DIAGONAL: La reforma laboral apuntala el discurso de los sacrificios para salir de la crisis, en el caso del mercado laboral-productivo la llamada "devaluación competitiva", ¿Qué indicadores pueden tomarse para demostrar que no va a ser así?

JOSÉ MARÍA ZUFIAIUR: En realidad más que pedir sacrificios, estamos ante una política que conduce a que seamos sacrificados.
En efecto, mediante diversos procedimientos llamados reformas (laboral, de las pensiones, de la sanidad, de la protección por desempleo…) lo que se pretende es recuperar un diferencial de competitividad con otros países de la zona euro donde se concentra la capacidad industrial, que antes de la moneda única se regulaba mediante las devaluaciones monetarias.

Esa devaluación interna ya se está produciendo y uno de los indicadores de ello es que, en poco tiempo, hemos pasado a ser uno de los países con mayores desigualdades de la Unión Europea.

Esa estrategia de devaluación competitiva en términos reales y no monetarios va a ser muy “competitiva” para determinados sectores –financieros, por ejemplo– y muy depresiva para la gran mayoría, en términos de desempleo, de renta, de emigración, de pérdida de derechos y de prestaciones públicas.

Pueden escogerse diversos indicadores para tratar de mostrar que esa devaluación interna competitiva (ese empobrecimiento de nuestro coste laboral y social) no va a sacarnos de la crisis en la que estamos. Me limitaré a enumerar tres:

 El primero es que, con las políticas que emanan desde Bruselas o, mejor dicho, desde Alemania, todos los países practican la misma política de austeridad. No es de esperar, por tanto, que nuestra devaluación social vaya a provocar espacio para crecer por la vía de que se expandan los mercados de algunos de nuestros socios y poder acceder a ellos. Tampoco el colosal endeudamiento norteamericano o el que China tenga que enfrentarse, según algunos expertos, a rebajar en, al menos, un 50% los precios de su sector inmobiliario parece que pueda ayudar a ello.

 En segundo lugar, lo más probable es que nos tengamos que enfrentar a una larga etapa de crecimiento bajo o de recesión. La crisis financiera sigue viva y no hay muchas trazas – las propuestas del candidato socialista Hollande son tan esperanzadoras como aisladas - de que se estén tomando las medidas adecuadas (como las que adoptó F. Roosevelt en 1933, separando radicalmente los bancos de depósito y los de inversión) para resolverla.

A su vez, el desendeudamiento de los Estados y del sector privado va a llevar su tiempo. Y el precio del petróleo, impelido por una demanda creciente a la vez que unas reservas decrecientes, amenaza con pesar fuertemente sobre el crecimiento de la economía. Las previsiones de crecimiento que anunció la Comisión Europea para el año pasado en la Unión fueron del 1%; las que acaba de pronosticar el Comisario Olli Rehn para este año han sido del 0%. En suma, con las políticas de austeridad impuestas por el capitalismo financiero, la perspectiva de una baja demanda y de un raquítico crecimiento no es un contexto en el que pueda florecer ninguna devaluación competitiva. Más bien, al contrario, lo previsible es una regresión de la competitividad del país.

Finalmente para ser más competitivos, por mucho que rebajemos nuestros estándares salariales y sociales, tenemos que tener una capacidad industrial mucho más potente. Pero ello tropieza con una políticas europeas, comandadas por Alemania, que van en el sentido contrario a tratar de evitar la polarización de las actividades productivas en el seno de la zona euro. Sin una intervención voluntarista del poder público europeo, las regiones ricas serán cada vez más ricas y las pobres cada vez más pobres. Este ha sido el resultado del fracaso de la ideología liberal de la Estrategia de Lisboa y que puede provocar un desastre aún mayor con las orientaciones actuales que combinan austeridad presupuestaria y “políticas estructurales” socialmente regresivas. Unas políticas que provocan reducción de salarios, pérdida de competitividad, desregulación y desmantelamiento de las protecciones sociales, pérdida de capital humano. Todo ello no hará sino acentuar la polarización. Para complicar aún más las cosas, las reglas europeas de la competencia prohíben las ayudas públicas, impidiendo el desarrollo de políticas industriales.

En fin, este proceso se produce, además, en una situación de gran endeudamiento de los países en los que el debilitamiento industrial de los decenios precedentes como consecuencia de la política de polarización industrial europea les ha convertido en financieramente muy frágiles. Especialmente por la necesidad de desendeudamiento del sector privado, que provoca un triple efecto: 1) un crecimiento débil que tiene como consecuencia un gran paro estructural que degrada el capital humano, las competencias profesionales y la empleabilidad; 2) un efecto negativo sobre el capital productivo: el desendeudamiento a largo plazo de las empresas reduce las inversiones y, como consecuencia, la capacidad de incorporar innovación y de aumentar la productividad; 3) afecta a la productividad global de los factores vía el progreso técnico, es decir, la reducción de los recursos destinados a la investigación y al desarrollo desacelera el ritmo de aumento de la innovación.

D.: ¿Qué definirá la estructura del mercado laboral después de la reforma?

J.M.Z.: Pienso que, tras esta reforma que profundiza cualitativamente en las anteriores de 2010 y 2011 que ya eran extremadamente negativas para el modelo laboral, las cuestiones más significativas que pueden definir el mercado laboral han sido ya muy comentadas y se pueden resumir en tres puntos.

