DESOBEDIENCIA CIVIL // EL DESACATO A LA LEGALIDAD DESDE LA ACCIÓN COLECTIVA
Luchar contra la ley para ganar el porvenir

La profundización de los recortes sociales ha insertado
en la actualidad cotidiana modos de resistencia que se
engloban en el viejo concepto de desobediencia civil.

16/05/12 · 17:11
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NO QUIERO PAGAR’ PEAJES
En el mes de mayo ha habido varios llamamientos a eludir el pago de peajes en autovías.

El 7 de mayo, el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, reunido para valorar la reforma aprobada por el Ministerio de Educación, se declaraba en rebeldía: anunció que no aplicaría los nuevos criterios de ordenación docente el curso que viene y llamó a los profesores a no suspender a alumnos “para evitar la injusta penalización de las segundas y sucesivas matrículas”. Está por ver el alcance del gesto, pero lo que proponen estos profesores es que la desobediencia se propague por la comunidad universitaria hasta el punto de que las decisiones del Gobierno no lleguen a materializarse. No es un caso aislado: en el último año se han multiplicado las acciones de rechazo a normas y reformas que son consideradas injustas o inmorales, revitalizando el nunca muerto concepto de desobediencia civil.

La profesora de Ciencia Política Julieta Marcone define la desobediencia civil como “una acción de protesta colectiva, moralmente fundamentada, pública, ilegal, consciente y pacífica que, violando normas jurídicas concretas, busca producir un cambio parcial en las leyes, en las políticas o en las directrices de un gobierno”. Para explorar el nuevo marco teórico en el que se desarrolla la “vieja” desobedencia civil, preguntamos a la investigadora Ester Massó Guijarro, quien cree que “los procesos de globalización, con la interconexión que implican en los destinos de personas en distintos lugares del mundo, abren espacios y lógicas distintas de contestación”, nuevos lugares “donde pueden y deben abrirse la rebelión y el desafío”. No obstante, los principios activos de la desobediencia civil se mantienen intactos: el hecho de que ponga en marcha dos fundamentos de la democracia como son la soberanía popular y el reconocimiento del derecho a tener derechos y que siempre se desarrolle en ámbitos, espacios y movimientos plurales.

Estas formas de desacato al poder se remontan, o eso dicen los manuales, al siglo IV antes de Cristo y en el Estado español han venido siendo las herramientas de colectivos antimilitaristas, ecologistas y feministas, principalmente, que con el tiempo han visto cristalizadas sus demandas en derechos recogidos legalmente. Sin embargo, desde el comienzo de la crisis se ha producido una ampliación de los campos de batalla.

"Los procesos de globalización abren nuevos lugares donde pueden y deben abrirse la rebelión y el desafío"

El 6 de septiembre de 2009, varios integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) cortaban las vías del AVE en la estación de Santa Justa (Sevilla) para protestar por la situación económica, laboral y social de Andalucía. Dos años después era el personal facultativo movilizado del Hospital de Bellvitge quien alteraba el transporte interurbano con el corte de la autovía C-31en la provincia de Barcelona. Además, “la eclosión del movimiento 15M ha supuesto un im- portante reverdecer de las prácticas de desobediencia con, en primer lugar, el cuestionamiento de la interpretación limitativa del derecho de manifestación y reunión, plasmado en las trabas a las concentraciones”, señala el abogado Raúl Maillo. Pero no sólo, el grupo de Análisis de Sol valora que el 15M “ha permitido actualizar diversos repertorios, concentrarlos en un espacio-tiempo y socializarlos”. El 15M reivindica una política desde la raíz mediante la puesta en práctica de “acciones de resistencia –pasiva y activa– no violenta. Esa nueva praxis de participación pública sumada, y provocada, por el avance de los recortes sociales ha abierto de nuevo el debate sobre la posibilidad de rebelarse contra leyes y normas sólo en apariencia consensuadas”.

SANIDAD
Por el derecho universal

Las 17.000 personas que viven sin papeles en la Comunidad Autónoma Vasca pueden tomar nota del anuncio del Gobierno de Patxi López que les garantiza la asistencia sanitaria universal. También los 80.000 individuos que viven en situación irregular en Andalucía se verán favorecidos por el recurso de la Junta al Real Decreto ley 16/2012, que dejará al resto de sin papeles en el Estado español privados de tarjeta sanitaria a partir del 1 de septiembre de este año. Ante esta situación, colectivos de defensa de la salud y redes de apoyo a migrantes están moviendo la idea de que se puede –se debe, atendiendo al juramento hipocrático– objetar un Decreto que atenta a un derecho humano básico universal.

