“Lo excepcional han sido los últimos 15 años de libertad en internet”, explicaba Wauter Tebbens, del Free Knowledge Institute, en el Foro de la Cultura Libre que se celebró en Barcelona del 29 de octubre al 1 de noviembre. La industria del entretenimiento, los gobiernos y las entidades de gestión de derechos de autor deben pensar lo mismo: de ahí que estén con las manos en la masa. Algo que dura tantos años puede dejar de parecer excepcional si lo miramos con los ojos de la costumbre, aunque siga siendo un hito histórico. En distintos ámbitos institucionales se negocian, e incluso se aprueban, legislaciones que pondrán fin al caos o a la libertad –según los ojos del observador– en las comunicaciones. Una reacción a las prácticas de los usuarios que desbordan las leyes actuales de propiedad intelectual.

Las telecomunicaciones y la propiedad intelectual son dos flancos dispares, pero relacionados, sobre los cuales se regula a espaldas o en contra de las nuevas prácticas culturales. El objetivo del legislador es el mismo en ambos casos: luchar contra un fenómeno tecnológico y social que el mercado no había previsto. El hecho de compartir –verbo clave para entender la red en su estructura misma– se ve como una amenaza a la industria cultural, que usa como escudo el copyright. Las autoridades se han puesto las pilas y quieren acabar con las fugas de control, tanto en Madrid, como en Bruselas o Washington.

Hoy, casi simultáneamente, se discuten de forma más o menos pública, al menos tres documentos distintos: a nivel global, el ACTA; a nivel europeo, el Paquete de Telecomunicaciones; y a nivel estatal, una nueva Ley de Propiedad Intelectual.

El Tratado Antifalsificación

Más allá de instituciones multinacionales como la Organización Mundial del Comercio o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), dependientes de la ONU, un grupo de Estados partidarios de reforzar aún más la propiedad intelectual se apartó por su cuenta del resto y, en octubre de 2007, se puso a negociar un peculiar Tratado Antifalsificación (ACTA, por sus siglas en inglés). Los Estados en cuestión –EE UU, Japón, Suiza y la UE, como actor regional– aceptarían nuevos firmantes en el acuerdo siempre que estuvieran “a favor de un estándar fuerte de refuerzo de los derechos de propiedad intelectual”. Las intenciones de los impulsores iban más allá de lo que marcaba el ya restrictivo acuerdo sobre Aspectos Comerciales de los Derechos de Propiedad Intelectual firmado por la OMPI.

Todo se llevaba con gran secreto hasta que en mayo de 2008 se filtró un documento que marcaba las líneas de acción del ACTA. A pesar de las críticas de organizaciones como Electronic Frontiers Foundation o Knowledge Ecology Institution, las reuniones siguen siendo secretas. La última, en Seúl (Corea del Sur), el 4, 5 y 6 de noviembre.

Aunque un día después, Christian Engström, eurodiputado del Partido Pirata sueco, narraba en su blog las primeras conclusiones. Se pide la respuesta gradual (“ley de tres avisos”), responsabilidad de terceros por las infracciones de copyright (que las telecos y los hostings sean responsables de las infracciones de sus clientes, obligándoles a implantar un sistema por el que desconecten a quienes, les diga la industria del copyright, como ocurre en EE UU con la Digital Millenium Copyright Act). Otras denuncias anteriores que han hecho sus críticos son que equipara la mera violación de los derechos de autor a la falsificación, que es siempre con ánimo de lucro. Por otro lado, teniendo en cuenta que el objeto de regulación ya no son sólo los objetos físicos sino también la información distribuida por internet, cabe la posibilidad de que se permitan los registros de portátiles y aparatos de mp3 en los aeropuertos en busca de archivos ‘ilegales’.

El Paquete Telecom

En menos de dos meses la Presidencia de turno de la UE pasará a manos españolas y es de prever que actúe con la misma contundencia que sus antecesoras, especialmente Francia. No obstante, lo más importante ya estará hecho. Salvando imprevistos, antes de final de año el Parlamento europeo aprobará definitivamente el Paquete de Telecomunicaciones. Un conjunto de cinco directivas que modifica las aprobadas en 2002 y unifica el mercado de las telecomunicaciones, regulando de paso el acceso a los contenidos.

Gracias a la presión de la industria cultural y a la presidencia francesa de Sarkozy, que no quería obstáculos para aprobar en su país la llamada Ley Hadopi, el Paquete acabó incluyendo enmiendas que hacen referencia a los archivos compartidos y a la posibilidad de que las operadoras de telecomunicaciones impongan “condiciones que limiten el acceso y/o el uso de servicios o aplicaciones”. Ello pone en peligro la neutralidad de internet, es decir, la igualdad de acceso para todos independientemente de los contenidos.

Nueva votación en diciembre

A partir de ahí la polémica se ha centrado tanto en esta neutralidad como en la enmienda 138, una cláusula que garantizaba que en caso de “descarga ilegal” sólo un juez pudiera quitar la conexión al usuario. Esta enmienda fue votada afirmativamente dos veces por el 88% del Parlamento, con lo que el Paquete tuvo que ser revisado. Finalmente, el 4 de noviembre, el Comité de Conciliación aprobó un texto que diferentes organizaciones en defensa de internet han situado a medio camino entre la protección de los derechos de internet y la ambigüedad jurídica. A finales de año, en Bruselas, los parlamentarios volverán a votar una ley claramente menos favorable a los derechos de los internautas.

En el Estado español, apenas hace tres años el Congreso aprobó (con la única abstención de ERC y PNV) una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que incluía el famoso canon digital. Ahora, se va a modificar. Desde junio se redacta un nuevo proyecto de ley para regular la propiedad intelectual, que contemple los cambios tecnológicos y sociales y la regulación internacional y comunitaria. El canon se les ha quedado antiguo.

Ley Hadopi

Si no fuera porque el Constitucional francés frenó en junio la primera versión de esta Ley, ahora una autoridad administrativa podría bloquear conexiones de usuarios que descargaran obras sin el acuerdo de los propietarios de los derechos. La nueva Ley fue aprobada en septiembre y exige la actuación de los jueces.

Informe 301

Desde 1988 en EE UU se publica cada año un informe que analiza en detalle “la efectividad y adecuación de los Derechos de la Propiedad Intelectual”. En él aparecen los Estados que por “malas prácticas” de la ciudadanía son incluidas en Listas de Observación o en Listas de Observación Prioritaria.

¿Y Brown?

En este mes de noviembre está previsto que el Gobierno laborista de Gordon Brown presente su nuevo plan para combatir las descargas, sin eliminar las posibilidad de cortes de red a internet. Además, también se plantea la posibilidad de cobrar un canon de seis libras anuales por la conexión a ADSL.