A finales de septiembre, el Gobierno anunciaba nuevos recortes en el anteproyecto de presupuestos para la dependencia. Después de la reducción de financiación que ya se llevó a cabo en abril del presente año, por una cantidad total de 238 millones de euros, se hace público un nuevo bocado en el presupuesto, de otros 200 millones. El primer recorte del Gobierno de Rajoy para la aplicación de la Ley de Dependencia afectaba a las comunidades autónomas, en la medida en que reducía ostensiblemente el presupuesto con el que éstas contaban para la financiación de los servicios que la ley garantiza a las personas dependientes beneficiarias. Esta segunda reducción del presupuesto tiene consecuencias directas para las personas cuidadoras familiares, como ya reflejaba el decreto emitido en julio de 2012.

El Gobierno anunciaba en Consejo de Ministros el 13 de julio la disminución del 15% en las ayudas que percibían las y los familiares encargados del cuidado de las personas dependientes. Esta reducción suponía la continuación de una estrategia que nacía al mismo tiempo que la puesta en marcha de la Ley de Dependencia: “ir dinamitándola sistemáticamente”, según expresa Begoña San José, secretaria del Fórum de Política Feminista.

El mandato de género

A la hora de hablar de la Ley de Dependencia es imprescindible integrar en el análisis la perspectiva de género. La casi totalidad de familiares que cuidan y atienden a las personas dependientes son mujeres. Mujeres sobre las que recae el peso histórico y tradicional del mandato de género que más beneficios aporta al Estado en términos de ahorro.

Y este mandato no es otro que el de ser las principales responsables y encargadas de la reproducción familiar en el ámbito del hogar, sin remuneración ni reconocimiento social de estas tareas. Por eso, San José afirma que el dinero recibido por parte de las cuidadoras familiares “no llega ni a la mitad de lo que se pagaría a una persona profesional que atendiera las mismas tareas”.

Por ello, califica de “limosna por parte del Estado” lo que la Ley de Dependencia ha pagado, en concepto de ayuda, a “las hijas, madres, nueras” por el trabajo que realizan con las personas dependientes que tienen a su cargo. En opinión de San José, la Ley de Dependencia no debería ser “una ley de pagas, sino un servicio público y profesional”.

Es un error identificar personas dependientes con envejecimiento. Error que, sin embargo, cometía el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, el 5 de octubre. Moreno, en su comparecencia pública para presentar el presupuesto de 2013, anunció que “ocho de cada diez euros están comprometidos con las personas mayores y con el sostenimiento de la Ley de Dependencia”. Una declaración que parece reduccionista si se toma como base el propio documento de la Ley, en su exposición de motivos, en donde se aclara que “las personas dependientes son aquellas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía”. Moreno centró su intervención en el envejecimiento, dejando de lado el elemento que más se ha visto afectado por el último recorte y que, según el secretario de Estado, ha supuesto un “ahorro de 200 millones debido a la reducción de las prestaciones por cuidador familiar”.

Lucía Mazarrasa, jefa de Sección de Salud y Desarrollo Internacional de la Escuela Nacional de Salud, explica en este sentido que la Ley de Dependencia ha sido también una “trampa” porque, aunque ha servido para reconocer las cargas que las mujeres tienen con los cuidados de personas dependientes, “el pago por la realización de esta labor ha sido mínimo”. “Es menos que el salario medio profesional”, dice Mazarrasa, sobre todo teniendo en cuenta que es un trabajo que se realiza “24 horas al día durante los siete días de la semana”. Mazarrasa apunta también que “para el resto de la familia, al existir esa ayuda que recae sobre las mujeres, como cuidadoras principales, se diluye la corresponsabilidad del cuidado de los familiares dependientes”.

Para poder conocer las consecuencias reales e inmediatas que provoca este nuevo recorte a la Ley de Dependencia, la economista Amaia Pérez Orozco reflexiona al respecto en su artículo “Amenaza tormenta: la crisis de los cuidados y la reorganización del sistema económico”. En este texto, Pérez Orozco parte de dos afirmaciones básicas con las que se trabaja desde la economía feminista. La autora afirma que “la economía no es reductible a los mercados, sino que economía es mantener la vida, sea o no a través de las esferas monetizadas, es decir, lo mercantil forma parte del análisis de manera secundaria y no como eje central del mismo”. En segundo lugar, Pérez Orozco subraya que “el género funciona como elemento organizador del sistema económico, por tanto es necesario atender a las relaciones de género para poder comprender la estructura socioeconómica”.

