Consejo de Ministros del 30 de diciembre / Foto: Juan Carlos Rojas.

Tras su aplastante victoria en las elecciones del 20N, el PP no quiso cerrar el año de su regreso a la Moncloa sin anunciar los que serán sus primeros recortes encaminados a reflotar las cuentas del Estado. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acompañado de la número dos del nuevo ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, exponía el día 30 de diciembre el
primer paquete de medidas que supondrán un ahorro de en torno a 6.000 millones de euros, anticipo del verdadero ajuste y de la reforma laboral que llegarán tras las elecciones andaluzas, en marzo.

Salario mínimo: otra congelación

Una de las medidas que más polémica ha levantado ha sido la congelación para 2012 del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ya de por sí uno de los más bajos de la zona euro. Para Adoración Guamán, profesora de Derecho
del Trabajo, "la congelación debe
entenderse en realidad como una
reducción" puesto que, en un contexto de inflación en aumento, "la
no modificación del salario implica que la retribución real al trabajador, por la misma prestación laboral, es menor".

A pesar de que se está presentando como una medida de escasa importancia por el relativamente pequeño número de trabajadores que
cobran esta contraprestación mínima, la congelación del SMI tendrá
una influencia negativa en la asignación de prestaciones sociales. En palabras de Guamán implicará "una
disminución de las posibilidades de
los trabajadores de acceder a beneficios sociales que se otorgan en función del salario mínimo, puesto que
en realidad es necesario ser más pobre para acceder a ellas".

José Luis Carretero, también profesor de Derecho del Trabajo y
miembro del sindicato Solidaridad
Obrera, pone el foco en las consecuencias indirectas que esta medida tendrá en la situación laboral de
una porción bastante más amplia
de la clase trabajadora de lo que cabría esperar. "Lo que se busca es
crear un escenario general de congelación salarial. El hecho de que
se mantengan determinados sectores con un salario congelado hace
que la patronal pueda forzar para
empujar al resto a someterse a una
situación similar". Esta estrategia
será llevada a cabo a través de los
convenios, con la amenaza de un
salario mínimo congelado si no se
llega a un acuerdo y con la potenciación de los convenios empresariales como herramienta con la que
ejercer una presión más eficaz por
parte del empresariado.

Empleo público: ampliación de las jornadas

El funcionariado comenzó a sufrir
las primeras medidas de recorte
con el anterior ejecutivo y todo
apunta a que seguirá viendo sus
condiciones laborales empeoradas en los próximos tiempos.
Genaro Raboso, de CC OO, apunta incluso a una previsible "bajada
de sueldo de un 10% en los presupuestos de 2012".

Hasta la fecha, el Gobierno del
PSOE optó el 12 de mayo de 2010 por
recortar en un 5% y congelar el sueldo de los trabajadores de la administración pública, mientras que las
nuevas medidas del PP tienen como
resultado el aumento de la jornada
laboral a 37,5 horas semanales así
como la reducción a cero de la tasa
de reposición. Es decir, no habrá
oposiciones para la administración
en 2012 salvo para sanidad, educación y fuerzas militares y policiales.

Estas medidas vienen a continuar con la tendencia que se viene
dando tanto a nivel estatal como
de comunidades autónomas y que
ha provocado algunos conflictos
de calado social como la lucha contra los recortes sanitarios en
Catalunya o la del sector de la enseñanza, con una especial implantación en la Comunidad de Madrid.

Subida del IRPF: keynesianismo light

La mayor sorpresa para los analistas económicos ha sido el anuncio
de una subida de impuestos, concretamente el IRPF, a pesar de que
Rajoy rechazó esta posibilidad a lo
largo de la tibia campaña electoral.
Montoro viene defendiendo la medida como un "gravamen equitativo" al ser una subida proporcional
al nivel de ingresos. Para el sindicalista Genaro Raboso, es un argumento que no se ajusta a la realidad
"porque hay un porcentaje muy bajo de gente que gana por encima de
los 300.000 euros. El grueso de la
subida se centra en los asalariados".

