2010 no será un año de creación de
empleo. La sentencia de José Manuel
Campa, secretario de Estado de Economía,
resume las peores previsiones
de este Ministerio, que da por hecho
que en algunos momentos del
año se superará el 20% de paro entre
la población activa. La cascada de cifras
sobre el desempleo se concretó
el 29 de enero con los datos de la
Encuesta de Población Activa (EPA)
publicada por el Instituto Nacional
de Estadística (INE), que ha caído como
un plomo sobre las esperanzas
de recuperación que el Gobierno fomentó
en 2009.

La EPA es uno de los 180 indicadores
que los integrantes del Colectivo
Ioé incluyen en su riguroso Barómetro
Social de España, una base de
datos pública (barometrosocial.es),
que, cada año, acompañan de una
valoración crítica. El barómetro utiliza
“las fuentes estadísticas más adecuadas”
para cubrir los ámbitos sociales
de renta, empleo, salud y hasta
once campos más. Preguntados por
este periódico acerca de cuáles son
los efectos más significativos de esta
coyuntura económica, Carlos Pereda,
Miguel Ángel de Prada y Walter
Actis, miembros de este colectivo,
admiten que han observado un incremento
del disciplinamiento social,
“ante la falta de alternativas se
aceptan recortes de las condiciones
de trabajo (entre los ocupados) o empleos
en condiciones a la baja (entre
los desocupados)”. Y es que el factor
trabajo, eje de la crisis en el Estado
español, es el principal quebradero
de cabeza del Gobierno. El número
de ocupados según la EPA se situó
en los tres últimos meses del año
en 18.645.900 personas, o lo que es
lo mismo, más de un millón de personas
perdió su trabajo en 2009.

Desde Ioé explican que “la crisis deja
al descubierto la creciente brecha
existente en España entre el capital
financiero e inmobiliario y los directivos
de las grandes empresas, de
una parte, y la mayoría social de la
clase asalariada y un amplio sector
de pequeñas empresas y trabajadores
autónomos menos competitivos,
por otra”. Este Colectivo estima que
más de 400.000 pequeños empresarios
y trabajadores autónomos han
ido a la quiebra entre 2008 y 2009.
En la construcción, se han evaporado
34.700 empresas en el último
año, un dato que se une al descenso
de trabajadores por cuenta propia.
En el último año, 394.400 personas
han dejado de figurar en el régimen
de autónomos.

No obstante, la crisis se ha ensañado
especialmente con quienes antes
sufrían la precariedad. Entre los
principales resultados que destaca el
INE en su encuesta trimestral está el
hecho de que en 2009 el número de
asalariados ha caído en 815.000 personas,
de las cuales 668.000 tenían
contratos temporales. La hemorragia
de empleos temporales ha afectado
especialmente a mujeres, jóvenes
e inmigrantes. Según datos del Barómetro
Social, la tasa de paro de las
personas entre 16 y 24 años se sitúa
en el 24,6%, cuando en 2006 estaba
en su mínimo histórico, el 17,9%. Las
personas migrantes también se han
visto afectadas por la caída libre del
empleo temporal: actualmente el
29,70% de los extranjeros está en paro.
Esto sitúa al Estado español casi
17 puntos por encima de la media de
la UE, con 27 puntos en la tasa de
temporalidad en el empleo.

“La crisis ha reducido el tiempo de
trabajo y los ingresos de los ocho millones
de trabajadores intermitentes
(que alternan períodos de paro y
empleo temporal), lo que ha iniciado
un proceso de deterioro de su nivel
de vida (pérdida de poder adquisitivo,
deudas, impago de hipotecas,
etc.)”, explican desde el Colectivo
Ioé. “Algunos síntomas son los embargos
y desahucios, que se han disparado
en relación a años anteriores,
y la saturación de los albergues,
bancos de alimentos y otros servicios
de emergencia”. A falta de que
se haga oficial la tasa de pobreza de
2008, dato que todavía no se conoce,
la EPA refleja que más de 1,2 millones
de familias tienen a todos sus
miembros en paro. A comienzos de
2009 la proporción de personas en
paro sin ningún tipo de cobertura
aumentó del 23% al 30%.

Dos medidas aprobadas recientemente
por el Gobierno, y que han sido
calificadas como “un giro a la derecha”
en su política económica, han
venido a dificultar aún más la situación
de las personas con trabajos intermitentes,
quienes, además, asisten
a la privatización de servicios básicos
como sanidad o educación. La
primera de estas actuaciones es el
plan de reforma de la Seguridad
Social, con el que se busca retrasar
la edad de jubilación hasta los 67
años, y la que también plantea una
ampliación del periodo de tiempo
que se usa para calcular la prestación,
que, si se aprueba en el Pacto
de Toledo, pasará de los actuales 15
a 20 o 25 años. Antes, a finales de diciembre,
el Gobierno aprobaba la
reforma legal de desahucio exprés,
después de la cual bastará con un
mes para que el propietario solicite
el desalojo de su inquilino a la primera
reincidencia.

