BOICOT. El 7 de diciembre Mastercard y Visa decidieron boicotear las donaciones a Wikileaks, lo que conllevó la reacción de los internautas contra esas empresas.

La revista americana Time
se ha negado a darle el título
de “persona del año”,
porque lo encuentra demasiado
controvertido, y esto ya debería
decirnos que algo interesante
pasa con Julian Assange, fundador
de Wikileaks. El reconocimiento de
persona del año al fundador de
Facebook representa, quizás, un repliegue
entre freudiano y onírico a
un internet más controlado, más
corporativo. Facebook es un sitio
asombrosamente innovador, pero
se trata de algo que queda en el cauce
del neoliberalismo, una rebelión
limitada y, al fin y al cabo, “útil”.

La que sí parece saber muy bien
por dónde empezar con Assange es
la justicia sueca: extradición desde
Reino Unido y un proceso por crímenes
sexuales. ¿Administración
de la justicia o intento de silenciar a
un personaje incómodo?
Puede que Assange sea culpable
de violación. En este caso es correcto
procesarlo. Si Assange es culpable,
que se sepa. O podría tratarse
de una fabricación, de una maniobra
gubernamental para silenciar a
un personaje incómodo. Por raro
que pueda parecer, tampoco en este
caso la maniobra debería ser
causa de alarma excesiva. No nos
equivoquemos: no condonamos
prácticas represivas. Pero no se trataría
de un hecho nuevo.

Los peligros para Wikileaks

Desde siempre los gobiernos han
intentado silenciar cualquier discurso
político que se alejara demasiado
de la norma institucional.
Se trataría, pues, de un ataque que
vendría de una dirección conocida,
en contra del cual ya estamos
razonablemente equipados para
defendernos. Como escribía Dante
Alighieri, “flecha prevista viaja
más lenta”. En cualquier caso,
Wikileaks seguirá.

Lo que sí podría afectar a la supervivencia
de esta web es la ola
de justicia privada financiera que
se ha puesto en movimiento.
Paypal, la mayor empresa de pagos
en internet, y Mastercard, han
decidido que no tramitarán donaciones
hacia Wikileaks.

Una acción que confirma el poder
extra judicial de las empresas
privadas en internet. Empresas como
PayPal controlan el flujo de los
recursos económicos en internet y,
a diferencia de las empresas tradicionales,
no tienen ninguna obligación
a no discriminar. Una aproximación
a la afirmación, la red como
espejo del lejano Oeste de John
Wayne, donde la justicia es débil y
los ciudadanos (los poderosos, entre
ellos) la administran con total
impunidad. Pueden estrangular a
cualquier web sin tener que justificar
sus acciones, y sin ofrecer ninguna
garantía legal. Osama Bedier,
vicepresidente de PayPal justificó
el bloqueo a Wikileaks en
París con estas palabras: “El
Departamento de Estado nos dijo
que ellos [por Wikileaks] tenían
actividades ilegales. Fue fácil”.

La abdicación del Estado

Los Estados no sólo no parecen preocuparse
por esta toma de poder de
las empresas, sino que parecen operar
activamente para fomentarla.
Leyes como la recién presentada y,
por el momento, rechazada, Sinde
representan una renuncia voluntaria
del Estado a su poder, y una entrega
de este poder a las grandes
empresas. En la ley Sinde no sólo
se reconoce que los derechos de
propiedad tienen prioridad sobre
los derechos de expresión, también
se renuncia al monopolio judicial
en la aplicación de la ley, derrumbando
la separación de poderes a la
base de las democracias occidentales.

El castigo para violar la ley
Sinde lo proporciona una comisión
administrativa atenta a los intereses
de la industria, y el juez se limita a
dar el visto bueno a las decisiones
de la comisión. Esta ley consagraría
la transferencia del poder del juez a
organismos privados y administrativos.
Uno de los principales objetivos
de lo que hasta ahora se conoce
del ACTA, que todavía no ha sido
firmado por sus promotores.

La ley Sinde, el tratado ACTA y
el boicot de Paypal a Wikileaks
pueden parecer, en un análisis superficial,
cuestiones separadas,
pero se trata de tres mecanismos
de la misma transferencia de poder
judicial a manos privadas.

Los Estados ceden a las industrias
privadas la que según Max
Weber era la esencia misma de su
poder: el monopolio de la violencia
legítima. De esta forma, no es algo
casual que la ley Sinde se haya visto
impulsada por presiones ocultas
del gobierno de EE UU, el mismo
Gobierno que impulsa las negociaciones
sobre ACTA y los ataques a
Wikileaks. El mismo Gobierno que,
en un grado mayor que otros, se
identifica con la nueva ideología de
mercado.

Unas presiones de las que, irónicamente,
no nos habríamos enterado
de no ser por la existencia
de la misma Wikileaks.