Es un posicionamiento que también
viene defendiendo un PSOE con
una credibilidad en horas bajas y en
medio de su particular via crucis
desde la debacle del 20N.
Es, en cualquier caso, una medida que ha dejado desconcertada a
mucha gente. José Luis Carretero
argumenta que "la izquierda se ha
dedicado a defender medidas puramente keynesianas, nunca ha planteado medidas de ruptura, y en esta
reforma en concreto el PP ha sido
más keynesiano que el propio PSOE
cuando, por ejemplo, hizo la rebaja
de sueldo de los funcionarios".

Concentración ante la sede de CC OO en Salamanca / Foto: Victorino García

Escasas respuestas: poco optimismo

La posibilidad de que los
sindicatos mayoritarios se
movilicen es considerada
remota incluso para sus
sectores más combativos.

Estas reformas, que se aprobaron
en el Congreso el día 11 de enero
con el apoyo de CiU, se han tomado
en pleno proceso de negociación entre patronal y sindicatos de concertación, que por cierto, han visto reducidas sus subvenciones anuales
en un 20% con el nuevo paquete de
medidas. Las negociaciones van encaminadas hacia una nueva reforma laboral que el Gobierno sacará a
la luz tras las elecciones en
Andalucía del 25 de marzo.

La posibilidad de que los sindicatos mayoritarios adopten una actitud beligerante ante los recortes que
implementará el nuevo ejecutivo del
PP es remota incluso para los sectores más combativos de dichas organizaciones. El mencionado Genaro
Raboso prevé que "si se firma un
acuerdo habrá rechazo de sectores
minoritarios dentro de CC OO, como
ocurrió con el acuerdo de pensiones,
pero tener a los dirigentes sindicales
negociando no ayuda a que las luchas parciales que está habiendo se
generalicen". Para Raboso, el asunto
central es la negociación colectiva y
la pretensión patronal de acabar con
los convenios sectoriales, lo que está
llevando a una situación sin salida:
"Los sindicatos aceptan sacrificios y
reivindicaciones patronales para evitar que el Gobierno acabe con la negociación colectiva y les deje fuera
de juego, pero eso les resta credibilidad y capacidad de movilización. Es
una espiral de la que no se sabe có-
mo van a salir".

Desde el sindicalismo de base las
expectativas de que CCOO y UGT
opten por pasar de la negociación a
la movilización son bastante escasas. Manuel Galán, Secretario de
Prensa de CNT-AIT Madrid, define
la "negociación" como un "paripé
en el que el tándem CCOO-CEOE-
UGT escenifica una supuesta diferencia de posicionamientos que no
es tal. El resultado será, tanto si pactan como si no, contrario a los intereses de la clase trabajadora".

En cuanto a la posibilidad de que
sea el propio PSOE quien encabece
una futura movilización, Carretero
(Solidaridad Obrera) apuesta por que
no se dará, puesto que "PP y PSOE
dependen de los mismos intereses,
que son los de los grandes poderes financieros que mueven la UE, y por
tanto no es previsible que vayan a
mover a los sindicatos a una convocatoria de huelga general".

Ante esta situación, el Gobierno
parece decidido a no volver a mover
ficha hasta marzo. El objetivo que
se ha marcado a partir de esa fecha
Mariano Rajoy es conseguir acabar
con el déficit público (en torno al
8%), lo que exigirá un ajuste de unos
40.000 millones de euros. Esto supone que se requerirán medidas
mucho más contundentes que las
anunciadas a final de año por
Montoro. Previsiblemente, el PP
aprovechará su mayoría absoluta
para sacar adelante un paquete de
medidas por decreto, entre las que
podrían estar una nueva subida del
IVA y otra bajada de sueldo a los
funcionarios, además de una dura
reforma laboral a partir de lo negociado entre patronal y sindicatos.