Foto: Olmo Calvo

El temor de que a partir del 21 de noviembre
se aplique un tijeretazo brutal
a las prestaciones por desempleo
no vendrá solo. También se prevé
que se recorten considerablemente
las políticas activas de empleo, que
es una intermediación laboral que
vienen realizando las comunidades
autónomas.

En Castilla y
León, el consejero
de Economía y
Empleo, el popular
Tomás Villanueva,
ya ha
apuntado que será
necesaria una
“reestructuración”
del Servicio
Público de Empleo de esta
Comunidad (ECYC), basada en el
“binomio de cooperación públicoprivada”.

Ante estas declaraciones,
CGT ha manifestado la precariedad
de las condiciones de trabajo en las
que se realizan las tareas diarias del
personal del servicio público de empleo:
falta de personal, vacantes sin
cubrir, insalubridad, etc.

En Galicia se han recortado 101
millones de euros de los fondos destinados
a las políticas activas de empleo.
En Asturias, se han reducido
en 14,4 millones de euros las partidas
de Economía y Empleo. En
Cataluña, la Fundació per la Inserció
Laboral (FIL) al Baix Llobregat ha
presentado un ERE para 12 personas,
según ha denunciado UGT. En
Navarra, el Gobierno Foral ha prescrito
una reducción del 26,83%en el
presupuesto para
el empleo social
protegido, que
pasará de 6,15 a
4,5 millones de
euros.

Los sindicatos
mayoritarios, ya
sea en Castilla y
León como en
Cataluña, claman
contra “los oportunistas y los
cazasubvenciones que precarizan
aún más el mercado laboral” y reclaman
“no dar vía libre a las agencias
privadas de colocación”, aprobadas
en la reforma laboral de septiembre
de 2010. En mayo de este
año el Ministerio de Trabajo autorizó
las primeras tres agencias a la
vez que creaba 3.000 puestos de
trabajo de orientación y promoción
laboral.