Hospitales públicos, sanidad universal
Malas artes para favorecer al sector privado

La Consejería de Sanidad de Madrid deriva pacientes de la Seguridad Social a las clínicas privadas. A través del call center de Sanidad, se cita por teléfono a los pacientes en plazos muy breves, pero si quieren ser atendidos en la sanidad pública las citas pueden llegar a ser de hasta un año de espera. Usuarios y médicos de la sanidad pública denuncian las prácticas de la Consejería para favorecer a las privadas e ir cerrando centros de especialides públicos.

, Redacción
01/07/13 · 17:00
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12 de Octubre. Facultativos y usuarios de este hospital, que atiende a ciudadanos y ciudadanas del sur de la capital, denuncian la política de derivaciones al sector privado de personas en lista de espera para operar en centros de salud públicos. / David Fernández

“Mi madre, de 83 años, tiene cataratas y el médico dijo que debía operarse. De un día para otro, la llamaron para ser intervenida y le ofrecían un listado de ocho clínicas privadas para la intervención. Pero ella pidió ir a su hospital de siempre, el Hospital 12 de Octubre, que está al lado de casa y donde están sus médicos. Entonces le dijeron que tardarían 90 días, pero ya han pasado casi 120 y aún no sabemos cuándo la operan”, cuenta a DIAGONAL Silvia Bueno.

Pero el de su madre, no es el único caso. Sin ir más lejos, ella misma ha vivido una situación similar: “Tengo una lesión cervical desde hace un año. En septiembre pasado me hicieron radiografías y el traumatólogo me mandó unas pastillas, pero el dolor no se me quita. En marzo me mandaron una resonancia. Me tenían que dar cita en mi centro de especialidades de la Seguridad Social de la calle Cestona, en Orcasitas, dependiente del 12 de Octubre. Un día me llaman y me dicen que en un mes me puedo hacer la resonancia y que puedo elegir entre dos centros privados: Centro de Diagnostico USP [del grupo Quirón] o la clínica de La Mila­grosa. Dije que no, que quiero ir como siempre al Hospital 12 de Octubre u otro centro público. La administrativa me respondió que no le dejaban darme cita en la pública”, relata Bueno, de 43 años. “He presentado una queja y me han dicho que están saturados y no hay citas en la sanidad pública y que remiten mi queja al hospital. No quiero que mis impuestos reviertan en empresas privadas. Quiero que me atiendan en la sanidad pública”, denuncia. Finalmente, días después de que Silvia Bueno diera su testimonio a este periódico, esta usuaria fue citada por  teléfono para realizar la resonancia en el Hospital 12 de Octubre, en la segunda semana de julio.

Traspaso de pacientes

El caso de esta usuaria de la sanidad pública madrileña forma parte de una estrategia encubierta de traspaso de pacientes de la sanidad pública a la privada. Jesús Jaén, representante de Patusalud, Plataforma de Trabaja­dores y Usuarios por la Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid, integrante de la Marea Blanca, señala que ésa es la práctica habitual.

“La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está derivando a los pacientes a las clínicas privadas para hacer las pruebas que hasta ahora se hacían en hospitales públicos”, señala Jaén, celador del hospital público La Princesa. “Tenemos una “Hay una privatización invisible que es enviar a los pacientes a los centros privados e ir cerrando los hospitales circular interna que repartió gerencia a los administrativos que dan las citas en el centro de especialidades de García Noblejas, dependiente de La Princesa, con un listado de centros donde debían remitir a los pacientes: Fundación Jiménez Díaz (grupo Capio), clínica La Moncloa, hospital de la Venerable Orden Tercera de San Francisco, Sanatorio Quirúrgico Virgen del Mar, hospital de San Rafael, clínica Anderson España, Clínica Madrid, Clínica de la Beata María Ana de Jesús... todas privadas”, relata Jaén. Explica que el objetivo es ir cerrando los hospitales públicos, empezando por sus centros de especialidades: “Las consultas de García Noblejas las están pasando a los privados y una pequeña parte directamente a La Princesa. Además, sólo en un año han despedido a 3.000 personas entre médicos y personal laboral”, señala.

Jaén apunta también que esta práctica es muy sutil, porque estos días se habla de la privatización total de seis hospitales de Comunidad de Madrid (los de Parla, Aranjuez, Coslada, Arganda del Rey, San Sebastián de los Reyes y Vallecas), pero “existe una privatización invisible que es enviar a los pacientes a los centros privados, infrautilizar aparatos recién comprados, despedir a médicos interinos, desmontar lo público e ir cerrando los hospitales públicos. Esta gente se está llevando la espina dorsal de la sanidad pública”, concluye Jaén. A pesar de todo, cada vez más se extiende más la desobediencia civil, también contra la privatización de la sanidad.

