Foto: Olmo Calvo.

“Es la tercera vez que me paráis esta
 semana, esto no hay quien lo aguante”,
se queja con cansancio un adolescente
negro en un locutorio en el
 madrileño barrio de Lavapiés, junto
con dos colegas a los que la policía
acaba de pedir la documentación.
 Estaban haciendo fotocopias para el
 próximo examen en el instituto. Se
trata de una escena cotidiana en un
creciente número de barrios y ciudades
dentro de la fortaleza de los países
 más ricos y que se replica, incluso,
en algunos de los países menos
 pobres de entre los empobrecidos.

El Comité para la Eliminación de
la Discriminación Racial de la ONU
ha denunciado a España, en una audiencia
 celebrada el 23 de febrero
 en Ginebra, por la detención de inmigrantes
según perfiles racistas.

Destacan que “la policía se maneja
 con circulares racistas para detener
 a inmigrantes indocumentados” y
 que “sindicatos de policía han revelado
que deben cumplir con una
cierta cantidad de detenciones”.

El acoso al inmigrante con sistemáticos
controles de identidad basados
en criterios raciales constituye
una de las ‘performances’ públicas
 con las que el poder mantiene posiciones
 ante la crisis: da seguridad a
 unos, a aquellos que se sienten ahora
 más amenazados que nunca, atemorizando
a otros. Buena gestión del
 miedo de todos. Organizaciones de
inmigrantes enmarcan estas redadas
 en una estrategia de creciente “racismo
institucional”, junto con otros hechos,
 como la denegación arbitraria
 de tarjetas de residencia o las trabas
 administrativas para empadronarse.

Son ilusiones

No obstante, el ministro que mejor
ha entendido que la política se hace
 en las ruedas de prensa, Alfredo
 Pérez Rubalcaba, insiste en su tesis:
 “No hay redadas, las prohíbe la
 Constitución”. El responsable de
Interior afirmó en la presentación
 del balance de la lucha contra la inmigración
ilegal, a finales de enero,
 que los 3.321 extranjeros expulsados
 en 2010 por estar en situación
irregular fueron localizados en “operativos
antiterroristas o en controles
de alcoholemia”.

La Asociación Española
para el Derecho Internacional
 de los Derechos Humanos (AEDIDH),
 ante lo que calificó como “falta
 de transparencia del Gobierno en
la publicación de datos oficiales”, investigó
 en la Memoria de la Fiscalía
General del Estado de 2009 y desveló
que ese año fueron expulsadas
8.935 personas de las 16.590 que
fueron detenidas y que entraron a
los Centros de Internamiento de
 Extranjeros (CIES). “La privación
 del derecho a la libertad de las personas
 no estuvo justificada entonces
 en la mitad de los casos”,
 denuncia AEDIDH.

Al tiempo que organismos internacionales
vigilan la labor de los gobernantes,
en la calle cada vez más
 ciudadanos y profesionales de la información
 velan también por el buen
 desempeño de la labor de los funcionarios
 de las fuerzas de seguridad
del Estado. Su trabajo se puede observar,
fotografiar y grabar dentro
 de la legislación vigente. La sociedad
 de la vigilancia puede volverse contra
 sus promotores.

Nahia y Cristina, dos vecinas de
Bilbao, se pararon a observar la detención
 de un inmigrante en la noche
 del 23 de diciembre de 2009 y las
 detuvieron hasta las cuatro de la madrugada.
 Más de un año después, la
Audiencia de Bizkaia reabre el caso
por posible arresto ilegal. “Se trata
 de terror machista policial. Hacemos
un llamamiento a la ciudadanía para
 que denuncien estas prácticas abusivas
y no se acostumbren a vivir con
 ellas, y a los responsables municipales
para que cesen de sus puestos a
 estos maltratadores uniformados o,
en caso contrario, dimitan”, señalan.

Rossío Rodríguez Lizarazu, además
de mirar, sacó su móvil y grabó
a los policías que estaban ejecutando
un control de identidad.
 “Acababa de ver en la tele a Rubalcaba
diciendo que las redadas no
 existían, estaba tratando de documentar
lo contrario”, cuenta a DIAGONAL.

Boliviana y en situación
irregular, acabó detenida y le denegaron
los papeles que estaba tramitando.
Vea aquí su relato

Derecho a informar

Además de la libertad de expresión
 de este ‘periodismo ciudadano’, muchos
 profesionales reclaman libertad
 de prensa, derecho a informar.
 Edu León, coordinador de fotografía
 de este periódico, enfrenta ahora su
cuarto juicio en menos de un año,
 por documentar, junto con Olmo
Calvo y David Fernández (también
de DIAGONAL), los controles de
identidad a inmigrantes. Las repetidas
 detenciones de León, alguna de
las cuales es mencionada en el informe
sobre libertad de prensa 2010 de
 Reporteros Sin Fronteras, han provocado
la solidaridad de decenas de
compañeros. Muchos de ellos se han
convertido en protagonistas involuntarios
de noticias paralelas a las realidades
 que querían fotografiar.

La freelance Alicia Mesonero fue
denunciada y llevada a juicio por fotografiar
una redada; acabó pagando
 una multa de unos 100 euros, bajo
 amenaza de arresto. A finales del pasado
enero absolvieron a José Alfonso
(ABC) en un juicio por fotografiar
a dos policías. Pedro Armestre
 (AFP PHOTO) pasó un día y medio,
 entre el 15 y el 16 de febrero, en una
celda a tres grados por hacer fotos
en la última acción de Greenpeace
 en la central nuclear de Cofrentes
 (Valencia).

Jesús Feria (La Razón),
Josep Lluis Sellart (El País), Walter
 Astrada (La Nación, France Press),
 Guillem Valle (ADN), José Colón
(Público) y Martín Carrasco (EFE)
han sido agredidos y/o detenidos por
la policía mientras trabajaban. Albert
 Garcia (La Directa) llevó a juicio a
Mossos d’Esquadra por acoso y continuas
 amenazas a finales de 2010.
Son sólo una muestra.

COBERTURAS DE RIESGO

¿IDENTIFICARSE POR INFORMAR?

La Federación de Asociaciones
 de Periodistas de España
(FAPE) y el Ministerio del
 Interior ultiman, desde hace
meses, un convenio para identificar
a periodistas gráficos en
coberturas con la intervención
de las fuerzas de seguridad del
 Estado.

La Asociación de la
Prensa de Madrid, la
Asociación Nacional de
 Informadores Gráficos de
Prensa y TV, y la Delegación del
Gobierno de Madrid negocian
por su parte un acuerdo por el
 que se garantizará la seguridad
 sólo a aquellas personas identificadas
 ante la policía con un
peto y el DNI.

En Cataluña s e
identifican con un brazalete
 naranja, lo que ha mejorado la
 situación, aunque no ha acabado
 con los incidentes entre
reporteros gráficos y policía, y
tampoco protege a quienes
practiquen un ‘periodismo ciudadano’
 en auge.