“Esto es un caso cerrado y para los próximos 25 años”, declaraba Ángel Sáez, alcalde de la localidad de San Miguel de Salinas (Alicante), al diario provincial Información tras la privatización del servicio del agua. Pero para muchos vecinos el caso no está ni mucho menos cerrado, sobre todo después de comprobar que, tras la concesión del servicio por 750.000 euros a la unión temporal de empresas formada por Gestagua y Grupo Generala, los recibos aumentaban de la noche a la mañana, en el casco urbano, entre un 343% y un 412% dependiendo del calibre del contador y el consumo. El agua en este municipio de poco más de 7.000 habitantes es ahora de las más caras de todo el Estado.

La excusa para llevar a cabo la privatización fue la situación de la zona de Las Filipinas, conjunto de urbanizaciones construidas de manera irregular en los años ‘80 y que se abastecía de agua de pozos que se distribuía a través de una red privada. Pero el agua que consumían sus habitantes fue declarada no apta para el consumo humano en 2005, y el Consistorio, aduciendo falta de capacidad económica para la creación de una red hídrica para la zona, decidió la privatización de todo el servicio municipal, que fue aprobada a finales de 2011, con los votos a favor de PP y PSOE, y entró en vigor en enero de 2012.

“Consideramos esta situación tremendamente injusta. Se hace a los ciudadanos, y a los de Las Filipinas especialmente, culpables de la mala gestión urbanística de las administraciones públicas durante el auge de la burbuja inmobiliaria”, afirma Manolo Gómez, presidente de la asociación de vecinos San Miguel Arcángel, que desde el principio plantó batalla a los planes del Consistorio. Los habitantes de Las Filipinas “han sufrido durante décadas un suministro de agua deficitario, de agua contaminada con sales y nitratos, y unas infraestructuras obsoletas, que debió hacer el agente urbanizador y no hizo, y ahora el recibo de la fiesta lo hemos de pagar los contribuyentes”, añade.

Según los datos aportados por esta asociación, por un consumo bimestral de 20 m³, una familia de San Miguel pueblo paga 49,9 o 54,32 euros para un contador de 13 o 15 mm, respectivamente, donde antes pagaba 14,54, y en Las Filipinas ese precio es de 70,1 o 77,81 euros. “Los precios llegan a cuadruplicar la media nacional”, afirma Gómez. Sólo la cuota fija, en el mejor de los casos, se multiplicó por siete. Y en el recibo se incluye, además, un canon por los servicios de alcantarillado y saneamiento, conceptos que, según Bienvenida Campillo, concejal de IU, antes eran asumidos por el Ayuntamiento y no se cobraban a la población. Desde este año, además, la nueva ordenanza municipal que regula el abastecimiento de agua grava con una fianza mínima de 212,52 euros a los nuevos usuarios para la instalación del contador, en beneficio de la empresa.

Campillo, cuyo partido votó en contra de la gestión privada en un pleno pero se abstuvo en el que se estudiaron las alegaciones presentadas por la asociación contra la privatización porque “nos manifestamos a favor de un cambio de empresa en Las Filipinas, donde ya era privada, pero en contra de que se privatizara en el casco urbano”, explica a este periódico que se ha conseguido, tras muchas negociaciones, una bonificación del 50% para familias numerosas, con discapacitados o con todos sus miembros en paro, pero que el grueso de la población seguirá pagando unas tarifas desorbitadas.

Ni las más de mil firmas recogidas en su día por la asociación San Miguel Arcángel en contra de la privatización ni el recurso presentado por la misma contra las tarifas por entender que no se ajustan a derecho y que en el proceso se produjo una situación de indefensión del consumidor han sido tenidas en cuenta. “Luchamos por revertir y anular la concesión. Precisamente, ha sido la privatización la que ha encarecido la factura del agua. Defendemos la gestión pública de un servicio básico para la vida humana, el agua nunca debería ser objeto de lucro privado”, explica Gómez, quien añade que una de las consecuencias de la gestión privada ha sido “el aumento de la opacidad y falta de transparencia en que se ha subsumido la gestión desde su inicio”.

Pero a la lucha por el agua de gestión pública en esta localidad ahora se añade una nueva preocupación. En enero, el Gobierno anunciaba la posible privatización de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que abastece de agua para el consumo y para el riego a 80 municipios de las provincias de Albacete, Murcia y Alicante, entre ellos San Miguel de Salinas, y que tuvo un superávit de 74 millones de euros en 2012. Si se lleva a cabo, según Gómez, “es evidente que contribuiría a encarecer más el precio del recibo del agua a pagar por el contribuyente en un servicio gestionado en monopolio como éste, y se perdería el control público sobre un recurso imprescindible y básico con el que no se debería especular”.