Roles tradicionales

Las mujeres cuidadoras, con la Ley de Dependencia, contaban con un ingreso mínimo, pero seguían quedando expuestas a nivel social ante el no reconocimiento integral de su trabajo como actividad laboral. El recorte del 15% de financiación supone un retroceso en el trabajo de visibilización iniciado tímidamente con esta ley, que queda sin presupuesto para ubicar a las mujeres en una posición de reconocimiento de su trabajo como cuidadoras, desde el punto de vista de la productividad y la profesionalidad.

Sandra Ezquerra, socióloga e investigadora en la Universidad Autónoma de Barcelona, explica que la Ley de Dependencia “respondía a una reivindicación histórica del movimiento feminista de sacar los cuidados del hogar para darle valor fuera de este ámbito”. Sin embargo, considera que “se quedó corta en términos de definición”, ya que “no rompe con la división sexual del trabajo”, puesto que las mujeres sólo pasan a tener “una paguita” del Estado. Y porque, finalmente y dado el reducido margen de actuación que ha tenido esta Ley, no ha conseguido fortalecer un proceso que debía haber alcanzado mayores resultados para poner en valor el trabajo reproductivo, más allá del ámbito doméstico-familiar.

La Ley de Dependencia atraviesa ahora su etapa más crítica. La consecuencia para las mujeres cuidadoras, pero también para las familias en general, es, según Ezquerra, que esta ley “deja de tener utilidad a efectos prácticos”. La incertidumbre que rodea a la retirada progresiva de las ayudas y el propio contexto de crisis hace que las familias se vean obligadas a hacer planes de ajuste por sí mismas. Y son las mujeres las que vuelven a ver incrementadas sus cargas domésticas.

Para Ezquerra es claro que lo que el Gobierno persigue con este recorte, y con otros ajustes en materia social, es “un cambio integral de sociedad”, que se refuercen “las dobles jornadas y los roles tradicionales”.

El foco más allá del shock

Es necesario ampliar la perspectiva de análisis para entender el desarrollo que ha tenido la Ley de Dependencia en el contexto actual de crisis económica y crisis, por consiguiente, del Estado del Bienestar. Por su visibilización del trabajo históricamente no valorado, en términos monetarios y productivos, las ayudas que ha proporcionado a algunas mujeres podrían haberse traducido en el comienzo de un avance para la sociedad en su conjunto.

Porque si “la economía es mantener la vida”, como apuntan las fuentes consultadas, el Estado tiene que atender también a la parte de la ciudadanía que se ocupa, casi de forma exclusiva, del trabajo reproductivo de cuidados y mantenimiento de la vida.

Por ello, es pertinente aplicar esta perspectiva a otros recortes que a menudo no se interpretan en función de las consecuencias que tienen para la dimensión reproductiva de la vida. Así, se puede mencionar la reciente polémica en torno a la reducción de ayudas para el comedor en colegios, que supone un ahorro para las autonomías e indirectamente para el Estado, pero una carga adicional en el trabajo reproductivo de las madres, erigidas de nuevo como las encargadas de rellenar los tuppers. Un sistema que grava sobre la economía familiar y sobre el tiempo que las mujeres dedican a las tareas de cuidado de las hijas e hijos.

Esta sobrecarga de tareas remite a la cuestión de las diferencias de tiempos que mujeres y hombres dedican a las labores de cuidado familiar y doméstico. Si se aumenta la carga de estas tareas, disminuye la disponibilidad de tiempo de las mujeres para dedicar al mercado laboral. Es decir, el mercado que sí cuantifica y remunera el trabajo, el que reporta salario, derechos labores y prestaciones sociales a las personas que forman parte de él.

El Instituto Nacional de Estadística recogía en su Encuesta Anual de Estructura Salarial de 2010 (última publicada hasta la fecha) las consecuencias que acarrea la menor disponibilidad de tiempo de las mujeres para participar del mercado laboral en igualdad de condiciones que los hombres.

Este informe confirmaba que la ganancia media anual fue de 25.479,74 euros para los hombres y de 19.735,22 euros para las mujeres. Si a esto se le añade que las mujeres, debido a esta sobrecarga de trabajo de cuidado familiar y doméstico, concentran el mayor porcentaje de trabajos a media jornada, o con peores condiciones laborales y salariales, el resultado es el de un empeoramiento de su situación en relación a sus niveles de autonomía económica y, por tanto, autonomía personal.

Además de los recortes, hay que atender a otras noticias como las del número de desahucios que sufren cada vez más personas en España, muchos de ellos protagonizados por mujeres. Madres solteras, en su mayoría, que no cuentan con apoyo por parte del Estado para hacer frente a las entidades bancarias que les reclaman el pago de hipotecas, imposibles de asumir en la situación de precariedad social y económica en la que se encuentran.