Afectados por las hipotecas. (Foto: Edu León)

2010 ha terminado; no así ‘la crisis
del ladrillo’ y los problemas derivados
de la debacle hipotecaria. Desde
2007 hasta el primer semestre de
2010, se han iniciado un total de
229.923 ejecuciones hipotecarias en
todo el Estado; cientos de miles de
historias personales ocultas bajo el
frío de los datos y los informes.
Arrojar luz sobre esas historias
es, precisamente, lo que pretenden
las asociaciones de afectados, cada
vez más combativas y que, en el último
año, han logrado evitar que el
banco desalojara de sus casas a varias
familias. “Cada ejecución [hipotecaria]
no afecta a un individuo,
sino a una familia y su entorno; hablamos
de millones de personas
perjudicadas”, señala Ada Colau
desde la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca, creada en Cataluña en febrero de 2009 para coordinar
a las víctimas del crac de la burbuja
inmobiliaria y defender su derecho
“a una vivienda en condiciones dignas
y asequibles”.

Desde la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca, señalan a los bancos
y a los poderes públicos como “auténticos
responsables de la situación
económica” que ha llevado a las familias
a no poder sostener su deuda
hipotecaria. Éstas, “nunca han negado
su parte de responsabilidad” en el
problema al firmar hipotecas que, en
muchos casos, superaban su capacidad
económica, pero “las consecuencias
sólo las está pagando la parte
más vulnerable e indefensa, mientras
bancos y cajas reciben millones
de euros en ayudas públicas sin ninguna
contrapartida”, insiste Colau.

“Activos problemáticos”

En su último informe de estabilidad
financiera, que analiza semestralmente
la situación de las entidades
de crédito, el Banco de España pide
“mayores esfuerzos” de transparencia
a los bancos y cifra en 181.000
millones de euros los activos inmobiliarios
potencialmente problemáticos
del sector bancario a finales de
junio de 2010. Un aumento de casi
el 9% respecto a diciembre de 2009.
Así las cosas, las familias en riesgo
de desahucio encuentran amparo
en los movimientos vecinales y
las plataformas de afectados. Colau
señala que esta unión entre perjudicados
y organizaciones sociales supone
una nueva vía de acción frente
a un pasado en el que “las familias,
una vez subastada la casa, se autodesahuciaban
sin necesidad de recibir
ninguna notificación del juzgado.
Habían asumido que no había
nada que hacer”, aseguran.

La plataforma constituida en El
Palmar (Murcia) –que agrupa a afectados
por la hipoteca de toda la
Comunidad murciana– constituye
una punta de lanza frente a los desahucios
por motivos económicos en
España, en una autonomía que lidera
el ránking de stock de vivienda
desocupada, según un informe de
Caixa Catalunya que calcula que
Murcia tiene el 5,5% del total de viviendas
sin ocupantes de todo el
Estado español. Creada hace seis
meses, actualmente la Plataforma
de Afectados de El Palmar cuenta
con un centenar de miembros y ha
conseguido paralizar dos desalojos,
el último de ellos el pasado 19 de
enero. El método para frenar el embargo
es sencillo, como relata María
Jesús Martín, una de las portavoces
de la asamblea, “nos juntamos todos
los afectados y bloqueamos la escalera;
después esperamos a que llegue
el secretario judicial y gritamos
consignas hasta conseguir que se
marche”, detalla. Tras evitar el segundo
desahucio, Martín señala que
“ahora la gente ha cogido valor y
fuerza” para enfrentar su situación,
que ha atraído, por fin, al Defensor
del Pueblo de Murcia y al consistorio
de la capital de la Región.

“Cada vez se nos une más gente”,
asegura Martín, quien se muestra
optimista de cara a 2011.
“Somos familias normales, con dos
y tres hijos y pisos de 50 metros
cuadrados y dos habitaciones... no
tenemos chalés”, recalca Martín,
quien acusa a los bancos y a los poderes
públicos de “lavarse la cara”
en todo este asunto.

Cifras de un sector en ruinas

Para este año, las asociaciones de
afectados por las hipotecas manejan
unas cifras que hablan de 84.000 ejecuciones
hipotecarias en toda
España, 5.000 de ellas en Murcia,
donde la caída del sector de la construcción
ha afectado sobremanera al empleo, hasta el punto de que se han
perdido más de la mitad de los empleos
en el sector de la construcción
con respecto a las cifras de 2007.
Ante este tipo de situaciones, los
afectados alegan la existencia de un
“estado de emergencia habitacional”
para reclamar una mayor implicación
de los ayuntamientos en el problema
y solicitan que se dispongan
normativas municipales para establecer
una moratoria en los lanzamientos.

No es la única propuesta.
La PAH y el Observatori de
Drets Econòmics,
Socials i Culturals (DESC), una
entidad creada en 1998 para la defensa
de los derechos fundamentales,
reclaman la regulación de la dación
en pago de forma que la entrega
de la vivienda al banco salde la deuda
hipotecaria, al contrario de lo que
ocurre hasta ahora, ya que la entidad
se queda con la vivienda por el 50%
de su valor de tasación mientras que
el resto permanece como deuda a liquidar
por los hipotecados. Actualmente
la proposición está bloqueada
en la Comisión de Vivienda del
Congreso. De ahí que la disputa se
haya trasladado al Parlamento catalán
con la esperanza de ejercer una
presión sobre el Gobierno Central
desde allí. Parece difícil que sea así;
la ministra de Economía, Elena
Salgado, considera que la dación en
pago pondría en riesgo la estabilidad
del sistema financiero y lamenta la
falta de prudencia de las familias a la
hora de pedir créditos; un argumento
que los afectados consideran “perverso”
pues supone plantear como
una relación entre iguales los contratos
hipotecarios.

Alquileres sociales

Una de las soluciones que aportan
las organizaciones es la de crear un
parque de viviendas de alquiler social
mediante la adquisición –al mismo
precio al que lo hacen los bancos–
de las casas por parte del
Estado. Ese stock permitiría, según
considera Vanesa Valiño, directora
del DESC, en un informe de septiembre
de 2009, “evitar los desahucios y
aumentar el parque público de vivienda
en alquiler; inyectar la liquidez
que reclama el sistema financiero;
desvincular la política de vivienda
de la promoción de la construcción;
y redirigir la ayuda monetaria al conjunto
de la sociedad y en particular a
los colectivos en mayor situación de
vulnerabilidad”.

Mientras se dirime qué políticas
llevar a cabo, continúa la campaña
“STOP desahucios”. Uno de los últimos
casos, la protesta organizada el
20 de enero frente a las oficinas de
Caixa Penedés en Hospitalet (Barcelona)
contra el desalojo de una familia
que ha visto cómo, una vez más,
el banco no acepta la entrega de la
casa a cambio de la deuda. “Juntos,
sí se puede”, afirman convencidos.