Más celdas para las cárceles de migrantes

El proyecto de reforma de
la Ley de Extranjería prevé
aumentar a 60 días el
 tiempo de internamiento
de las personas inmigrantes retenidas
en los CIE, aunque ampliable
 a 14 más –es decir, un máximo
de 74 días– en tanto se tramite
una petición de hábeas corpus o
 “el extranjero solicite asilo”. Y
 aunque se continúa hablando de
una “medida cautelar de detención
e internamiento”, la realidad
confirma que la política migratoria
 del Gobierno se aleja cada vez

09/07/09 · 0:00

El proyecto de reforma de
la Ley de Extranjería prevé
aumentar a 60 días el
 tiempo de internamiento
de las personas inmigrantes retenidas
en los CIE, aunque ampliable
 a 14 más –es decir, un máximo
de 74 días– en tanto se tramite
una petición de hábeas corpus o
 “el extranjero solicite asilo”. Y
 aunque se continúa hablando de
una “medida cautelar de detención
e internamiento”, la realidad
confirma que la política migratoria
 del Gobierno se aleja cada vez
más de los derechos humanos y
 se acerca a la vinculación inmigración/
delito
que la Italia de
 Berlusconi ha logrado imponer.

Se fija un nuevo derecho, el de
 “entrar en contacto con organismos nacionales, internacionales
 y no gubernamentales
de protección de inmigrantes”,
 un punto sobre el que todas las
organizaciones consultadas parecen
tener reservas, ya que dependerá
 de cómo se garantice
 para hablar de un paso hacia el
fin de la opacidad de los llamados
 “Guantánamos europeos”
.
 Hace diez años, la orden ministerial
 sobre CIE
fijó que se facilitaría
“especialmente la colaboración
de las instituciones y asociaciones
dedicadas a la ayuda de
los extranjeros”, una década de
papel mojado.

Además queda por ver qué se
entiende por ese “entrar en contacto”, que vayan a fiscalizar y denunciar lo
 que allí pasa? O, por el contrario,
¿irán ONG acólitas que con su
trabajo avalen y garanticen transparencia
 al sistema cada vez más
represivo que se intenta imponer?
 El proyecto crea un procedimiento
de expulsión “ordinario”,
 aplicable a determinados y reducidos
supuestos, y que permitirá
 al inmigrante un “plazo de cumplimiento
voluntario” que oscilará
entre 7 y 30 días
para que se
regrese a su país, sin tener que
 pasar por el CIE.

Hasta ahora eran las situaciones
 de arraigo las que “podían”
impedir el ingreso al CIE, pero
desde diferentes movimientos
sociales se ha denunciado que este
derecho se avasalla con asiduidad
:
 inmigrantes con hijos e hijas
españolas, que llevaban viviendo
en España más de 20
años, personas empadronadas y
con lazos de familia y amistades
 aquí, han pasado por el CIE e incluso
han sido deportadas. Resta
ver, entonces, los reales alcances
 de ese procedimiento ordinario.
Incluso en un razonamiento
más elemental que político, cuesta
pensar que una familia inmigrante
 pueda dar un cambio radical
a su vida y en el plazo de un
 mes deshacerse de sus cosas y
volver a un país donde quizá vendió
 todo para cumplir el sueño de
venir a España.

“Preocupa a esta institución
comprobar la acusada tendencia
a priorizar las medidas de
seguridad y control policial de
los centros, en claro detrimento
 de las condiciones de vida de los
internos y del mantenimiento de
 sus derechos
no afectados por
 la privación de la libertad deambulatoria”,
 denunció recientemente
el Defensor del Pueblo en
 su informe sobre el CIE de
Murcia, una sentencia que a la
 luz de los testimonios –como los
 recopilados por la Plataforma
 Cerremos los CIE en el centro
 de Aluche en Madrid– podría
 aplicarse al conjunto de centros
del Estado español.

En este mismo número de DIAGONAL
_ [Inmigrantes, chivos expiatorios de la crisis->8470]
_ [El proyecto sigue criminalizando la solidaridad->8471]
_ [El vídeo exclusivo de una práctica habitual->8473]
_ [«Entramos en una situación de ilegalidad en materia de asilo»->8469]
_ [La prosa del PSOE->8468]

+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0

separador

Tienda El Salto