“Nos llevan como a borregos”

“Tenía una revisión en mayo y tenían que hacerme una colonoscopia. Fui a mi centro de especialidades en Orcasitas para que me dieran cita para el 12 de Octubre. Me dijeron que me llamarían y a los pocos días me telefonearon y me ofrecieron ir a tres centros, entre ellos la Fundación Jiménez Díaz (grupo Capio), pero quería ir al 12 de Octubre. Entonces me dijeron que tendría que esperar hasta febrero de 2014”, explica Eubilio Rodríguez, de 69 años. Insiste en que su caso no es urgente, pero juegan con los pacientes: “Nos llevan como borregos hacia la gestión privada de nuestra sanidad. Y luego dirán que elegimos... No elegimos, nos obligan a coger las citas más próximas que casualmente son las de las privadas”, dice con enfado. Rodríguez es “cura” (no sacerdote, aclara) e invita a rebelarse y luchar contra lo que define “un chantaje” a los ciudadanos.

En defensa de lo público, catorce personas fueron detenidas el 17 de junio en Vallecas, protestaban contra el cierre del Centro de Especia­lidades Federica Montseny, dependiente del hospital de Vallecas, uno de los seis que se van a privatizar ahora en su totalidad. La protesta frente al centro de especialidades de Vallecas fue reprimida violentamente por los antidisturbios, que identificaron y detuvieron a varias personas, algunas portavoces de movimientos sociales. Se les imputa resistencia, desobediencia y allanamiento de morada de persona jurídica por encerrarse en el centro de salud.

Fernando P., médico del hospital Severo Ochoa de Leganés, Madrid, denuncia también esta política privatizadora de la Comunidad de El paso de pacientes de la pública a la privada se lleva a cabo desde el Call Center de la Consejería de Sanidad Madrid: “Este año se ha multiplicado por tres el concierto con clínicas privadas, aumentando el presupuesto para estas empresas, mientras están despidiendo médicos. En el Severo Ochoa los interinos ya no tienen contratos de un año, son de tres meses máximo. Nosotros hemos denunciado que la Consejería permite a las privadas que fagociten los datos de nuestros pacientes. Es decir, se les da cita en el hospital y luego se les llama por teléfono ofreciéndoles ser intervenidos en mucho menos tiempo y, si se niegan, les siguen telefoneando e insistiendo un día y otro. Incluso tenemos una carta de la Consejería de Sanidad advirtiendo a una señora de que si su salud se deteriora es su responsabilidad por no aceptar la cita en una clínica privada”.

Este facultativo explica que, además, no se anulan las citas, “por tanto las listas de espera de la pública cuentan con personas que ya han sido atendidas en la privada. Entonces los médicos esperamos a nuestros pacientes, pero éstos no aparecen. Esto se lleva a cabo desde el call center de la Consejería, donde se capta a los pacientes para las privadas. El centro de citas telefónicas contrata a personas para que insistan a los pacientes como hacen las compañías telefónicas que se dedican a dar la ‘tabarra’ a los usuarios y les ofrecen ventajas… Es una vergüenza”, denuncia este médico del Severo Ochoa.

Fernando P. ha interpuesto una denuncia contra la Comunidad de Madrid por su despido. Su caso es el de uno de los 600 profesionales que han sido cesados este año por decreto, rozando la jubilación, a pesar de que él y otros muchos tenían ya concedida la prolongación de la vida laboral. “Pero el despido no es para que entren nuevos médicos, forma parte de la misma estrategia de deterioro de la sanidad pública. Se hace poco a poco para ir abandonando la pública y acabar cerrando nuestros hospitales”, concluye.

Imputados los impulsores de la privatización

La Marea Blanca y todos los movimientos sociales en defensa de la sanidad pública celebran la aceptación de la querella contra cargos del PP que iniciaron la privatización de la sanidad de Madrid. El Juzgado número 4 de Primera Instancia de Madrid admitió la querella criminal contra estos cargos de la Sanidad madrileña cuando se puso en marcha en 2003 el proceso que ahora se acentúa de traspaso a las privadas. El juez va a estudiar las irregularidades relacionadas con la privatización de varios centros. Entre los imputados figuran los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes; el todavía director general de Hospitales, Antonio Burgueño, y empresas como Ribera Salud y Capio, beneficiarias de varios de los contratos de privatización.

 

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