En el momento de creación
del Ministerio de Vivienda,
España contaba con
un parque sobredimensionado,
infrautilizado y mal repartido,
en el que la garantía de acceso a la
vivienda seguía siendo una asignatura
pendiente. Seis años más tarde,
los cambios más visibles en el
mercado de la vivienda son consecuencia
de la crisis económica, no
de la política implementada por el
Gobierno. Era difícil, si no imposible,
que en tan corto espacio de
tiempo se le diera la vuelta a una
maquinaria que llevaba más de 40
años funcionando con las mismas
reglas: el cumplimiento de un doble
objetivo incompatible: procurar una
vivienda digna a todos los españoles
e impulsar la economía a través
del fomento de la construcción.

Primeros pasos

A lo largo de estos seis años, la política
llevada a cabo desde el Ministerio
ha tocado muchos de los temas
clave en materia de vivienda,
aunque no ha sido todo lo radical
que la situación exigía. En los primeros
años, el Ministerio apuesta
por la construcción de viviendas de
protección oficial, incluyendo las de
gestión pública. Para ello utiliza el
Sespes, Entidad Pública Estatal de
Suelo, que en los últimos tiempos
se había dedicado exclusivamente a
la gestión de suelo productivo. En
2004 se construyeron casi 700.000
viviendas, de las cuales tan sólo el
10% era de protección oficial. Cuatro años más tarde el porcentaje
de viviendas de protección construidas
había llegado al 25%, con un
incremento de 20.000 unidades.

Paralelamente, se diseñó una batería
de ayudas económicas a la adquisición
de viviendas para los hogares
con menor renta. La Ley
8/2007 de suelo del 28 de mayo obliga
a que el 30% de la edificabilidad
de los nuevos desarrollos municipales
sea destinado a vivienda de protección.
Pero ninguna de estas medidas
era innovadora. Todas planteaban
soluciones a corto plazo y evitaban
afrontar el mal endémico del
parque residencial español. Sin embargo,
el Plan 2005-2008 también
planteaba algunas medidas con mayor
calado: la ampliación hasta 30
años del régimen de protección en
las viviendas subvencionadas por el
Estado, el fomento de la rehabilitación
o la revisión del tamaño mínimo
de las viviendas de protección.
A pesar de la controversia que se
creó en su momento, y del límite mínimo
finalmente fijado, 30 metros
cuadrados útiles para dos personas,
la medida pone de manifiesto la necesidad
de revisar un esquema pensado
en la época del desarrollismo
para una unidad familiar que actualmente
se ha diversificado.

Plan 2009-2012

En el mismo plan se desarrolla otra
de las políticas más importantes y
necesarias para la reestructuración
del mercado de la vivienda: la rehabilitación
integral y la renovación
urbana, incluyendo ayudas para la
mejora en términos de accesibilidad
y eficiencia energética, poniendo de
manifiesto que la política de vivienda
no termina en sí misma sino que
es transversal y está vinculada a
problemas sociales y ambientales.
Dicha política es retomada y ampliada
en el Plan Estatal de Vivienda
y Rehabilitación 2009-2012. Sin embargo,
existen temas que o no son
abordados o lo son muy tímidamente.
No existen medidas que pongan
remedio y penalicen la infrautilización
actual del parque: según los datos
del censo de 2001, anterior al
bum constructor, un tercio de las viviendas
españolas estaban vacías o
eran secundarias.

Tampoco se aborda
el límite del crecimiento residencial
con un parque sobredimensionado,
con la única salvedad de la derogación
de la Ley del Suelo de 1998
y la ambigua y tímida ampliación de
la protección a los suelos que “no
sean necesarios o no sean idóneos
para atender a las necesidades de la
transformación urbanística” que sigue
permitiendo que algunas comunidades
autónomas mantengan la
posibilidad de crecer a costa del todo
el suelo que no tenga especiales
características para su protección,
como Madrid.

En cuanto al fomento de la diversidad
en las formas de acceso,
centradas en el fomento del alquiler,
las medidas desarrolladas son
confusas y muchas veces contraproducentes.
Las ayudas a la
emancipación estaban dirigidas a
la clase media, errando de nuevo
el diagnóstico sobre los grupos
con necesidades reales en el acceso.
Ni tan siquiera planteaba un límite
máximo en la renta pagada
por el inquilino. El ajuste de la
desgravación por la compra de vivienda
a aquellos hogares con menor
renta es una medida demandada
y acertada, pero el límite máximo
de renta no se ajusta a las
peculiaridades territoriales, como
sí lo hace el módulo básico que fija
el precio máximo de venta de
las viviendas protegidas.

En un Estado donde el grueso
de las competencias está transferido
hacia las administraciones territoriales,
la única justificación a
la creación de un ministerio era
poner de manifiesto que el problema
de la vivienda era asumido como
uno de los principales retos de
la gestión que el Gobierno iniciaba.
La pregunta ahora es si la vivienda
ya no es un problema o si
con una Secretaría de Estado basta,
y por tanto bastaba para encauzar
la situación.

EL DIAGNÓSTICO 
ERA CORRECTO

El Plan Estatal 2005- 2008
"para favorecer el acceso a los
ciudadanos a la vivienda"
incluía otras propuestas que
ponían de manifiesto una
visión mucho más profunda del
problema. El establecimiento
de un período mínimo de 30
años durante el cual se mantiene
el régimen de protección del
parque de viviendas subvencionadas
por el Estado y, por
tanto, su valor y sus destinatarios,
recogía la necesidad de
consolidar un parque de vivienda
social estable, y buscaba
evitar que la única forma de
garantizar el acceso sea construyendo
nueva vivienda.