La comparación entre los más de
20 millones de personas que, según
la Encuesta de Población Activa
(EPA), estaban ocupados a finales
de 2008, y los 19,11 millones que
cotizaban a tiempo completo a la
Tesorería Pública en diciembre de
ese mismo año, supone que casi un
millón de personas están empleadas
en la economía sumergida. Más
de cuatro millones de parados,
500.000 familias con todos sus
miembros en paro y sin recibir subsidio
alguno, y un 30% de contratos
temporales, el doble que en la zona
euro, son el caldo de cultivo ideal
para que los sótanos de la economía
española no paren de crecer.
“A mucha gente que tenía un sueldo
aceptable, al caer en el paro, en
una situación que cada vez se asemeja
más a la exclusión social, no
les ha quedado más remedio que
recurrir al mercado negro del trabajo”,
afirma José Luis Carretero,
profesor de Formación y Orientación
Laboral.

No obstante, la crisis también ha
servido para reforzar viejas relaciones
laborales que, en la frontera de
lo legal, precarizan hasta el extremo
la situación de muchos trabajadores
que sólo así han podido evitar
pasarse al lado informal de la economía.
En esa línea, el Estado español
se ha convertido en el gran mercado
de becarios europeo, en un
contexto en el que se ha alcanzado
un 34% de paro juvenil. Con jornadas
similares a las de sus compañeros
contratados, el becario no cotiza
a la Seguridad Social, no tiene
derecho a paro ni, en muchas ocasiones,
puede estar trabajando en
otro lugar, pues se le exige exclusividad
con salarios que oscilan entre
los 300 y 600 euros. Además,
aunque una vez finalizados los estudios
universitarios la ley contempla este
tipo de contratación por un máximo
de cuatro años, es habitual dejar
asignaturas para alargar la vida
de becario por períodos aún mayores.

En sectores como la prensa, algunas
empresas cuentan con plantillas
con un 70% de becarios. “Si
comparamos esta situación con la de
otros países de la UE, donde todos
los representantes del colectivo de
becarios están incluidos en los regímenes
laborales, se hace patente
que en España la figura del becario
está sujeta a la precariedad e inestabilidad
laboral”, afirman desde la
asociación de becarios investigadores,
D-Recerca, un sector en el que
varias asociaciones llevan más de
cinco años exigiendo que aunque
se encuentren en período de formación
han de ser considerados como
trabajadores.

Según la Asociación de Trabajadores
Autónomos, como consecuencia
de la crisis económica un
8% de cotizantes en régimen de autónomos
se han pasado a la economía
informal al ser incapaces de hacer
frente a sus obligaciones con la
Tesorería Pública. No obstante, dicho
fenómeno no ha impedido que
sean muchos los trabajadores por
cuenta ajena que, aun trabajando
para un único empleador, se han
visto obligados a cotizar en régimen
de autónomos. “La última reforma
del Estatuto del Trabajador Autónomo
hace una diferenciación entre
el trabajador autónomo y el trabajador
autónomo dependiente, definiendo
a éste último como aquel
que realiza más de un 75% de su
trabajo con la misma empresa”,
confirma Carretero. Dicho método
supone que ese trabajador, que en
realidad trabaja para un único empleador,
se vea privado de una serie
de derechos propios del empleado
por cuenta ajena, a pesar de estar
realizando la misma labor que éste.
“Lo que pasa es que estamos moviéndonos
en lo que se llama las zonas
grises del derecho del trabajo.

Está claro que esa persona tiene
una clarísima dependencia de esa
empresa, pero carece de vacaciones
pagadas y, al ser autónomo, se le
contrata para un servicio concreto,
y cuando se acaba ese trabajo, pues
se va y no le indemnizan. La pérdida
de derechos y el beneficio para
la empresa es evidente”, continúa el
profesor Carretero.

Estas formas de contratación en
el límite de lo legal ponen en duda
qué es aquello que realmente puede
ser considerado economía sumergida.
“Hay determinados sectores de
la economía, como la construcción
o la limpieza, donde los procesos de
descentralización productiva, con
privatización y subcontratación, impiden
conocer quién es tu empresario
y, en consecuencia, aboca a una
pérdida de derechos laborales”,
concluye José Luis Carretero.