HACIA UN SISTEMA SANITARIO SEGREGADO
Las mentiras del Decreto

No se trata de crear una red sanitaria paralela, sino de conservar la atención sanitaria universal. Miembros de la campaña explican su desobediencia.

, Campaña ciudadana contra el RDL 16/2012
19/09/12 · 0:00
MADRID. Presentación de la campaña Yo Sí Sanidad Universal / Olmo Calvo

El Real Decreto Ley 16/2012 supone el desmantelamiento
del modelo sanitario que teníamos, no su “recorte”. Nos producen tanta
preocupación como indignación las mentiras sobre las que camina. Se
abrió con la escandalosa maniobra que incluía el turismo sanitario en la
polémica, pese a que el Real Decreto nada añade a los mecanismos que ya
había para facturar a su país el trasplante cardiaco que una persona
europea pueda hacerse aquí. Se quería envolver así la exclusión de
cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas de su derecho a la atención
sanitaria u obligarles a que se les facture, y esto en el humo de la
mayor mentira: se transmite que la Sanidad se paga por la cotización a
la Seguridad Social (SS). Esto es falaz y lo recordaremos sin cesar: Las
personas hoy excluidas, migradas o autóctonas, la pagan cada día. Ni un
euro sale de las arcas de la SS para centros de salud o medicinas.

La Sanidad es como el alumbrado o las carreteras: la
pagamos con la renta, el pan, la gasolina. La pagamos todos y todas. A
la ocultación de esto acompañan asunciones falsas, como que sea cara (es
una de las más baratas de la UE), ineficiente (aunque mejorable, es
considerada una de los mejores del mundo desarrollado) o insostenible
(en ese caso, no estaría siendo ya disputada por compañías privadas).
Cuando un Estado habla de Sanidad, debe contarla como inversión, no como
gasto.

El Gobierno tenía que gestionar algo que es de todos, pero lo desmantela. Es el auténtico ‘antisistema’

Por eso afirmamos que aquí el Gobierno es el auténtico
“antisistema”. Su trabajo era gestionar algo que es de todos, pero lo
desmantela para imponernos otra cosa, de otros, y muy cara. Juega la
vieja estrategia de la división social. Como con la reforma laboral
cuando se dijo que quienes trabajan deben ceder sus derechos por
solidaridad con quienes están en paro, como si estos últimos cuando
trabajen no fueran a sentir también esa pérdida. Alienta la xenofobia.
No vivimos en compartimentos estancos. En el campo de la salud, el RDL
crea diferencias entre personas aseguradas y las que no, y entre las
aseguradas en función de su renta. Se criminaliza a las más débiles (a
veces las que más han contribuido), como si enfermar fuera un delito.

Exigimos la derogación de este RDL. Lo desobedecemos
visiblemente ante un legislador, al que, perdida su legitimidad, solo
queda la imposición. Desobedecemos para mantener el sistema que
garantizaba la atención sanitaria, y al hacerlo visibilizamos su crimen y
los avergonzamos por su violencia.

En efecto, llamamos a la desobediencia civil a un texto
vulnerador de principios fundamentales, y aprobado al margen de los
mecanismos democráticos. Desobediencia, porque usa la “economía” como si
fuera autónoma de su fin: la construcción del modelo que socialmente
elegimos. Desobediencia, porque se apoya en terribles y peligrosas
mentiras y quiere enfrentarnos. Desobediencia porque destruye la
solidaridad sobre la que se fundan las sociedades, y porque aceptarlo
sería un envilecimiento cómplice que disolvería los cimientos y el
corazón de la nuestra. Desobediencia, en fin, porque esta ley mata
personas.

No queremos subvertir el modelo que tenemos, y tampoco
diseñar uno alternativo. Creemos que ni instituciones ni ONG deberían
hacerlo. Al contrario, vamos a seguir dándonos, ciudadanos y ciudadanas
nativas y migrantes, lo que elegimos y levantamos con nuestro esfuerzo.
Pretendemos tumbar este RDL desde la práctica, y para ello estamos
uniéndonos los usuarios y usuarias con quienes trabajan en la salud
(enfermería, medicina, farmacia, administración, etc.) de forma
corresponsable y solidaria.
Impediremos que este Gobierno deslegitimado y enloquecido nos robe algo
tan esencial y nos haga cómplices de ello. Si nos quiere separar, nos
uniremos más.

NO TENGO TARJETA PERO SÍ UN SEGURO

Una semana después de que las personas
sin permiso de residencia desaparecieran de las bases de datos de los
servicios autonómicos de salud sigue siendo una incógnita la aplicación
de una de las piezas anunciadas por el Gobierno para la futura atención
de este sector: el convenio al que podrán acogerse los sin papeles
previo pago de 710 euros anuales. En las instrucciones enviadas a las
autonomías se menciona el convenio, pero nada más. Si se concreta, la
medida se unirá a la cadena de de contradicciones legales provocadas por
la Ley de Extranjería. En este caso, la firma de un contrato
(¿mercantil?) entre la administración y alguien a quien el Estado no
reconoce un estatuto de ciudadanía.

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