LA PRESIDENTA MADRILEÑA SALE TOCADA EN SUS ASPIRACIONES DE LLEGAR A LA MONCLOA
Palabra de Esperanza Aguirre

La batalla por el control de Cajamadrid, las denuncias por el desdoblamiento de la carretera de los Pantanos, las huelgas en Telemadrid y en los hospitales de la región, los casos de espionaje y de Rafael Correa... A Esperanza Aguirre se le han acumulado los problemas en el último curso...

23/07/09 · 0:00

Una semana antes del Congreso del PP celebrado entre el 20 y el 22 de junio de 2008 en Valencia, Esperanza Aguirre se autoproclamaba el “verso suelto” de su partido y, como la más fiel seguidora de Jose Mª Aznar, se arrogaba el papel de continuadora de una línea ideológica que no iba a estar representada en Valencia por María San Gil. Sin embargo, algún brazo flaqueó en aquel pulso. Según narran diversas fuentes, Aguirre salió del Congreso con lágrimas en los ojos porque sus aspiraciones de convertirse en la líder nacional del PP se habían frustrado quién sabe si para siempre. Un año después, como si de un best seller se tratara, el curso de la presidenta de la Comunidad ha llenado páginas de todos los colores: sentencias en contra de sus políticas ambientales, espionaje, negocios bajo la sombra de la especulación y, cómo no, un rosario de declaraciones al más puro estilo Aguirre.

"Considero nocivo hacer público mi patrimonio"

En torno a unos 108.000 euros anuales de sueldo cobra la presidenta, sin incluir gastos de representación y coche oficial. Eso sí, en la biografía que escribió Virginia Drake afirmaba: “¡Es que muchas veces no llego [a fin de mes]!”. Y aún así, como medida excepcional para afrontar la actual crisis económica, la presidenta, a finales de junio, decretaba una bajada de sueldo para ella y todos sus altos cargos de un 2%. En marzo, Aguirre y sus consejeros se habían subido el sueldo, según denunció entonces UGT, a pesar de haber anunciado a finales de 2008 que los congelaría.

Pero los recursos para llegar a fin de mes de la presidenta no se reducen a su cargo político, es condesa consorte de Murillo y Grande de España, al estar casada con Fernando Ramírez de Haro. Según publicaba Interviú en 2003, las propiedades inmobiliarias de ambos superaban los seis millones de euros, poseen una finca ganadera de 500 hectáreas en Salamanca, además de participaciones en decenas de inmuebles.

Eso sí, la casa-palacete en la que reside en el barrio madrileño de Malasaña está a nombre de su hijo mayor, Fernando, su padre, sus cinco tíos paternos y su abuela. Y como buena madre ya ha conseguido que sus dos hijos se granjeen un buen futuro: uno posee el marquesado de Villanueva de Duero y el otro es conde de Villariezo. Entre la familia Aguirre y Ramírez de Haro, confluyen más de diez grandes familias terratenientes de la nobleza española que poseen importantes fincas en el centro de la península.

Ejemplo de ello son los terrenos donde se construyó la estación del AVE en Guadalajara. La mayor beneficiada por esta construcción fue
una tía de su marido, Teresa Micaela Valdés Ozores. Y muy cerca de Yebes, en Chiloeches, su marido participaba en una propiedad de unas 1.600 hectáreas. Según datos de Renfe, en 2008 unas 15 personas al día utilizaron el AVE para ir hasta Madrid, mientras que 10.600 utilizaron el viejo servicio de Cercanías.

"Hay chica, cómo vienes, ¿por qué no te arreglas?"

Intentando arreglar la educación lleva desde el año 2003, cuando alcanzó la presidencia de la Comunidad de Madrid. O, incluso, desde su paso por el Ministerio de Educación, cargo del que sería relegada por el propio Mariano Rajoy. Su principal rival para alcanzar la presidencia del partido y poder optar a ser elegida presidenta del Gobierno. Y si, como de una rendición se tratara, a mediados de julio reconocía que no quería “derribar del caballo a Rajoy”.

