Precariedad en los medios. Las condiciones laborales que se sufren en las redacciones no suelen ser noticia, tampoco las consecuencias de ello. Foto: Juan Carlos Rojas.

Un buen consejo para un estudiante
que accede a la universidad sería
que no estudie periodismo. Recientemente,
durante un instante
del perpetuo debate que se mantiene
en internet sobre el presente y
el futuro digital del periodismo y
las virtudes que ha de tener quien
lo practique, se coló un comentario
sobre la otra realidad del asunto: la
veterana periodista Maruja Torres
publicó un post que cuestionaba la
campaña sobre la falta de oportunidades
laborales de los jóvenes titulada
(Pre)parados que publica
desde hace unas semanas El País,
el periódico para el que Torres lleva
escribiendo media vida: “Pues
tiene narices que en los periódicos,
en donde se da uno de los índices
más altos de explotación y falta de
futuro de los jóvenes, se denuncien
estas cosas como ajenas”. El
Twitter gremial lo mencionó, se hizo
un breve silencio incómodo, pero
se pasó pronto y de inmediato
se reanudó la conversación sobre
los nuevos enfoques para la profesión
o cualquier otra cosa similar.

Es una anécdota reciente con un
periódico y una articulista conocidos.
Pero es un mal común de la
profesión: cualquier informativo
de la televisión puede buscar albañiles
en paro para hablar de la situación
del sector inmobiliario; los
periódicos analizan el mileurismo
como uno de los males de la sociedad
española actual; y en las webs
se critican las condiciones de precariedad
en cualquier sector. En
cualquiera, menos el propio: porque
mañana pueden ser tus trabajadores
los que estén quejándose y
no quieres que tu competencia hable
de ello. Quid pro quo.

En las redacciones existe un panorama
de conflictividad que sólo
ocasionalmente se ve en los propios
medios y que nunca consigue ser el
tema principal en la profesión, que
tiende más a preguntarse por los
problemas profesionales que sobre
los laborales. El recorrido de los
dos últimos años es inabarcable:
han cerrado más de medio centenar
de medios de comunicación. En
la lista los hay grandes como Metro,
novedosos como Soitu, históricos
como La Clave, regionales medianos
como La Gaceta de Canarias,
pequeños como Diario Gol, o gigantescos
como la cadena de televisiones
Localia, que tenía en torno a
300 trabajadores.

Sin embargo, unos y otros problemas
están íntimamente ligados.
Pedro Farias es profesor en la
Facultad de Comunicación de la
Universidad de Málaga y es el director
del Informe Anual de la
Profesión Periodística, un estudio
cuyo punto de partida es la credibilidad
del periodismo y su impacto
en la ciudadanía. Farias lo tiene
muy claro: “La situación laboral y
la profesional están muy relacionadas.
He comprobado que el fruto
del trabajo de periodista (su falta
de calidad, los errores, la falta de
formación...) tiene mucho que ver
con las condiciones laborales. La
calidad tiene que ver con formación,
capacidad, etc. Pero también
tiene que ver con tiempo, recursos,
poder contrastar las fuentes... Y a
veces la vorágine lo impide”.

Los resultados provisionales de
la edición 2010 de su informe, que
no se publicará hasta final de año,
dejan una evidencia inevitable: la
precariedad laboral y el desempleo
desbancan “por primera vez” al intrusismo
como principal preocupación
de los periodistas españoles.
No es de extrañar teniendo en
cuenta otra de las conclusiones: el
paro ha crecido desde los 3.030 periodistas
desempleados que había
en 2008-2009 a los 6.500 de esta encuesta
y llegará a diez mil cuando
se sumen los que salen de las facultades.
La crisis ha traído más lluvia
sobre lo que ya era un barrizal.

¿Qué es la precariedad?

“En prensa diaria, entre un 35% y
un 40% de la producción está hecha
por periodistas sin ningún tipo
de cobertura laboral. En la prensa
no diaria, las televisiones, las radios,
etc. puede llegar hasta el
90%”, asegura Dardo Gómez, secretario
general de la Federación
de Sindicatos de Periodistas. Hay
horarios eternos, sueldos bajos, relaciones
laborales fijas escondidas
bajo el formato de colaboraciones
(mal pagadas y sin coberturas sociales),
problemas de conciliación,
responsabilidades sin reconocimiento
de cargos, rebajas de las
condiciones de convenio... El mito,
desde Luna Nueva a El ala oeste de
la Casa Blanca, dice que esto no es
una profesión, sino una forma de
vida. De mala vida.

