JORGE RIECHMANN
POETA Y SOCIÓLOGO
“Los rectores y decanos deberían dimitir en bloque”

El profesor de Filosofía moral de la Universidad Autónoma de Madrid apuesta por la desobediencia de la comunidad universitaria para tumbar el RDL 14/2012.

, Redacción
01/10/12 · 0:00

DIAGONAL: ¿Qué supone el Real
Decreto Ley 14/2012
para la educación
pública?

JORGE RIECHMAN: Hay que ponerlo
en contexto histórico. Dando
por sentado que no vivimos en democracia
pero que hay procesos
de democratización que pueden
avanzar o retroceder, uno de los
procesos de democratización reales
que ha habido en esta sociedad
durante cuatro decenios fue el acceso
a la enseñanza superior de capas
de la población que antes estaban
excluidas de la misma
. A comienzo
de los años ‘70 había
170.000 universitarios, 900.000 en
1985 y 1,6 millones en 2000, y más
o menos nos hemos mantenido en
el último decenio en esas cifras. El
estudiantado universitario se multiplicó
por diez y eso tiene algo de
democracia real. La población entre
25-64 años con estudios universitarios
pasó de 727.000 personas
en 1967 a 3,2 millones en el año
2000. Ahora es como si se pusiera
el cartel de reservado el derecho de admisión, en lugar de seguir por
esa vía de una sociedad cada vez mejor
educada. Las medidas, no solamente
en la universidad, donde es
bastante claro, también en enseñanzas
medias, apuntan hacia la devaluación
de la educación y a excluir a
más gente de los niveles superiores.

D: ¿En qué medida es un ataque?

J.R.: La subida de tasas está afectando
directamente a estudiantes y familias,
los precios han aumentado en
el promedio estatal más de 50% en
estudios de grado y en posgrados entre
100% y 150%
, una subida brutal,
aunque hay diferencias muy grandes
por comunidades. Además hay que
ponerla en el contexto de que con
Bolonia el grado ha quedado devaluado
respecto a las licenciaturas, y
se ha ido hacia un modelo en el que
para haber concluido la educación
superior se da por sentado que hace
falta un máster, que con esta subida
de tasas se vuelve inalcanzable para
sectores muy amplios de la población.
Por otro lado, tenemos otras
medidas que van a degradar la calidad.
Lo único que se ofrecía como
contrapartida a los aspectos negativos
de la reforma boloñesa se suponía
que eran los aspectos pedagógicos
de mejora, ya que iba a haber
atención más personalizada al estudiante,
con grupos más reducidos.
Se va hacia todo lo contrario con estos
cambios. En Madrid, se estima
que este año habrá un millar de profesores menos
y eso puede quedarse
corto
. Puede haber un ajuste mucho
mayor para el curso próximo, a lo
que se va es a una enseñanza más cara
y de peor calidad.

D.: ¿Qué hay detrás del ahogo económico
de las universidades?

J.R.: Son estrategias de privatización
parcial por esa vía sinuosa de
recortar recursos públicos y poner
en marcha la búsqueda de financiación
donde sea y como sea por parte
de departamentos y facultades que
llevan a esa clase de acuerdos por
los que las empresas grandes acaban
teniendo cátedra propia.

D.: ¿La lucha va más allá del sector
educativo?

J.R.: Yo apuntaría que sí. La ofensiva
es generalizada, por eso yo creo que
sería importante plantear las protestas
y las formas de lucha de la manera
menos corporativa posible.

Aunque haya mucha gente que se
movilice por la defensa del puesto de
trabajo o por motivos salariales, es
un ataque generalizado a los servicios
públicos.

D.: ¿Cómo se puede seguir
la estrategia de “caminar separados,
golpear juntos”?

J.R.: La vía tiene que ser las coordinadoras
entre los distintos colectivos
que están movilizándose
. Alguna de
las iniciativas más recientes va por
ahí, la propuesta de huelga indefinida
en enseñanza pública estaba convocada
para todos los niveles educativos
de Madrid. Aunque ha tenido
poca incidencia en secundaria y apenas
en universidad, la idea era buena.
Creo que el tipo de respuesta que
se necesita para hacer frente a ese
ataque generalizado a los servicios
públicos iría por un paro indefinido,
pero para eso hace falta mucho más,
trabajo previo, un nivel de movilización más
alto de lo que ha sido el caso
ahora con el comienzo de curso.