Emilia Salmerón es presidenta de la Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de la Región de Murcia y forma parte de la Red Ciudadana por la Salud, una iniciativa presentada hace pocas semanas en Murcia. Salmerón defiende la objeción de conciencia al cumplimiento de la reforma y anuncia que plasmarán ese desacato “de todas las formas posibles: en nuestras consultas, atendiendo a todas las personas que nos necesiten, y de manera colectiva, apoyando a todas las enfermeras que decidan objetar”. Salmerón cree que la ética profesional impele al personal sanitario a ir más allá en su labor de “abogacía por la salud” y evitar acciones que atenten contra “personas cuyo único ‘delito’ es no haber nacido en un país occidental”.

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Imagen: Elena Buenavista
DESAHUCIOS.
Vecinos intentando bloquear una ejecución hipotecaria.

El abogado Raúl Maillo apunta a que es el personal administrativo –quienes llevan a cabo las funciones de acceso y registro– quien tiene más posibilidades de sentir la presión de las administraciones si se pone en marcha esta desobediencia, pero prefiere mostrarse cauto. “Creo que debe hacerse público no el cómo pero sí que se va a dar asistencia”, resume Maillo. Para que no cunda el miedo, matiza que la reacción gubernamental estará relacionada con el apoyo social: “el derecho es una relación de fuerzas como otra cualquiera, influyen el coste o la utilidad política”.

DEUDAS E IMPUESTOS
Esta crisis no la pagamos

Uno de los factores de éxito para una campaña de desobediencia civil es que sea masiva. Eso es lo que busca Occupy Student Debt, que reúne a universitarios estadounidenses que afrontan becas-préstamo “inmorales y cuyo pago se pone por encima de la propia supervivencia”, según explica Suzanne Collado, una participante. Cuando lleguen a ser un millón de afiliados dejarán de pagar, pero mientras tanto organizan otras acciones directas. Por ejemplo, Occupy Wisconsin ha bloqueado el acceso a sucursales de las entidades que más deuda estudiantil reclaman. El debate ha llegado a la precampaña electoral y Obama ha prometido limitar la tasa de interés.

“No se puede ser buen ciudadano sin desobedecer a normas injustas y degradantes para la práctica de las libertades”

Entre quienes responden a abusos bancarios no hay que olvidar el movimiento de okupación, relanzado en los últimos meses con colectivos #stopdesahucios que no se limitan a impedir la llegada de la comisión judicial, sino que a veces acaban okupando inmuebles para realojar a los desahuciados. La oposición se extiende también ante las ansias de recaudación públicas: en Irlanda, la mitad de los propietarios de inmuebles se han negado a pagar una nueva tasa estrenada este año.

DESOBEDIENCIAS 2.0
Virus que fluyen por la red

En los últimos meses, la desobediencia en internet se ha centrado en frenar la ofensiva contra el intercambio de material protegido por derechos de autoría y por tanto, en el contexto estatal, en la Ley Sinde. Poco después de que se aprobara, el colectivo Hacktivistas quiso desactivarla con el Manual de Desobediencia, una publicación descargable en la que se explica cómo sortear posibles métodos de censura. En cuanto entró en vigor trataron de ‘hackearla’ median- te la campaña de autoinculpación “Wert de enlaces”: cientos de webs distribuyeron sin permiso explícito una canción de un autor que las ha denunciado y quiere echar un pulso a la capacidad censora de la ya convertida en Ley Sinde-Wert. En la misma línea, activistas o abogados como David Bravo han retado públicamente a las autoridades que aseguran que “descargar archivos es ilegal” con diversas acciones: desde bajar archivos notificándolo a la Policía para demostrar que no pueden detener a nadie por este motivo hasta promocionar enlaces de descarga en público para evidenciar lo fácil e inevitable de esta práctica.

Muchos hackers comparten la intención de promover el derecho al libre acceso al conocimiento. Un caso sonado es el de Aaron Swartz, que el año pasado descargó 4,8 millones de artículos científicos de un archivo de pago y los hizo circular por redes P2P. El superhéroe colectivo llamado Anonymous también alega este derecho para poner al descubierto todo tipo de datos ocultos, pero sobre todo ha popularizado formas colectivas de hacer que, desde entornos como la comunidad del software libre, se están extendiendo por las redes 15M y Occupy: la viralidad y la filosofía del código abierto. Es decir, muchas de estas acciones se replican por todo el globo porque son fáciles de adaptar al contexto local y están ampliamente documentadas (en vídeos o manuales que recorren las redes sociales). Las acampadas son un claro ejemplo.

