independencia e
imparcialidad del sector público estatal de radio y televisión”.