D.: ¿Puede servir de ensayo general
para una futura convocatoria?

J.R.: Ojalá que sí. Se ha dicho en la
última asamblea de la Marea Verde
en Madrid que habrá una convocatoria
de huelga en enseñanza y otra en
servicios públicos
. La idea es si podemos
llegar a alguna de ellas con suficientes
fuerzas acumuladas como para
decir: ‘Nosotros vamos a parar el
mayor numero de universidades posibles,
no un día o dos días, sino hasta
que retiren el decreto ley’.

D.: ¿Cuáles son los objetivos de la
campaña de desobediencia civil en
las universidades?

J.R.: Hay muchas medidas de protesta
y de lucha posibles, pero por lo
menos alguna gente tenemos la percepción
de que tenemos que encontrar
acciones que permitan frenar por
lo menos alguno de estos cambios.
En universidad, una de las posibilidades
es no cerrar actas
y se llegó a hacer
bien en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la
Politécnica de Barcelona
. Llevaron a
cabo un proceso de debate amplio,
hicieron referendos y obtuvieron mayoría
como para no cerrar actas. Si
se hubiera logrado eso en muchas
universidades, no estaríamos donde
estamos. Es un tipo de medida que
tiene potencial como para retirar un
Decreto Ley. En la campaña estamos
hablando de medidas que se sitúan
debajo del paraguas de acciones de
desobediencia. Negarse a los cambios
de horario, negarse a asumir ciertas
funciones si con ello se están cubriendo
huecos que han dejado despidos,
y, en el caso de los profesores, las aulas
en la calle tienen mucho potencial
como desobediencia civil.

D.: ¿Cuál ha sido la reacción de las
autoridades académicas?

J.R.: Hubo un momento, justo después
de aprobarse el RDL 14/2012,
en el que la Conferencia de Rectores
Universitarios de España (CRUE)
plantó al ministro Wert en una reunión.
El cambio normativo es tan destructivo
para la universidad pública
que las autoridades académicas hubieran
tenido que decir “esto es inaceptable
y nos negamos a reunirnos
con el Ministerio hasta que retiren la
norma y luego ya nos sentamos a negociar”.

Por desgracia, lo que pasó es
que, después de ese primer paso firme,
retrocedieron y entraron en la
aplicación lo menos lesiva posible del
Real Decreto Ley. La situación era y
es lo bastante grave como para que
rectores responsables hubieran denegado
cualquier clase de colaboración
con el Ministerio y en caso de
que eso fuera insostenible, haber dimitido.
Estaría justificado pedir a todos
nuestros rectores y decanos una
dimisión en bloque, que no se dediquen
a gestionar la destrucción, que
dimitan elegantemente.

D.: ¿Qué excusas dan los rectores por
esta actitud?

J.R.: Lo que te dicen los rectores
es que a ellos lo que les toca es
obedecer el RDL, y desde el punto
de vista legal puede que sea así,
pero ahí entramos en el debate de
si hay situaciones en las que uno
tiene que desobedecer las normas
vigentes. La norma puede haberse
publicado en el BOE, pero ser tan
injusta para los intereses de la mayoría
o tan contradictoria con los
fines que se supone que se defienden
como para que haya que plantearse
la desobediencia.

D: ¿Qué supone que los rectores tengan
que aceptar en qué partidas se
reduce el presupuesto universitario?

J.R.: Empieza el desmantelamiento
de la autonomía universitaria, el modelo
que se dibuja es el de una universidad
que puede acabar convirtiéndose
en lo que era la universidad
franquista, en la cual los rectores y
las autoridades académicas eran
nombradas por el gobierno del dictador
.
Se está perfilando algo parecido,
pero ahora el poder estaría compartido
con esas grandes empresas que
tienen intereses en sacar tajada de la
educación superior.

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