TRANSPORTES
Yo no pago porque no quiero

El 1 de mayo, cientos de conductores se saltaron los peajes de las carreteras de Catalunya, Comunitat Valenciana y Balears. La acción, convocada a través de la web Prou Peatges-No vull pagar, buscaba denunciar a Albertis, una de las concesionarias de autopistas subvencionadas por el Gobierno. Al negarse a pagar, el personal de los peajes levantaba las barreras y anotaba las matrículas para tramitar una probable multa de cien euros. Al día siguiente, el 15M de Ávila reprodujo la acción en el túnel de la AP-51 en Guadarrama, cuya concesión a Iberpistas fue declarada ilegal por la Unión Europea. Gabriel, uno de los participantes, asegura que “no hay más justicia que no pagar un peaje que ha sido condenado”.

El levantamiento de barreras en peajes está inspirado en el movimiento griego Den Plirono, que significa “yo no pago”. Pero la traducción ibérica ha bajado hasta el metro, donde las subidas del precio –el billete sencillo se ha incrementado en Madrid un 90% en 9 meses y en Barcelona un 38% desde el año pasado– han desatado llamamientos a colarse. Más allá, Toma el metro, en Madrid, aboga por actos cada vez más efectivos: si el 25 de abril paralizaron el servicio durante escasos minutos en trece vagones, el 8 de mayo consiguieron inutilizar varios tornos de acceso en hora punta, de forma que el personal de seguridad tuvo que permitir el flujo de pasajeros sin comprobar sus billetes.

MARCO LEGAL
Paradigmas excluyentes

Estas formas de visibilizar los conflictos sociales chocan con la legalidad vigente y con la que está por venir. Si en Estados Unidos el concepto de “protestar” es considerado “terrorismo de baja intesidad” por parte del Pentágono, la tendencia en Europa es limitar el derecho de protesta por la vía administrativa. Así, por medio de multas por acudir o alentar la convocatoria de manifestaciones, en palabras de Raúl Maillo, “se limitan los derechos de participación política, que tratan de reconducirse a una mera capacidad de elección ritual”. Con respecto a formas activas de resistencia no violenta, este jurista considera que es importante escapar del riesgo de atemorización, pero estima que el coste social para el Gobierno español a la hora de castigar con mano dura la disidencia es todavía bajo. Asimismo, recuerda que debe existir proporcionalidad en cuanto a la valoración de bienes jurídicos: “No parece equiparable el derecho de huelga, casi único derecho del trabajador frente a su empresa, al derecho a libre circulación en un medio de transporte concreto cuando hay otras opciones”.

La comisión de Análisis de Sol apela a la desobediencia porque “no se puede ser un buen ciudadano sin des- obedecer normas injustas y degradantes para la práctica de las libertades”. La expansión del liberalismo ha contribuido a un cuestionamiento de los cimientos del consenso democrático. El ejemplo más claro es el de las personas migradas en situación de irregularidad jurídica, quienes, a juicio de Ester Massó “están sujetas de facto a reglas en cuyas decisiones o aprobación no han tomado parte, con lo cual, según ciertos teóricos de la desobediencia civil, se hallarían mucho más autorizados para desafiarlas”. El hecho es que tampoco nadie con papeles y menos de 52 años ha votado la Constitución de 1978, norma suprema del ordenamiento jurídico. Es decir, más de 24 millones de personas mayores de 18 años (en un censo de 36 millones de adultos) no han participado en la elaboración del consenso democrático actual.

OBJECIONES DE TEMPORADA
LA REBELDÍA DE DECIR 'NO'

Desobediencia en la autovía

La plataforma Prou Peatges ha convocado una segunda jornada de protesta el 20 de mayo, con intención de concentrar la acción a las 12 y a las 18h. Prou Peatges defiende que vía impuestos se han pagado las autovías «y ahora les toca a Abertis y al Govern de CiU el desmantelamiento de los peajes». La convocatoria se está extendiendo a otras comunidades.

OBJECIÓN al gasto militar

Otro clásico monetario es la campaña de objeción fiscal, que cada año invita a descontar en la declaración de la renta una parte proporcional a criterios políticos (como el gasto militar por persona o un euro por cada país empobrecido por la deuda externa). En ocasiones Hacienda no llega a detectar el descuadre y se elude el pago.

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