Más de un millón de firmas retan al Congreso
Un mes para que se haga valer la ILP antidesahucios

Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca llaman a aumentar la presión social en marzo para que se apruebe la Iniciativa Legislativa Popular hipotecaria.

19/02/13 · 19:10
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Miles de manifestantes rodean la sede del PP en Barcelona durante la manifestación por el derecho a la vivienda y por la ILP hipotecaria el 16 de febrero, que reunió en esa ciudad a 80.000 personas, según la PAH. Ese día hubo marchas en más de 50 ciudades / Albert García

“He calculado que [la Iniciativa Legislativa Popular hipotecaria] puede ser vista por la cámara de aquí a 15 meses”, declaraba en el Congreso Joan Coscubiela (ICV) dos semanas antes de que PP y PSOE pactaran el 13 de febrero tramitar por la vía de urgencia la ILP antidesahucios. Aunque finalmente el PP ha retrasado todo el proceso hasta abril, la presión social y mediática sí logró que el partido en el Gobierno pasara en unas horas de anunciar que bloquearía la norma a votar por su tramitación.

“Eso quiere decir que del Congreso saldrá un proyecto de ley. Queremos que ese proyecto salga intacto tal y como entró: con el apoyo de cientos de miles de personas detrás”, señalaba Ada Colau en un vídeo grabado tras las manifestaciones del 16 de febrero. La portavoz de la PAH mostraba en sus gestos la euforia y el cansancio de unas semanas que la habían llevado dos veces al Congreso desde su domicilio en Barcelona para defender la ILP apoyada por más de 1.400.000 personas.

El 16F culminó hasta ahora un ciclo de movilización que irrumpió en el debate político mainstream con la proliferación de las acampadas y las asambleas de barrio en mayo de 2011. Pese a su capacidad de vertebración de todo un movimiento, ninguna marcha de Stop Desahucios había reunido un número significativo de personas  –comparadas con otras citas relacionadas con el 15M–.

Tras su éxito, las plataformas y grupos de apoyo ponían la vista en mantener la presión para la votación prevista inicialmente para el 7 de marzo. “ILP o escrache” es el lema difundido por las plataformas para estas semanas, en alusión a la táctica de señalamiento público de políticos así bautizada en Argentina. Antes de la admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular, más de 8.000 personas habían enviado 1.024.000 correos a los representantes del PP para que no bloquearan la medida.

La última referencia del Gobierno antes de la votación del 12 de febrero no se salía una coma de lo planteado por el Gobierno en su proyecto de ley de medidas extraordinarias sobre los desahucios. El discurso del ministro Luis de Guindos el 30 de enero en el Con­greso se refería a la supuesta “cultura de pago” existente en el Estado español como línea roja de la propuesta del Ejecutivo, que ha recibido tres enmiendas a las totalidad del Grupo Mixto, Izquierda Plural y PSOE.

Presiones externas antidación

Un experto en legislación hipotecaria consultado por DIAGONAL relacionaba esta línea roja con imposiciones exteriores. “La Comisión Europea no quiere que se repita lo sucedido en Irlanda, cuando los jueces comenzaron a respaldar los impagos mediante sentencias. Para la Comisión, lo esencial es mantener la estabilidad de los bancos rescatados”, asegura. En el debate, el diputado Joan Coscubiela (ICV) acusó a De Guindos de dar “una rueda de prensa” y de tener más en cuenta los intereses de los bancos que el de los hogares hipotecados.

“Veo difícil, si no imposible, que el Gobierno en estas circunstancias apruebe la dación en pago”, continúa el experto. No obstante, advierte, “si sigue la presión es posible que se llegara a plantear una reforma en la ley concursal para que las personas pudieran declararse en quiebra”, algo que permitiría a los jueces aplicar en la práctica la dación.Una posibilidad que Diego de las Barreras, uno de los abogados que participa en el grupo Stop Desahucios del distrito madrileño de Puente de Vallecas, ve con escepticismo: "los juzgados están ya saturados. Imagínate llevar todas las ejecuciones hipotecarias de Madrid a los 12 juzgados de lo mercantil que hay y que ya están sobrepasados sólo con las suspensiones de pagos de las empresas". 

Las medidas anunciadas verbalmente por De Guindos el 30 de enero como enmiendas a su propio proyecto de ley “suavizan la situación de los hogares hipotecados”, concede el experto consultado por este periódico. El Gobierno está apuntando, por ejemplo, rebajar los llamados intereses de mora a tres veces el interés legal del dinero. La aplicación de estos intereses desde el momento en que el hipotecado deja de pagar una cuota hace que en muchas ocasiones éstos acaben debiendo más al banco que la cantidad inicial suscrita en la hipoteca. No obstante, las medidas están muy lejos de la tríada de dación en pago retroactiva, alquiler social y moratoria de desahucios que la PAH considera “peticiones de mínimos” no negociables, y que además se apoyan unas en otras.  

El portavoz de la PAH Sabadell, Pau Llonch, da más pistas sobre esto en conversación telefónica. “Para muchas familias, la dación en pago es un arma de doble filo. Incluso si el banco se la concede, les dan un plazo de 15 días para entregar las llaves del piso, ¿y luego a dónde van?”. El Gobierno se sigue apoyando en el parque de 6.000 viviendas “de emergencia” para desahuciados aportado de forma voluntaria por las entidades. “Eso de las ‘situaciones de emergencia’ a lo mejor valía para las políticas municipales de antes de la crisis, pero ahora mismo la mayoría de ayuntamientos ya están desbordados”, indica.