Sin que puedan conocerse aún
los efectos que tendrá esta reforma,
lo que sí se sabe es que la crisis dejó
en 2008 la cifra de desahucios más
alta de los últimos 15 años; ese año
se comenzaron un 4,3% de procesos de desalojo en relación al número
total de viviendas. En 2008,
hubo 60.000 embargos promovidos
por bancos y cajas de ahorro, más
del doble que el año anterior.

Los impulsores del Barómetro Social
explican que “las medidas anti crisis
han sido muy eficaces para blindar,
al menos momentáneamente, al sector
financiero, gracias al ‘salvataje’
bancario preventivo –pues sólo necesitó
desarrollarse parcialmente–, que
el Parlamento aprobó con pleno apoyo
de la Cámara en octubre de 2008”.
Asimismo, consideran que los estímulos
monetarios y fiscales también
han servido para el mantenimiento
de bastantes empresas, “aunque han
sido poco eficaces para un sector importante
de las más pequeñas”. Decretos
como la reforma fiscal, que
mantiene las ventajas fiscales de las
rentas del capital y se ha centrado en
el incremento de los impuestos indirectos,
evidencian que el esquema
de salida de la crisis “no modifica los
elementos básicos del modelo neoliberal”.

Para Ioé, el discurso que se
impone “es que para ‘crear empleo’,
cualquier empleo, hay que dar facilidades
a los empresarios, lo que
pasa por poner menos trabas a la
acumulación de capital y recortar
la parte de la renta apropiada
por las personas trabajadoras”.
¿Significa esto que el sector financiero
ha superado el primer
aviso de la crisis? La respuesta depende
de los datos que se tomen.
Los activos financieros retrocedieron
un 4,8%, aunque en una década
habían crecido por encima del 80%.
No obstante, la banca tiene tantas dificultades
para soltar el stock de viviendas
como para cobrar la deuda
de los promotores que, según la
Asociación Hipotecaria Española, asciende
a 325.000 millones de euros.

Por su parte, explican desde Ioé,
“las acciones de las grandes empresas
del Ibex-35, después del importante
bajón de su cotización en 2008,
han vuelto a revalorizarse en 2009.
Ello se produce justamente el año
con mayor bajada del PIB, cuando
las medidas adoptadas por el Gobierno
español y los organismos internacionales
se han decantando
netamente por reforzar el modelo
económico financiero que precedió a
la crisis y proporcionó tantos beneficios
al capital”.

En opinión de este Colectivo, después
de la constatación del disciplinamiento
social, el otro efecto significativo
de la crisis es que se ha
entrado en un proceso de “cierta pérdida
de legitimidad” de ese modelo
“y de las instituciones y agentes políticos
y económicos que lo promueven”.
Sin embargo, los promotores
del Barómetro Social creen que faltan
cauces efectivos “y propuestas
alternativas con viabilidad política”
para revertir esta situación.

POLÍTICAS DE EMPLEO EXCLUYENTES

TERESA GARCÍA ESPEJO

Las feministas apuestan
por la creación de
un sistema productivo
inclusivo que sería más
rentable que el actual,
como recoge el manifiesto
Feminismo ante
la Crisis. María Pazos,
investigadora del Instituto
de Estudios Fiscales
y firmante del texto,
recuerda que la Comisión
Europea avala esta
tesis en distintos documentos.
Pero las medidas
anti crisis del
Gobierno español van
contra esta corriente.

Pazos critica la prestación
de 420 euros para
quienes perdieron su
trabajo durante la crisis
porque no ampara a
las personas que no
trabajaban ni cobraban
prestación con anterioridad,
por tanto, no
llega a los parados de
larga duración, mujeres
en su mayoría. Por su
parte, Mertxe Larrañaga,
profesora de Economía
de la Universidad
del País Vasco, resalta
que aunque el paro ha
afectado más a los
hombres, esto no significa
que la situación de
las mujeres sea mejor.

Lamenta que las políticas
se dirijan a sectores
masculinos, como
la construcción y el
automóvil, creando trabajos
temporales y
aumentando el malestar
de los trabajadores
a tiempo parcial; también
con mayoría de
mujeres. Asimismo,
María Pazos considera
que el dinero público
del Plan-E debería
haberse invertido en
servicios públicos que
contribuyeran a cambiar
el modelo productivo.

Respecto a la reforma
del régimen laboral
de las empleadas del
hogar, Carmen Bravo,
de CC OO, asegura que
los sindicatos proponen
“medidas fiscales
para que las empresas
de servicios incluyan
esta prestación” y, si
no es así, “que se
incrementen las cuotas
a la Seguridad Social
del empleador con
beneficios para el
empleado”. Bravo califica
de “anacrónico” el
servicio doméstico y
considera urgente
aprobar una legislación
que reconozca los mismos
derechos para los
trabajadores del hogar,
de los que el 90% son
mujeres.