En 2008, de las 100.000 ha de maíz transgénico en la UE , 80.000 están en el Estado español. En 2009, Alemania, Francia,
Grecia, Hungría y Austria han prohibido su siembra...
“¿Por qué TV3, que ha coproducido el documental El Mundo según Monsanto todavía no lo ha emitido? ¿Y por qué Tele5 lo echó a altas horas de la madrugada”, se interroga Marie-Monique Robin, la autora del libro que ha dado pie a este documental y narra cómo Monsanto ha llegado a liderar el mercado mundial de las semillas transgénicas. Un ejemplo es su implantación en el Estado español, donde están sembradas 80.000 de las 100.000 ha que hay en toda la UE de maíz transgénico MON-810. Una práctica que Alemania acaba de prohibir. También, recientemente, Francia, Grecia, Austria y Hungría han ampliado su moratoria a estas plantaciones.
“No se respeta el principio de precaución, no existe la suficiente investigación científica acerca de los perjuicios que puede provocar el consumo de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Además la mayoría de la investigación publicada está financiada por las propias multinacionales”, como Monsanto, Syngenta o Pioneer, denuncia Andoni García Ariola, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).
Una excepción a la postura española se produjo el 2 de marzo pasado, cuando el Gobierno de Zapatero apoyó en la Comisión Europea la moratoria de transgénicos de Austria y Hungría. “Por órdenes de arriba”, justifica Juan Felipe Carrasco, de Greenpeace, quien participó en reuniones con altos cargos para conseguir este cambio de voto. Además, reconoce que otros países como Francia ejercieron presión. Un cambio de opinión que serviría como una de las monedas de pago por la silla que facilitó Sarkozy a Zapatero en el G-20, indican otras fuentes.
“Puertas giratorias”
“Conseguir que se normalicen los transgénicos forma parte de una guerra de información. Monsanto gasta millones en propaganda, contrata agencias de comunicación, lanza campañas de difamación contra investigadores que denuncian los peligros que éstos podrían causar”, afirma a este periódico Robin.
La financiación de entidades que promuevan sus intereses forma parte de la estrategia habitual de los grupos de presión. La defensa que realiza el lobby EuropaBio de las aplicaciones de la biotecnología y, por tanto de los transgénicos, le llevó a “contratar a Burson-Marsteller, multinacional de relaciones públicas, famosa por haber trabajado tras desastres ecológicos como Chernobyl o Bhopal en India. Su receta para conseguir influir en el público se basa en el apoyo de científicos y creadores de opinión y no en la publicidad de las marcas”, dice Guillem Tendero, de Transgenic Fora!.
Entre las organizaciones pertenecientes a EuropaBIO se encuentra Asebio, presidida, hasta su llegada al Ministerio de Ciencia e Innovación por Cristina Garmendia y financiada, entre otras, por Monsanto o Merck, según se puede ver en su propia página web. De presidir uno de los mayores grupos de presión biotecnológica a ministra de Ciencia, Garmendia es el máximo exponente del fenómeno de “puertas giratorias” (trasvase de ejecutivos del sector público al privado o viceversa). Además, Jorge Barrero, actual jefe de Gabinete de Garmendia, era el secretario general de Asebio hasta su llegada al Ministerio.
Décadas de presión
Aunque en la Unión Europea, entre 1998 y 2004, se aplicó una moratoria a los OGM, el Gobierno de Aznar hizo oídos sordos a esta paralización. Una situación que fue investigada por la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid. “Incomprensiblemente, las autoridades responsables en el Ministerio de Agricultura (...) han permitido –por las razones que fueran– su comercialización a gran escala en nuestro país por parte de la mercantil Syngenta, en una violación absoluta de lo establecido en la orden de 23/03/98 el Reglamento de Variedades Vegetales”, según el informe del fiscal que hizo público Rafael Carrasco en 2004 en Interviú.
Actualmente, la jefatura del Área de Biotecnología Varietal de la Oficina de Variedades Vegetales la ocupa José Ignacio Ortega Molina. Ortega es un habitual de actos de la Fundación Antama (financiada, entre otras, por Asebio), que ha lamentado públicamente el “poco peso” de la agricultura transgénica en otros países de Europa.
El control de la CNB
“Cada vez que hay una solicitud para la liberación de un nuevo organismo modificado genéticamente (plantas, virus…) o que el Gobierno español tiene que posicionarse sobre transgénicos en Europa, estas decisiones pasan en primera instancia por el órgano científico creado para este fin, la Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB)”, explica Amigos de la Tierra en su reciente publicación Las malas compañías. Un órgano que está encabezado por María Jesús Rodríguez de Sancho, la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). “Pere Puigdomènech, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es el mayor defensor de la introducción de transgénicos en agricultura y alimentación”, denuncia Amigos de la Tierra. Esta organización centra sus acusaciones en los siete representantes científicos, entre sus 46 miembros.
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