Los lobbies privados están consiguiendo
que los gobiernos practiquen
políticas de salvamento de
las cuentas de las empresas privadas
insolventes, a costa del
conjunto de la ciudadanía y de
las rentas del trabajo, convirtiendo
la deuda privada en pública.
Esta operación a gran escala es
completamente ilegítima.
Retórica básica para gestionar una crisis
Hacia una huelga de deudores, entrevista a Andrew Ross, profesor de la Universidad de Nueva York.
Cuando se ha incrementado la
deuda pública, ¿por qué no se
alude a los rescates y recapitalizaciones
bancarias; subvenciones
al capital explícitos –como
las de la industria a la automoción–
e implícitos –como el sistema
tarifario que se aplica a las
compañías eléctricas–, o las desgravaciones,
deducciones y exenciones
fiscales al capital –en
impuestos, en las cotizaciones
sociales, etc.–? ¿Por qué no se
explica que es un “banco malo”?
Esa entidad repleta de ‘activos
tóxicos’ donde se incluirían todos
los inmuebles sin vender, propiedad
de la banca, para que la
paguemos entre todos. ¿Con
este banco la deuda pública no
se incrementará?
En esto del ‘debe y el haber’ se
suele olvidar mirar al lado de los
ingresos. ¿Acaso las políticas de
recortes no deprimirán más la
economía y eso aumentará el
déficit público y la deuda?
¿No sería imprescindible cuestionar
el modelo de la UE, que con
un mercado y moneda únicos,
sin sector público que contrarreste
las desigualdades, aboca a
unos galopantes déficits de
balanza de pagos y a un incremento
constante de las necesidades
de financiación de los países
periféricos e, indirectamente,
un aumento de presión para
endeudarse? ¿Cómo se admite
que el BCE financie de manera
barata a la banca, mientras ésta
recibe unos tipos de interés enormemente
lucrativos cuando presta
a los Estados? ¿Cómo es que
la UE no crea una agencia de
calificación de riesgos pública?
Aparte, un volumen por determinar
de la deuda acumulada es, en
términos jurídicos, odiosa, pues
ha financiado actividades en detrimento
del interés general. No
parece comprensible que se
hayan preferido gastos militares a
sociales o a inversiones sostenibles,
que se hayan concedido proyectos
públicos a entidades privadas
cuando su coste a largo plazo
es muchísimo mayor que la iniciativa
pública directa. Todo ese conjunto
de operaciones dudosas, o
que se encuadrarían en prácticas
de favoritismo, amiguismo, corrupción,
etc., y deberían tener una
respuesta penal.
Para poder dimensionar y valorar
la deuda contraída contamos con
estadísticas, pero sin el recurso a
un examen pormenorizado de
documentos sería difícil determinar
cuál debe ser la actitud ante
el fenómeno. Éste es uno de los
motivos que debe empujar a la
ciudadanía a exigir una auditoría
de las cuentas públicas y de las
cuentas de los acreedores beneficiados
en estas operaciones.
En nuestra opinión, no hay que
pagar la deuda. Una primera conclusión
a la que debiéramos llegar
es que el conjunto de recortes
públicos y reformas estructurales
que están por venir serán inútiles
para enfrentar el pago de una
deuda elefantiásica que no para
de crecer. Pero, si está tan claro
que no hay que pagar, ¿por qué
una auditoría ciudadana?
Primero, porque es importante la
participación ciudadana para asegurar
el control desde abajo en el
proceso de examen.
Segundo, por razones de pedagogía
social. Gran parte de la población
ignora cuáles son las cuentas
de la economía o adopta modelos
de interpretación estereotipados o
confusos. Una medida como la
auditoría exige un amplio respaldo
y credibilidad social. Y tercero,
porque, en un contexto de recortes,
puede ser una campaña comprensible
y contribuiría a desvelar
la trama a favor de la banca.
Hay que detallar por qué, por
quiénes y cómo se contrajo la
deuda, el montante, las condiciones,
tipos de interés, plazos de
devolución, garantías, avales, o,
por otro lado, a qué se dedicó la
financiación. Este análisis nos
daría una medida y proporción de
deuda que no se debe pagar o se
ha de reestructurar.
La auditoría debería exigir al sector
público transparencia en sus
cuentas, declarar una suspensión
temporal del pago de la deuda y
abrir un proceso, que durará
meses, para escudriñar la documentación
y hacer un juicio público
encaminado a tomar decisiones
sobre qué hacer sobre la
deuda pública una vez culminado
ese proceso.
En varios países europeos ya se
han puesto en pie campañas para
impulsar auditorías ciudadanas.
Aquí ya se han dado los primeros
pasos. Y estamos convencidos de que se llegará muy lejos.
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