Especulación_Energia (Foto: Olmo Calvo)

En el año 1997, el Gobierno de José
María Aznar promulgó la Ley 54/1997
que liberalizaba el sector eléctrico
español. A raíz de esta privatización
nació el concepto de ‘déficit
tarifario’ o déficit de tarifa eléctrica,
esto es, la diferencia entre el
monto total recaudado por las tarifas
fijadas por la Administración y
el coste real de la energía una vez
cuantificados los costes de adquisición,
transporte, subvenciones, etc.
Hoy, José María Aznar es asesor
externo de Endesa, cargo por el que
percibe un sueldo que ronda los
200.000 euros anuales, y el déficit
tarifario español es un quebradero
de cabeza para el Gobierno de su
sucesor, Rodríguez Zapatero. La
deuda con las eléctricas se basa en
un control aplazado de la inflación
de los precios del suministro eléctrico.

Según datos de la Comisión
Nacional de la Energía, el desajuste
entre los ingresos de los recibos de
la luz y el coste de la energía fue de
4.564,7 millones en 2010, lo que deja
el déficit tarifario acumulado en
17.719 millones de euros.
Para solucionar el embrollo, en
diciembre de 2010, el Gobierno del
PSOE aprobó un real decreto que
corregía las previsiones de 2009,
con medidas urgentes para reducir
el desequilibrio. El objetivo es que
en 2013 el recibo de la luz cubra los
costes reales de la energía. Pero, en
el contexto de la crisis económica y
la crisis de recursos, este objetivo
es difícil de cumplir; no en vano, la
mayor parte del déficit acumulado
proviene del alza del precio de los
hidrocarburos (petróleo y gas) que
ha tenido lugar desde 2005.

Alimento para tiburones

Para complicar este panorama,
desde principios de año, el Gobierno
ha optado por colocar el déficit
tarifario en los mercados de deuda:
esto encarecerá el recibo de la luz(un 10% anual, según las estimaciones
del banco USB), ya que a la
deuda se le suman los intereses que
percibirán quienes compren esos
bonos. Y es que el mercado de la
electricidad está en el punto de mira
de las entidades financieras y
aseguradoras; según Cinco Días, la
especulación en este mercado ya
ha costado a los españoles más de
700 millones.

Además de la venta de deuda, la
forma en que se produce este traspaso
de facto desde las rentas del
trabajo a las del capital industrial
viene establecida por las subastas
llamadas Cesur (contratos de
energía para el suministro de último
recurso), en las que se estima
el precio que va a tener la energía
durante el próximo trimestre. En
caso de que, cumplido el plazo que
se establece en estas subastas, el
coste de la energía en el mercado
en tiempo real (llamado ‘spot’) sea
menor que el fijado tras la subasta
Cesur, el comprador se embolsa la
diferencia. Por este motivo, bancos
como Deutsche Bank, el Royal
Bank of Scotland, Goldman Sachs
o Morgan Stanley han entrado en
el sector para fijar precios aun más
inflacionistas, lo que ha conllevado
las quejas de las eléctricas españolas
que buscaban controlar
oferta y demanda por medio de filiales.
Según la Comisión Nacional
de la Energía, en la subasta llevada
a cabo en diciembre, de la que
salió el precio de la energía para el
primer trimestre de 2011, se produjo
un encarecimiento del 4,5%
en la facturas.

Como explica Ladislao Martínez,
miembro de Ecologistas en Acción,
“los perdedores somos los usuarios
finales, ya que los bancos fijan para
mercados futuros precios mayores
de los que se van a producir
dentro de un mes”. Esos precios estimados
al alza son los que establecen
la Tarifa de Último Recurso (TUR), que es la que pagan más de
20 millones de personas en el
Estado español.

El Gobierno y el mercado

Pero, ¿qué ocurre cuando la subasta
Cesur abarata los costes de la electricidad?
La llegada de la primavera ha
respondido a esta pregunta. El buen
tiempo, que hace que la población
consuma menos electricidad, las
buenas cifras de la energía hidráulica
registradas en 2010, y el descenso
de precios en el mercado spot, ha supuesto
que el precio de la electricidad
cayese un 10% en la última
subasta Cesur, celebrada el 22 de
marzo. No obstante, y a pesar de que
el ministro de Industria aseguró en
diciembre que no subirían los peajes
de acceso, el Gobierno de Zapatero
ha aprovechado las buenas noticias
para reducir el déficit tarifario por
medio del incremento de los peajes,
con los que se paga el coste del transporte
y distribución de electricidad,
las primas a las renovables, los intereses
del déficit de tarifas de años anteriores
y otros conceptos de coste.

Así, los consumidores que se acogen
a la Tarifa de Último Recurso y
al Bono Social (para personas con
poco poder adquisitivo), que tienen
tarifas fijadas por la Administración,
no verán reducida la factura
de abril para que el Gobierno
amortigüe el déficit tarifario, mientras
que quienes tengan contratados
más de 10 kW de potencia, o estén
en el mercado libre, pagarán
más, ya que en su caso las tarifas se
fijan en función de los peajes de acceso
y no del precio mayorista.