Con todo, hay grados. La premisa
general es la misma que en
cualquier otro sector: cuanto más
grande y mejor sindicada está la
empresa, mejores son las condiciones laborales y más se respetan.

La segunda premisa es que el
sistema se parece al fútbol: hay estrellas
de la tele que cobran barbaridades
de dinero y que todo el
mundo conoce; en primera juegan
bastantes, buenos, regulares y malos
que pueden ser jóvenes promesas,
fichajes ingleses, veteranos
con estilo, aspirantes a princesa,
suplentes eternos, etc.; por debajo
hay muchos proletarios del oficio
en mejores o peores condiciones y,
en tercera, hay quien hace su trabajo
en patatales, con promesas siempre
incumplidas y retrasos en las nóminas
el mismo día que llega la letra
del piso. “Pero con una diferencia
–indica Farias–: los futbolistas tienen
una asociación que vela por sus
intereses, tienen su sindicato”.

También la hay en el periodismo.
Para velar por sus intereses hay un
sindicato de periodistas, las federaciones
correspondientes de los sindicatos
de clase, los colegios y las
asociaciones profesionales. Y aquello
que en otros oficios está perfectamente
claro –la diferencia entre
lo laboral y lo profesional– en éste
se entremezcla hasta hacer casi imposible
lograr cualquier avance sólido
en su regulación.

¿Un estatuto de periodistas?

En 2002 se celebró en Tarragona la
III Convención de periodistas de
España con la participación de todas
estas organizaciones y se puso
de manifiesto en qué problemas se
fijan unos y en cuáles otros mientras
se trabajaba en lo que tendría
que ser el Estatuto del Periodista
Profesional. Fue la última reunión
unitaria del gremio. A la siguiente
convención, en 2005 en Gijón, faltó
la Federación de Asociaciones de
Periodistas (FAPE), que agrupa a
medio centenar de asociaciones
profesionales provinciales y autonómicas.

Discrepaban precisamente
sobre el Estatuto del Periodista.
El documento, que abordaba tanto
la vertiente profesional como la laboral,
ya había iniciado su trámite
parlamentario en el Congreso de los
Diputados y la oposición que la FAPE
demostró entonces a su aprobación
resultó definitiva para que ahora
duerma el sueño de los justos. “No
hay un interés real en que ese estatuto
salga adelante. Hace muchísima
falta: somos de los pocos gremios sin
un estatuto que nos ampare y permita
tener algún elemento de protección”,
asegura Farias.

El argumento de la FAPE entonces
fue que era una fiscalización por
parte del poder público de la actividad
periodística. “Viene de lejos.
Durante la Transición se pensó que
la mejor ley de prensa es la que no
existe. Y seguimos con la tontería de
las asociaciones de la prensa o de colegios,
donde están implicados patronos
y trabajadores. Entonces creíamos
que no éramos trabajadores. Y
así nos ha ido”, señala Gómez.

El estatuto ha estado muy cerca.
Suponía el mayor avance jamás conseguido
en la regulación del periodismo,
una profesión maltratada por
quienes la practican, desacreditada
ante sus destinatarios –que no son
inmunes a la mala praxis– y pervertida
por el poder. Pero si, pese a todo,
el estudiante persiste en que
quiere probarla, habría que dejarle
equivocarse.

TRES ÚLTIMOS INCIDENTES EN REDACCIONES

ENCIERRO EN LA
SEDE DE XORNAL

Hace unos días los trabajadores
de A Nosa Terra, la publicación en
galego más antigua, se encerraron
en la sede del Xornal, del mismo
propietario, para reclamar sus
nóminas atrasadas y un plan de
viabilidad para evitar su clausura.

UN ERE ESPERA
EN COLPISA

En Colpisa, la agencia de noticias
de Vocento, también hay una
orden de cierre, pero el expediente
de regulación de empleo sobre
sus 27 trabajadores fue paralizado
por las autoridades por un
error de forma a inicios de mes.

ENCIERRO EN
LA SEDE DE RTVE

En RTVE, UGT ha iniciado otro
encierro por el despido de una
compañera que llevaba cinco
años con un contrato por obra y
servicio. Durante 2010, se han
convocado dos jornadas de
huelga en el ente público.