 Primero, la profunda desestructuración de la negociación colectiva. Mediante la prevalencia de los convenios de empresa – con una media de siete trabajadores por empresa y con la escasa presencia sindical en las empresas pequeñas poca negociación “colectiva” cabe realizar -, la capacidad empresarial de descuelgue de las condiciones sustanciales de trabajo y la acotación o eliminación de la ultraactividad de los convenios.

 Segundo, por la desvirtuación del principio de tutela judicial efectiva que hará que los despidos sean mucho más fáciles que en la actualidad, además de mucho más baratos; por la eliminación de la autorización administrativa en los despidos colectivos, con la consiguiente desprotección del empleo y de pérdida de peso sindical en las grandes empresas; en fin, porque introduce en el sector público procedimientos de extinción generalizada de contratos sin las garantías colectivas ni de estatuto que tenían establecidos los trabajadores que trabajaban en el mismo.

 Tercero, la descausalización absoluta de la contratación precaria. Bajo la denominación de contrato “por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores” se establece de hecho, si no es rechazado por el Tribunal Constitucional, el más precario de todos los contratos. Con un período de prueba de un año, ese contrato haría prácticamente innecesarias las actuales modalidades de contratación temporal. Lo que permitiría reducir drásticamente las estadísticas de temporalidad al tiempo que convertiría, en conexión con las otras medidas de la reforma, a todos los trabajadores en precarios.

Es esta inter-relación de las distintas partes de la reforma – que permite, entre otras cosas, poder despedir a un trabajador que haya estado durante ocho días en baja justificada de enfermedad común a lo largo de un período de dos meses – es la que nos augura un mercado laboral salvaje, con despido fácil y barato, negociación colectiva desmantelada, precariedad laboral generalizada, poder empresarial hegemónico cuando no omnipotente, gran debilitamiento sindical y desmenbramiento de los mecanismos de regulación, negociación y conciliación que son claves para la canalización del conflicto social en el ámbito laboral.

D.: ¿Qué puntos crees que son los más problemáticos y que deberían focalizar la atención de las protestas de los sindicatos?

J.M.Z.: Entiendo que los puntos centrales son los anteriormente señalados. Y, sobre todo, los efectos que va a producir la interrelación de los mismos.

Creo que tampoco se puede desvincular las consecuencias de la reforma laboral de otras reformas que, como la de las pensiones, o el deterioro de los servicios públicos atacan frontalmente lo que ha sido el Estado social. Y que van a deteriorar profundamente la renta, la protección y la seguridad de la inmensa mayoría de la gente.

Al margen de las cuestiones que, como el período de prueba de un año, los arbitrajes obligatorios y otros varios, pueden ser rechazados por el Tribunal Constitucional no considero que existan esperanzas fundadas de que el Gobierno – al comienzo de un mandato con apoyo muy mayoritario y con el pleno respaldo de la UE – vaya a variar significativamente el proyecto de reforma.

Creo, por tanto, que las movilizaciones, sin perjuicio de demandar una rectificación que pide la ciudadanía en la calle, deben de tener como objetivo explícito una estrategia de largo plazo que requerirá desde un cambio radical de la centralidad sindical hacia el seno de las empresas, hasta una profunda reelaboración de las alternativas del conjunto de la izquierda sobre las políticas económicas, la construcción europea y un modelo de desarrollo sostenible. De nuevo lo urgente – y es una “mala noticia” por lo que tiene de vuelta a la “militancia” y a la preeminencia de los valores sobre los poderes - para la izquierda y para el sindicalismo lo inmediato no es la reconquista inmediata del poder, en un caso, ni el establecimiento de pactos de “limitación de daños”, en el otro, sino la lucha por un modelo de sociedad diferente.

No creo, en ese sentido y en este contexto en el que las cuestiones en litigio se deciden en Bruselas, que la huelga general tenga una gran efectividad. Puede ser un elemento litúrgico que el poder soporte sin mayor problema. Las quince huelgas generales griegas no han logrado cambiar un ápice las políticas. El ejemplo de las convocatorias de huelgas generales por parte de los sindicatos nacionalistas del País Vasco es otro ejemplo de simbolismo virtual o de deseo de diferenciarse del resto del movimiento sindical, sin ninguna pretensión de eficacia. Entiendo, más bien, que una estrategia de acción continuada y diversificada puede generar más contradicciones y lograr mayores resultados concretos. Al menos si no somos capaces de realizar una huelga general europea. Y a ello si que no habría que renunciar, aunque no fuera posible realizarla en todos los países de la UE.

Tampoco considero que si el Gobierno no quiere respetar, en la reforma, el Pacto de los sindicatos con la Patronal ni los Convenios de Sector firmados, como el de la construcción, tenga ningún sentido que los sindicatos mantengan los contenidos firmados con la patronal que, por otra parte, quedan absolutamente al pairo con los contenidos de la reforma laboral. Y, sobre todo, lo que me parece más importante es concienciar sobre lo que significa la reforma y las reformas, el desafío real al que nos enfrentamos y que es de largo plazo, la creación de alternativas estructurales, de alianzas, de cambio de mentalidad, de tácticas y de estrategias.