EMISIONES // EL GOBIERNO HA FOMENTADO LA APARICIÓN DE NUEVOS SUJETOS CONTAMINANTES
Los planes de asignación españoles, criticados por la UE

El comercio de emisiones establece en cada sector la cuota de gases que éste puede emitir. Los planes establecidos por el Gobierno han sido insuficientes para los objetivos marcados.

02/09/09 · 23:22
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Uno de los mecanismos más controvertidos
que establece el Protocolo
de Kioto, y que entró en pleno
funcionamiento en el año 2008, es
el comercio de emisiones, que establece
una forma de compra-venta
de emisiones de gases de efecto invernadero
entre países industrializados
(pertenecientes al Anexo I
del Protocolo), estableciéndose
unos derechos de emisión para cada
país. Así, aquellos países que reduzcan
en mayor medida sus emisiones,
podrán vender el excedente
de derechos de emisión otorgados
a aquellos países que no hayan conseguido
alcanzar los objetivos de
reducción, y, de esta manera, teóricamente,
se incentivaría el ahorro
en emisiones.

Sin embargo, y tal y como se recoge
en el especial de Greenpeace
¿Qué es el Protocolo de Kioto?, “el
comercio de derechos de emisión
no reduce por sí mismo las emisiones,
sino que puede suponer una
redistribución de las emisiones entre
los países industrializados”.

Para implantar dicho mecanismo
en la Unión Europea, se redactó
una directiva en 2003 que
establece un Sistema Europeo de
Comercio de Emisiones de gases
de efecto invernadero (SECE) en
el que se especifica que a cada país
se le asignan una cantidad de
emisiones que debe de distribuir
en diferentes sectores, especificados
en un Plan Nacional de Asignación
(PNA). Este plan incluye la
generación de electricidad con
combustibles fósiles, refinerías,
coquerías e instalaciones de combustión
de más de 20 megavatios
(mw) térmicos y el sector del cemento,
la cerámica (que dejará de
formar parte en 2013) y el vidrio,
la siderurgia y el sector del papel.
Recientemente, la Comisión Europea
ha incluido al sector de las aerolíneas
en el SECE.

En el Estado español, hasta la fecha,
se han redactado dos PNA, no
faltos de polémica. Así, el primero,
para el ciclo 2005-2007, fue corregido
por la Comisión Europea,
pues el Ejecutivo olvidó incluir una
serie de instalaciones de potencia
térmica nominal superior a 20 mw.
Además, según Ecologistas en
Acción, España repartía demasiadas
toneladas de emisiones para el
periodo 2005-2007, siendo el país
de la Unión Europea más alejado
de su objetivo de Kioto, y se dejaba
para el 2008-2012 casi toda la reducción
a la que estaba obligado.

“A partir de 2008 tendremos que
disminuir nuestras emisiones del
orden de un 2% anual para cumplir
el plan del Gobierno, un desafío
muy duro”, declara la organización
ecologista. No obstante, según
este grupo, el Plan fomentaba
la creación de nuevas cementeras,
gracias a una asignación de derechos
elevada para este sector, así
como una inadecuada asignación
al sector eléctrico, que no fomentaba
la generación de alternativas
tecnológicas a la generación con
combustibles fósiles. Este Plan
convirtió al Estado español en uno
de los pocos países europeos cuyas
emisiones reales superaron las
repartidas por el Gobierno para
ciertas industrias, situación provocada
por un gran aumento de las
emisiones del sector eléctrico.

Segundo plan de asignación

En noviembre de 2006 se aprobaba
el segundo PNA, con un nuevo
dictamen negativo de la Comisión
Europea. En esta ocasión, la Comisión
criticaba el exceso de asignación
a las centrales eléctricas de
carbón, en consonancia con las
alegaciones presentadas por diversas
organizaciones ecologistas.

Además, la Comisión alegaba que,
para reducir emisiones de gases de
efecto invernadero, España depende
en gran medida de sectores que
no participan en el comercio de
emisiones (como el sector transportes
y el sector residencial). Sin
embargo, la Comisión consideraba
que estaban insuficientemente detalladas
las medidas que se tomarían
en estos sectores.

Pero la principal crítica al Plan
se deriva de la posibilidad de
compensar emisiones de las industrias,
especialmente las eléctricas,
con la compra de derechos
de emisión fuera de la Unión
Europea, donde Sudamérica se
ha convertido en objetivo preferente.

Esta medida, aparte de frenar
el cambio tecnológico necesario
en nuestro país, tal y como
expresan desde Ecologistas en
Acción, desencadena en un desplazamiento
de las industrias hacia
países donde producir es más
barato. “El resultado final podría
ser incluso ambientalmente dañino
si la tecnología que se emplea
en la región barata es menos eficiente
que la de la cara: se emitirán
más gases de efecto invernadero
por unidad de producto”, publicaba
en un reciente artículo publicado
en Soitu.es, el profesor de
la Escuela de Ingenieros de la
Universidad Pontificia de Comillas,
Julián Barquín.

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