El mexican standoff es una escena típica del western en la que tres o más pistoleros se apuntan unos a otros. Nadie quiere ser el primero en disparar porque eso le puede suponer una desventaja con respecto a los demás. Así ilustra Raúl Sánchez Cedillo, de la Universidad Nómada, la situación actual de cuenta atrás del bipartidismo y, por extensión, del sistema político español, que, para Cedillo, presenta un “diagnóstico terminal”. Desde la crisis del 13 de marzo de 2004, el Partido Popular pasa por su momento de mayor fragilidad ante la opinión pública, castigado por varios escándalos de corrupción, el principal, el supuesto pago de sobresueldos a dirigentes populares a través de una contabilidad ocultada por el extesorero del PP Luis Bárcenas.

El 3 de febrero, el presidente Mariano Rajoy se refugiaba en la crisis para negar la corrupción. “No debemos permitir que unas personas, los españoles, a las que les estamos pidiendo sacrificios y renuncias, puedan tener la impresión de que no estamos a la altura del rigor ético más estricto y de la integridad más escrupulosa”. La alusión a las acciones tomadas desde su elección en el lejano noviembre de 2011 para gestionar la crisis económica y el desmentido de todos los cargos que se le imputan son las dos caras que juega Rajoy ante el corrimiento de tierras en su propia base, dirigido por medios como El País y El Mundo, administradores de los aprietos del presidente del PP, que, conviene recordarlo, no son los únicos de su partido: ahí están el caso Baltar, en Ourense, los coletazos de la trama Gürtel, que apuntan directamente a la ministra de Sanidad, Ana Mato, o las irregularidades en el caso Madrid Arena, que ha abierto una crisis de Gobierno en el Ayuntamiento de la capital.

Con más de 50.000 desahucios anuales, en un proceso de privatización de decenas de hospitales y el cierre de centenares de centros de salud en todo el territorio, con unos niveles de paro multiplicados por los sucesivos meneos al marco de relaciones laborales y una creciente migración de jóvenes al extranjero, parece cuanto menos temerario que Rajoy haga de ello su marca de honradez y un magro equipaje para aguantar los dos años que le quedan de legislatura. Las encuestas de Metroscopia (El País) y de Gesop (El Periódico) coinciden en señalar que la caída del PP aumenta la intención de voto de UPyD, que el PSOE se estabiliza tras el batacazo derivado de su gestión de la crisis –no muy distinta de la de Rajoy– y que IU no está acumulando el descontento necesario para dar el sorpasso al PSOE.

No obstante, prácticamente todo el arco parlamentario tiene sus propios problemas de corrupción de los que preocuparse. El partido de Rosa Díez, salpicada por la supuesta donación de la caja de Bárcenas a su germen, la ONG nacionalista Basta Ya, el culebrón de los ERE falsos en Andalucía, en el que se encuentra imputado el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía (PSOE), o la petición de la Fiscalía Anticorrupción catalana de que se impute al secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya, Oriol Pujol, son parte de lo que el Financial Times, ese medio en el que José María Aznar extendía recetas para la economía española hace dos años, califica como la “podredumbre de casi todas las instituciones de España”.

La tentación regeneracionista

A pesar del aumento de discursos que animan a una regeneración de la derecha en base a un planteamiento justicialista, el clásico “limpiar las manzanas podridas”, los casos de corrupción muestran el mar de fondo de la gestión pública de PP y PSOE, apoyada en conglomerados de empresas al amparo de las administraciones en las que gobiernan. Las anotaciones en los papeles de Bárcenas en el apartado de donantes vuelven a situar al ladrillo en el centro de la tormenta perfecta en la que se ha convertido la crisis en el Estado español.

La presencia de altos cargos de las constructoras OHL, Sacyr, FCC y Ploder en el informe divulgado por El País, o la aparición en los casos Gürtel de Grupo Ortiz y FCC, empresa esta última que aparece en polémicas adjudicaciones como la de la privatización del agua (a través de su filial Acqualia) en Oviedo, devuelven al primer plano la confluencia de intereses entre el poder político y las grandes constructoras.

Del otro lado de la balanza debería pesar una política de los movimientos que vuelva a poner en primer lugar la cuestión del expolio y de la falta de democracia. Algo que, para Raúl Sánchez Cedillo, supone “radicalizar las luchas en el terreno material”. “Las mareas de los servicios públicos, o las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, deben centrarse en expresar el redoble de legitimidad que tienen”, afirma un día después de que cerca de 300 personas en el barrio de Torre Romeo, Sabadell, se encararan con los agentes antidisturbios que desalojaban un encierro de tres días de duración en una entidad bancaria que pretendía desahuciar a un vecino.

Redoble de legitimidad: pese a que la respuesta del banco –Unnim– y de la fiscalía en un primer momento fue una denuncia penal por la ocupación, unas horas después del desalojo Unnim cedía y ofrecía la dación en pago y un alquiler social de 120 euros mensuales para la familia que iba a ser desahuciada. Convertir estos logros individuales en nuevas conquistas de derechos requerirá tanta ambición como imaginación política. Nos va la vida en ello.