“Que este tribunal prevenga el crimen
del silencio”. Con esta frase,
Bertrand Russell, premio Nobel de
Literatura, definía el espíritu y el
objetivo del Tribunal Internacional
de Crímenes de Guerra constituido
en 1966 para investigar crímenes
cometidos por Estados Unidos en
Vietnam y juzgarlos de acuerdo con
la legislación internacional.

Cuarenta años después, el Tribunal
Russell ha despertado de
nuevo a raíz del llamamiento de
Ken Coates, presidente de la Fundación
Bertrand Russell, Nurit Peled,
israelí premio Sajárov por la libertad
de expresión, y Leila Shahid,
delegada de Palestina en la
Unión Europea (UE), con el objetivo
de investigar las violaciones del
derecho internacional de las que es
víctima la población palestina y que
le impide tener un Estado propio.

Este tribunal cuenta con el apoyo
de personalidades como José Saramago,
el cineasta Ken Loach, Eduardo
Galeano o Noam Chomsky, y entre
los miembros del jurado están la
premio Nobel de la Paz Mairead
Corrigan-Maguire, que fundó el Movimiento
por la Paz en Irlanda del
Norte, o el ex ministro del Gobierno
sudafricano de origen judío Ronald
Kasrils, que luchó contra el apartheid
mano a mano con Nelson Mandela.
Después de cuatro décadas,
son otros los intelectuales, los testigos
y los juristas que se preguntan
esta vez si la UE está anteponiendo
sus intereses económicos con Israel
al sufrimiento de los palestinos.

Un jurado, testigos y un veredicto.
La única diferencia con un
tribunal convencional es que sus
conclusiones no tienen validez jurídica,
pero sirven para remover conciencias,
exigir a los Estados que
cumplan con su función y escuchar
a los ciudadanos. Actúa como un
tribunal del pueblo que se enfrenta
a las injusticias y violaciones del
derecho internacional que no se
han juzgado o que, aun siendo reconocidas,
continúan bajo completa
impunidad debido a la falta de
voluntad política de la comunidad
internacional.

En 2010, la sociedad civil sigue
los pasos de Russell. Durante tres
días se ha demostrado que este tribunal
de conciencia vuelve a ser
más necesario que nunca porque,
como dijo Francis Wurtz, ex diputado
del Parlamento Europeo en su
intervención ante el Tribunal, “corremos
el peligro de hacernos inmunes
a lo inaceptable”.

La primera sesión internacional,
organizada por la coordinadora de
entidades Amb Palestina al Cor en
el Ilustre Colegio de Abogados sesión
de Barcelona, se realizó bajo
la presidencia de honor de Stéphane
Hessel, embajador francés.
Sus manos ayudaron a redactar la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, y a sus 92 años
inauguraba el Tribunal con estas
palabras: “Nosotros, amigos, actuamos
en nombre del derecho de
cada individuo, de cada ciudadano
del mundo. Por eso presionaremos
a las instituciones internacionales
para forzar a sus Estados a adoptar
las medidas necesarias para
aplicar sanciones a quien viola los
tratados internacionales y hacer
progresar la paz”.

Tres sillas vacías

Tres sillas permanecieron vacías de
forma simbólica durante los tres días
de juicio recordando la ausencia de
la UE y sus Estados miembros, cuya
complicidad en la violación del derecho
internacional en Israel y
Palestina examinó el jurado. Pierre
Galand, miembro del comité organizador
y ex senador belga, anunció
el recibimiento de una respuesta del
ministro de Asuntos Exteriores alemán
interesándose por lo que pasara
estos días y otra del presidente de
la Comisión Europea, Durão Barroso,
interesado por el trabajo realizado.
El resto de países de la UE y la
propia UE se han mostrado reticentes
a presentar sus argumentos sobre
las cuestiones que se han abordado
en esta primera sesión.

Pierre Galand quiso remarcar varias
veces que el Tribunal no quiere
ser “un ataque”, sino una manera de movilizar a la opinión pública,
con la esperanza de que, como en
los casos de la guerra de Vietnam,
de las dictaduras en Latinoamérica
y del apartheid en Sudáfrica, la sociedad
civil pueda forzar a los Estados
a cumplir con el respeto al derecho
humanitario internacional.

Discurso contra acción

La Corte Internacional de Justicia
dictaminó en 2004 la ilegalidad del
Muro de la Vergüenza construido
por Israel en Palestina. A continuación,
Naciones Unidas aprobó que
sus Estados miembros no harían nada
que ayudara a la construcción ni
reconocerían la situación ilegal que
lo genera, además de garantizar el
derecho de autodeterminación del
pueblo palestino. Sin embargo, esos
países se han limitado a emitir condenas,
pero han permitido a Israel
seguir con su política de confiscaciones
e implantación de colonias
ilegales en los Territorios Ocupados.

Nueve expertos y 11 testigos
aportaron argumentos al jurado sobre
la responsabilidad de la UE en
las violaciones del derecho humanitario
internacional por parte del
Gobierno de Israel. Las siete sesiones
celebradas en Barcelona trataron
seis cuestiones muy concretas:
el derecho a la autodeterminación
del pueblo palestino; el bloqueo de
Gaza y la Operación Plomo Fundido;
las colonias de asentamiento y
el saqueo de los recursos naturales,
la anexión de Jerusalén Este; la
construcción del Muro en los Territorios
Palestinos Ocupados y el
Acuerdo de asociación entre la
Unión Europea e Israel.

