El proyecto de reforma de
la Ley de Extranjería prevé
aumentar a 60 días el
tiempo de internamiento
de las personas inmigrantes retenidas
en los CIE, aunque ampliable
a 14 más –es decir, un máximo
de 74 días– en tanto se tramite
una petición de hábeas corpus o
“el extranjero solicite asilo”. Y
aunque se continúa hablando de
una “medida cautelar de detención
e internamiento”, la realidad
confirma que la política migratoria
del Gobierno se aleja cada vez
El proyecto de reforma de
la Ley de Extranjería prevé
aumentar a 60 días el
tiempo de internamiento
de las personas inmigrantes retenidas
en los CIE, aunque ampliable
a 14 más –es decir, un máximo
de 74 días– en tanto se tramite
una petición de hábeas corpus o
“el extranjero solicite asilo”. Y
aunque se continúa hablando de
una “medida cautelar de detención
e internamiento”, la realidad
confirma que la política migratoria
del Gobierno se aleja cada vez
más de los derechos humanos y
se acerca a la vinculación inmigración/
delito que la Italia de
Berlusconi ha logrado imponer.
Se fija un nuevo derecho, el de
“entrar en contacto con organismos nacionales, internacionales
y no gubernamentales
de protección de inmigrantes”,
un punto sobre el que todas las
organizaciones consultadas parecen
tener reservas, ya que dependerá
de cómo se garantice
para hablar de un paso hacia el
fin de la opacidad de los llamados
“Guantánamos europeos”.
Hace diez años, la orden ministerial
sobre CIE fijó que se facilitaría
“especialmente la colaboración
de las instituciones y asociaciones
dedicadas a la ayuda de
los extranjeros”, una década de
papel mojado.
Además queda por ver qué se
entiende por ese “entrar en contacto”, que vayan a fiscalizar y denunciar lo
que allí pasa? O, por el contrario,
¿irán ONG acólitas que con su
trabajo avalen y garanticen transparencia
al sistema cada vez más
represivo que se intenta imponer?
El proyecto crea un procedimiento
de expulsión “ordinario”,
aplicable a determinados y reducidos
supuestos, y que permitirá
al inmigrante un “plazo de cumplimiento
voluntario” que oscilará
entre 7 y 30 días para que se
regrese a su país, sin tener que
pasar por el CIE.
Hasta ahora eran las situaciones
de arraigo las que “podían”
impedir el ingreso al CIE, pero
desde diferentes movimientos
sociales se ha denunciado que este
derecho se avasalla con asiduidad:
inmigrantes con hijos e hijas
españolas, que llevaban viviendo
en España más de 20
años, personas empadronadas y
con lazos de familia y amistades
aquí, han pasado por el CIE e incluso
han sido deportadas. Resta
ver, entonces, los reales alcances
de ese procedimiento ordinario.
Incluso en un razonamiento
más elemental que político, cuesta
pensar que una familia inmigrante
pueda dar un cambio radical
a su vida y en el plazo de un
mes deshacerse de sus cosas y
volver a un país donde quizá vendió
todo para cumplir el sueño de
venir a España.
“Preocupa a esta institución
comprobar la acusada tendencia
a priorizar las medidas de
seguridad y control policial de
los centros, en claro detrimento
de las condiciones de vida de los
internos y del mantenimiento de
sus derechos no afectados por
la privación de la libertad deambulatoria”,
denunció recientemente
el Defensor del Pueblo en
su informe sobre el CIE de
Murcia, una sentencia que a la
luz de los testimonios –como los
recopilados por la Plataforma
Cerremos los CIE en el centro
de Aluche en Madrid– podría
aplicarse al conjunto de centros
del Estado español.
En este mismo número de DIAGONAL
_ [Inmigrantes, chivos expiatorios de la crisis->8470]
_ [El proyecto sigue criminalizando la solidaridad->8471]
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