El quid de la cuestión, señala
Ladislao Martínez, está en cómo las
compañías eléctricas obtienen “ingresos
exagerados de activos de
generación como las hidroeléctricas
y las nucleares, amortizadas en el régimen
retributivo anterior y que dan
beneficios brutales como consecuencia
del sistema liberalizado”. Esto ha
permitido a Iberdrola obtener beneficios
por 2.870 millones de euros,
los mayores de su historia, mientras
que Endesa incrementó su beneficio
un 20% respecto a 2009.

Todo en un contexto de fuerte
recesión y de guerra por los recursos.
“Los márgenes de beneficio
de las eléctricas son excesivos, pero
el problema de base”, opina
Ladislao Martínez “es que no hay
recursos energéticos suficientes
en este país; por tanto una política
de izquierdas tiene que pasar por
hacer que la sociedad sea consciente
de que los aviones son demasiado
baratos, no demasiado
caros; que los coches son demasiado
baratos; que la gasolina es
demasiado barata, no demasiado
cara y que se deben usar los medios
de transporte públicos”.

A juicio de este integrante de
Ecologistas en Acción, el precio de
la energía, tanto de los hidrocarburos
(destinados principalmente al
transporte) como de las energías para
generación eléctrica, debería
mantenerse alto con el fin de obtener
recursos para aplicar medidas
de ahorro eficientes, “que significan
un coste de inversión”, explica
Martínez, y para promocionar las
energías renovables, “que con el nivel
tecnológico actual todavía son ligeramente
más caras que las tradicionales”.

El descrédito social de las centrales
nucleares provocado por el
accidente de Fukushima, el final
de la era del petróleo barato, el alza
de los precios de gas natural y el
“relativo aislamiento” de la red básica
de energía del resto del continente,
se han unido a la marcha
atrás del Gobierno en su apuesta
por las renovables, verbalizada en
el llamado Pacto de Zurbano y sacada
del tapete en abril de 2010,
cuando el Ejecutivo retiró el plan
para incentivar las energías renovables,
especialmente la fotovoltáica
y la eólica marina. En la misma
línea difusa se mueve el Acuerdo
Social firmado el pasado febrero.
Para los firmantes de este documento
(Gobierno, CC OO y UGT y
patronal), las prioridades son, por
este orden, garantizar la seguridad
de suministro y la reducción de dependencia
energética, mantener la
competitividad económica y, en
tercer lugar, promover la sostenibilidad
medioambiental.

Aunque la producción de energía
hidráulica, eólica, solar y biomasa
en España ha crecido 60 puntos en
diez años, el consumo total de energía
creció un 46% entre 1996 y 2007,
mientras que la media de UE creció
sólo un 5%. Esto ha llevado al
Estado español a alejarse de los
compromisos de reducción de CO2
establecidos en la cumbre sobre
cambio climático de Kioto, si bien el
parón de la actividad inmobiliaria
ha atenuado el impacto ambiental
de la actividad energética. En marzo
se ha sabido que España ha reducido
sus emisiones de gases de
efecto invernadero un 8% en 2010,
lo que la sitúa 5 puntos porcentuales
por encima de la exigencia de
reducción marcada en Kioto para
atenuar el calentamiento global.

Las nucleares,
de capa caída

El accidente de la central nuclear de
Fukushima en Japón ha puesto en
entredicho la seguridad de dos plantas
españolas, las de Garoña (Burgos)
y Cofrentes (Valencia), que utilizan
reactores nucleares de agua en
ebullición similares a los de la central
japonesa. Tras el accidente, el
presidente del Gobierno y el ministro
de Industria se reunieron con la presidenta
del Consejo de Seguridad
Nuclear para evaluar la seguridad de
las centrales en España. A dicha
reunión no asistió la ministra de
Medio Ambiente, Rosa Aguilar,
quien ha declarado que no es el
momento de reabrir el debate sobre
las nucleares. En la actualidad, la
energía nuclear cubre el 10,5% de la energía primaria consumida en España.

“El cálculo del déficit tarifario
es totalmente ficticio”

El déficit tarifario surge
de lo que se paga por
la energía, pero no
por el coste real de la
producción de la electricidad.
Esta fue una
estrategia que utilizó el
Gobierno de Aznar
para que los precios
de la energía no subieran
cuando se liberalizó
este mercado. “Es
dinero que en teoría se
debe a las eléctricas,
porque no han recuperado
los precios pagados
en la subasta mayorista.
Este precio no
tiene nada que ver con
los costes de haber
producido esa energía”,
explica Marcel
Coderch, del consejo
asesor para la Sostenibilidad
de Catalunya.

“Este cálculo es ficticio,
porque si te crees
el precio de la subasta
en el que participan
las mismas empresas
eléctricas con distintas
filiales, si te crees el
coste de la energía
que marcan las propias
empresas. Necesitas
creerte muchas
cosas”. Una vez están
amortizadas las instalaciones,
la energía
eólica e hidráulica son
las más baratas, frente
a la más costosa que
es la derivada del gas
natural. El coste de la
factura eléctrica se
amplía con los peajes
por distribución y
transporte.