Foto: Olmo Calvo

El sector de los transportes y comunicaciones
tampoco se libra de
las privatizaciones y de la destrucción
de puestos de trabajo. El 10
de noviembre, el secretario general
de la Federación Estatal de
Transportes y Comunicaciones de
CGT, José Aranda Escudero, envió
una carta al ministro de
Fomento, José Blanco, en el que le
trasladó la rabia y la indignación
de los trabajadores del sector ante
las políticas de su Gobierno. En
ella, expuso que las privatizaciones
progresivas de compañías estatales
de transporte como Renfe,
Adif y Feve no sólo encarecen servicios,
sino que precarizan las condiciones
de los trabajadores. La
carta también denunciaba que, al
entregar los transportes de viajeros
por carretera a las multinacionales,
éstas han establecido sus
monopolios privados y se comportan
a nivel laboral como “verdaderos
tratantes de esclavos”.

En octubre, el Consejo de
Administración de Aena ratificó
la prórroga del proceso por el que
se privatizarán los aeropuertos de
El Prat en Barcelona, y de Barajas
en Madrid. De este modo, antes
del 31 de enero de 2012 se abrirá
al capital privado el 90% de los
dos aeropuertos. Grupos como
FCC, Ferrovial, San José o
Abertis. Desde las asociaciones de
controladores aéreos se denuncia
que la privatización de los aeropuertos
triplica los accidentes,
multiplica por seis las demoras,
suben las tasas aeroportuarias y
el precio final de los billetes.

Si en la última legislatura el
Ministerio de Fomento ya encareció
un 2% el precio de los transportes
interurbanos, en la próxima
legislatura el transporte sigue
en el punto de mira de los gestores
liberales de la crisis, así, la
CEOE ya ha pedido privatizar las
empresas públicas de transporte
urbano, metros y RENFE.

En el transporte público urbano
también se han dejado notar los
recortes presupuestarios. En
Valencia, la EMT ya sufrió un recorte
de 14 líneas de autobuses, y
se prevé que otras 10 líneas más
puedan verse afectadas por recortes
adicionales. En Madrid, los
usuarios han sido los principales
afectados por la política de recaudación
de la Comunidad de
Madrid, que en julio subió un 50%
en el precio del billete sencillo. En
Zaragoza, el gobierno municipal
del PSOE subirá el precio del autobús
entre un 20 y un 30% sobre
su precio actual, según la oposición
del PP; en Palma deMallorca,
las tarifas de autobús urbano se
han incrementado un 23% para
paliar la deuda de 1,5millones que
el Govern tiene con la Empresa
Municipal de Transportes. A finales
de septiembre, el Ayuntamiento
de Granada aprobó una subida
media de los bonos de transporte
del 6%, solo un año después
del último incremento tarifario. En
municipios con menos población
como Bermeo (Bizakia) o Paterna
(Valencia), el billete de autobús ha
crecido un 50% y un 20% respectivamente.