La reivindicación del alquiler social, la gran olvidada en los medios de comunicación, propone que la persona bajo ejecución hipotecaria pueda quedarse en la vivienda en régimen de alquiler por una cantidad mensual que no supere el 30% de los ingresos del hogar. Se trata de una negociación que también está costando concretar con la banca, incluso allí donde las PAH han conseguido una interlocución directa y estable con los responsables de los departamentos bancarios de morosidad y recuperaciones, encargados de aprobar estas solicitudes.

Es el caso, en Catalunya, de los grupos de afectados de BBVA-Unnim, Catalunya Banc (antes Catalunya Caixa) y la financiera del Santander, UCI. Según comenta Carlos, que coordina al grupo de más de 230 hipotecados de BBVA-Unnim que participan en las diferentes PAH catalanas, llegar a un compromiso de negociación sobre el alquiler social fue el gran escollo después de que un grupo de más de 300 personas ocupara una sede de la entidad el 7 de febrero en el centro de Barcelona.

La acción tuvo éxito: en seis horas de ocupación obligó a sentarse a los interlocutores de BBVA para arrancarles el compromiso de una respuesta en un mes a las solicitudes de dación presentadas. Pero el escollo llegó cuando los representantes de BBVA “reconocieron que es política de empresa” la no concesión de alquileres sociales, señala el activista. “De ahí no se movieron”, afirma Carlos, que califica de “hipócrita” la aportación de 900 viviendas por parte de BBVA al fondo de viviendas para desahuciados auspiciado por el Gobierno.

Letra pequeña

En estas negociaciones que siguen ganándose una por una a la manera de una lucha artesanal, la paralización de procesos de los lanzamientos y las concesiones de dación en pago han dado las mayores victorias a las plataformas y las asambleas ciudadanas que también apoyan los Stop Desahucios. Pero en estos acuerdos a veces también hay letra pequeña.

Mercé Pidemont, que participa en las reuniones de afectados de Catalunya Banc, cuenta que una práctica habitual de las sucursales bancarias es dar la dación, pero unida a un préstamo personal. “Esto lo están haciendo con gente que a lo mejor ha pagado sus cuotas durante ocho o nueve años”, explica. Las cantidades de estos préstamos pueden llegar a 30.000 euros, con cuotas mensuales que, en el mejor de los casos, siguen suponiendo una carga para muchos de los hogares.

“Con la presentación de la ILP y los procesos de negociación en marcha con bancos y ayuntamientos, hemos llegado al límite legal posible”, afirma Ernest Marco, de PAH Barcelona, en una línea muy repetida estos días por los portavoces de las plataformas. Con la votación definitiva de la ILP, llega el ‘sprint’ activista. Cuando se conozcan las enmiendas de los grupos parlamentarios, se saldrá de dudas –al margen de lo adelantado por De Guindos en su comparecencia del 30 de enero– sobre hasta qué punto lo presentado por el PP y por el PSOE se parece a la ILP.

Las PAH y los grupos afines advirtieron de que profundizarán en sus acciones, incluyendo el señalamiento público –“y pacífico”, destaca Marco– de los diputados que no se comprometan a apoyar la ILP en sus tres demandas de mínimos. A día 28 de febrero, en la web escrache.afectadosporlahipoteca.com se han colgado materiales para facilitar estas acciones: datos sobre los diputados, recursos gráficos e información legal.

Las PAH y las asambleas de barrio también han anunciado que continuarán con las ocupaciones de vivienda. El 18 de febrero se anunciaba el realojo de vecinos en la Corrala Buena­ventura de Málaga, que se une a las otras nueve corralas liberadas en la provincia de Sevilla y a los seis bloques ocupados por la PAH en las comarcas catalanas del Vallès.
 

Un programa “de mínimos”

Dación en pago retroactiva

La deuda hipotecaria queda saldada al entregar la vivienda al acreedor. La ILP propone modificar dos artículos de la Ley de Enjui­cia­miento Civil si la ejecución es sobre la vivienda habitual del deudor. Tendría efecto para los procedimientos iniciados antes de la aprobación.
 

Alquiler social por cinco años

Se suma el artículo 675.bis a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Al afectado se le reconoce el derecho a seguir residiendo en la vivienda en alquiler por un periodo de 5 años desde la adjudicación. El importe de la renta mensual no subirá del 30% de los ingresos mensuales del arrendatario.
 

Moratoria de desahucios

El artículo 675.bis también contemplará que “no se podrá acordar el lanzamiento del inmueble en el seno de la ejecución hipotecaria cuando se trate de la vivienda habitual del ejecutado y cuando el impago sea debido a motivos ajenos a su voluntad”.

Hacia el derecho a la vivienda

La PAH insiste en que las tres medidas de la ILP son un “programa de mínimos” para abordar un problema más generalizado, el del acceso a la vivienda. Medidas como la propuesta por Izquierda Plural –y rechazada por el parlamento en julio– de creación de un parque público de viviendas en alquiler a partir de las propiedas vacías en manos de cajas y bancos rescatados son vistas con simpatía.

 

 

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