Violación de derechos

Para analizar estos seis tópicos se
tuvieron en cuenta las grandes convenciones
internacionales firmadas
por Israel y por el conjunto de países
miembros de la Unión Europea,
se identificaron todas las carencias
en la implementación del derecho
internacional y se condenaron todas
las partes responsables de estas
deficiencias ante la mirada de la
opinión pública internacional.

El 3 de marzo, cuatro miembros
del jurado leyeron las conclusiones:
20 páginas donde constatan
que Israel sigue violando el derecho
internacional en perjuicio del
pueblo palestino (crimen de apartheid,
la ilegalidad del Muro y la
violación del derecho a la libre determinación)
y que describen los
puntos débiles de la UE instándola
a tomar medidas comerciales, diplomáticas
y culturales que custodien
el respeto a los derechos humanos
[ver recuadro].

Estas conclusiones servirán para
reestructurar las próximas sesiones
del tribunal, que tendrán lugar
en Londres (octubre de 2010),
Nueva York y Sudáfrica. Se han
presentado ya al Parlamento catalán
y en los próximos días se presentarán
al Gobierno español, a la
Unión Europea y, finalmente, a las
Naciones Unidas.

Luisa Morgantini acusa a la Unión Europea

Por Johari Gautier Carmona

En una sesión del Tribunal,
la ex vicepresidenta de la
Unión Europea Luisa Morgantini
culpó a la UE de ser
no sólo responsable de la
construcción del muro en
los Territorios Ocupados
palestinos, sino también de
ser uno de sus mayores
cómplices.

Desde 1980, año en que
Europa reconoció el derecho
del pueblo palestino a la
independencia, la UE ha
adoptado un perfil bajo con
respecto a los acontecimientos
que asolan el
Medio Oriente. “La UE sabe
muy bien cuáles son las
políticas de Israel pero no
establece fórmulas de presión”,
declaró Luisa Morgantini,
haciendo referencia a
chantajes y abusos. Más
adelante describió la división
que existe dentro del
aparato político europeo,
insistiendo en que la Corte
Suprema europea reconoce
los abusos cometidos en
Palestina y, sin embargo,
esta posición no se traduce
en decisiones políticas.

Lo más llamativo según
Morgantini es que, pese a la
posición claramente condenatoria
de La Haya sobre el
muro, la UE se ha limitado a
emitir escuetos llamamientos
a la concordia y, más
contradictorio todavía, ha
intensificado sus relaciones
bilaterales con Israel hasta
darle un título de socio privilegiado.
“Existen fórmulas
para presionar a Israel”,
expresó Morgantini. Una de
las más comentadas durante
el tribunal es la suspensión
o cancelación de la
asociación económica con
Israel que, desde el año
2000, permite estrechar las
relaciones entre las distintas
partes.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: LA UE, CÓMPLICE DE ISRAEL

Por Johari Gautier Carmona

Tras tres días de testimonios y
reflexiones en los que han
intervenido expertos y testigos,
el Tribunal Russell ha hecho
público su primer veredicto. El
jurado ha acusado formalmente
a la UE de colaborar en las
violaciones del derecho internacional
cometidas por Israel.

La intervención de la premio
Nobel de la Paz irlandesa,
Mairead Corrigan-Maguire,
puso de relieve la violación de
Israel del derecho de Palestina
a expresar su libre determinación,
pero también subrayó
los incumplimientos de las
resoluciones del Consejo de
Seguridad de la ONU respecto
a los territorios invadidos en
1967. El impedimento a los
palestinos de acceder a sus
recursos vitales y la construcción
de un muro son otros
incumplimientos a la normativa
de libre movimiento que
Mairead denunció.

Por su parte, la presidenta del
jurado, Gisèle Halimi, subrayó
la impunidad de un crimen
cometido en el más absoluto
silencio y explicó que ciertas
reglas de la comunidad internacional
obligan a la UE a
reaccionar. También citó la
carta de las Naciones Unidas
para recordar que todo Estado
tiene que hacer prevalecer el
respeto de los derechos
humanos y las libertades.

Ronald Kasrils, líder antiapartheid
y ex ministro sudafricano,
se encargó de la lectura
del veredicto y defendió la
necesidad de establecer claras
directrices en la relación
de la UE con Israel para evitar
la impunidad de las últimas
décadas. Estas directrices
engloban medidas comerciales,
diplomáticas y culturales
que tienen por objetivo velar
por el respeto de las normas
fundamentales de los derechos
humanos. El llamamiento
al respeto de las normas
también hizo hincapié en la
sistemática discriminación
hacia la población palestina
al cerrar las fronteras de Gaza
y limitar sus movimientos.

Por su lado, el magistrado
español del Tribunal Supremo
José Antonio Martín Pallín consideró
que aunque la sentencia
no sea vinculante, su peso
moral es importante y que sus
efectos pueden ser notables
en la opinión pública.

Este tribunal popular se cerró
con un vibrante mensaje de
Stéphane Hessel, embajador
francés y corredactor de la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos: “Esto
sólo es una primera etapa,
nos falta mucho camino. Es
esencial actuar ahí donde los
derechos civiles son violados”.