En la educación, su principal ideóloga es Alicia Delibes, a la que tras una reunión con representantes de la comunidad educativa, le recibió con una sutil sugerencia: “qué pelo llevas, ponte otra ropa”. ¿Estaría pensando en la aprobación de su propuesta de usar uniformes en todos los colegios públicos?

Para mantener las diferencias de clases, bajo la excusa de la libertad de elección de centro, la Comunidad de Madrid ha potenciado los servicios privados frente a la educación pública. Mientras se privilegia la red de centros concertados instalándose antes en los nuevos barrios que los públicos o se permiten las cuotas ‘voluntarias’ en estos colegios. En estos seis años se ha incrementado un 96% la financiación de centros concertados, por un 40% de la partida a los públicos.

La próxima diferenciación entre los centros de la Comunidad llegará con la implantación de estrellas en los institutos, como si de un hotel donde alojar a los estudiantes se tratara. La forma de otorgar las estrellas dependerá de los exámenes de 3º de ESO que han sido criticados por no tener en cuenta otros valores educativos como la atención al alumnado con necesidades de compensación educativa o que tengan programas de convivencia escolar.

"Antes que los arbolitos están las personas"

El 22 de abril, Carlos Iturgaiz, europarlamentario del PP, solicitaba a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara “más contundencia a la hora
de actuar contra las carreteras ilegales”. Era un recado contra el proyecto de la Asamblea de Madrid de desdoblar la carretera M-501, conocida como la carretera de los Pantanos, entre las localidades de Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias, en la sierra oeste de Madrid. Se trata de zonas consideradas Lugares de Interés Comunitarios y Zona Especial de Protección para Aves. La obra incluirá la construcción de un viaducto que cruzará por encima del río Alberche y un túnel que atravesará un monte para desdoblar la circunvalación que llega hasta Pelayos de la Presa. En junio, Aguirre anunció el comienzo de esta obra pese a que aún están pendientes las sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Justicia sobre la ilegalidad del desdoblamiento entre Quijorna y Navas del Rey, que fue llevado a cabo sin que la Comunidad presentara una declaración de impacto ambiental. Los objetivos de Comunidad y de los ayuntamientos de la zona son la reclasificación de terrenos para uso residencial y complejos deportivos de lujo. La M-501 (convertida en C-501) se adentra en Ávila, donde la familia de Ángel Acebes posee grandes extensiones de suelo.

"Si tenemos una enfermedad mala, vamos a Houston"

Desde su llegada a la Puerta del Sol, su gran compromiso sanitario ha tenido mucha más relación con las grandes constructoras que con la ciudadanía. Los ocho nuevos hospitales, ya inaugurados, otros cuatro en construcción y los siete grandes hospitales de la Comunidad, tras finalizar sus reformas, estarán gestionados en parte por grandes constructoras como Acciona, Sacyr-Vallehermoso, Hispánica, ACS o FCC. Eso sí, junto a los nuevos centros no se han producido contrataciones de personal médico. Incluso, según denuncia UGT, se han perdido 2.000 puestos de trabajo en el sector.

Y las previsiones para los nuevos centros no son nada halagüeñas. Según se hizo público en un acto en el hotel Ritz, que fue calificado por la Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad Pública de Madrid (CASMadrid) como una subasta, se anunció que en los próximos cuatro hospitales el personal sanitario será contratado por las empresas que los gestionan y que los siete grandes hospitales perderán tras las reformas entre un tercio y la mitad de sus camas. En esta “subasta”, el consejero de Sanidad Juan José Güemes presentó el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011 ante unos 150 empresarios. Mientras, en la Asamblea de Madrid nada se sabía de las novedades que se iban a anunciar.

Por su parte, la presidenta suele personalizar mucho más sus preocupaciones. Casi sollozando afirmaba tras la muerte de Rayan: “Lo que ha ocurrido es lo más grave en el tiempo que llevo como presidenta en un servicio público madrileño”. En 2007, tres bebés, también hijos de migrantes, fallecían tras una infección que afectó a 23 neonatos en el 12 de Octubre. Según elconfidencial.com, dos de las familias aceptaron el acuerdo extrajudicial que ofreció la administración: 30.000 euros por cada bebé a cambio de no denunciar. La familia del tercer recién nacido, que peleó un poco más, consiguió 60.000 euros.

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