La Ley de Lenguaje de Signos de
2007 reconoce a las personas sordas
el derecho a disponer de recursos
para desenvolverse en cualquier
ámbito, lo que implica interpretación
en centros públicos. Sin
embargo, su desarrollo se ha visto
frenado por recortes desde 2008.

La media en Europa es de un intérprete
por cada 10 personas sordas;
en España hay uno por cada 125.
La mayoría de los servicios se
prestan a través de las asociaciones
de la Confederación Estatal de
Personas Sordas (CNSE), que ya
ese año denunció que los convenios
con los que las administraciones
públicas le ceden recursos económicos
habían disminuido un 40%.

Hace dos meses lanzó un manifiesto
en el que pedía el cumplimiento
de la ley y otras federaciones regionales,
como la gallega, presagian
que habrá recortes drásticos cuando
se renueven convenios en enero.

La falta de intérpretes afecta al
acceso a servicios básicos como la
Sanidad y, sobre todo, la educación.

El caso más grave se ha dado en
Murcia, donde 150 alumnos han
perdido el primer mes de clases
porque la Consejería no había entregado
las subvenciones. Finalmente,
el conflicto se está solucionando
con el pago por plazos, pero
este año sólo habrá un intérprete,
frente a los cinco que tenía en 2010.
En Andalucía también se reducen
de 44 a 35 y en Cataluña de 24 a 10.
Esto supone que no se interpreten
todas las clases y que se reduzcan
las horas laborales que
cada intérprete dedica a preparar
materiales adaptados.

En general, la atención a la diversidad
en las aulas empeora drásticamente
con los recortes, que no
han comenzado este curso sino que
también vienen de antes. En
Madrid, las plantillas de equipos de
orientación y atención temprana no
han crecido en los últimos siete cursos,
a pesar de que el número de
alumnos ha subido. En Galicia ya
se redujo profesorado de audición
y lenguaje en 2009 y en Valencia el
curso comenzó en 2010 con los profesores
de apoyo para niños con
problemas de aprendizaje reducidos
a un tercio. Según UGT, también
en Castilla La Mancha,
Navarra, Aragón y Asturias se han
reducido los recursos compensatorios
(aulas de enlace, desdobles,
profesorado especialista).

Menos presupuesto conlleva más
precariedad para los intérpretes. En
Madrid, un nuevo convenio con la
Federación de Personas Sordas (FESORCAM)
rebajó en 2009 su categoría
salarial (son titulados de grado superior
y cobran como auxiliares administrativos)
y generalizó los contratos
temporales encadenados que
no cubren periodos vacacionales. A
principios de 2011, la Coordinadora de Intérpretes (CILSEM) obligó
a sus intérpretes a darse de alta como autonómas para prestar
los mismos
servicios. Varias trabajadoras denuncian que en los
últimos meses FESORCAM se está retrasando
sistemáticamente el pago de nóminas
y que la CNSE ha despedido a seis intérpretes
del personal fijo, mientras
que se han nombrado cinco nuevos
cargos directivos.