ESPECULACIÓN // EXPOLIO Y PRIVILEGIOS FISCALES EN UN ESTADO ACONFESIONAL
La Iglesia pasa el cepillo al patrimonio

Nadie sabe a cuánto
asciende el patrimonio del
mayor terrateniente privado
del Estado español, pero el
oscurantismo y la dejación
de la Administración están
consiguiendo un imposible:
que aumente a pesar de la
pérdida de fieles.

26/01/10 · 0:00
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Ilustración: Joan Negrescolor

Según las estimaciones de los expertos,
la Iglesia católica apostólica romana
posee unos cien mil inmuebles
(de los que los templos son sólo una
cuarta parte) y al menos otras tantas
hectáreas de fincas, que incluyen
gran parte del suelo disponible de
ciudades como Toledo, Burgos,
Santiago de Compostela o Plasencia.
La inexactitud de las cifras se debe
a que la Conferencia Episcopal
deja en manos de cada diócesis la
contabilidad. Pero es que ni siquiera
hay un inventario de los monumentos
cuyo mantenimiento es sufragado
por el Estado, a pesar de
que en 1982 se firmó un acuerdo para
hacer esa catalogación.

Lo que sí se está conociendo es que
día a día, sigilosamente, los obispos
están inscribiendo a su nombre edificios
de todo tipo que hasta ahora
eran de los municipios. La iglesia,
que se construyó por cuestación popular
y a manos de la gente del pueblo,
o la casa del cura cuyos gastos
durante siglos han corrido de parte
del ayuntamiento, de pronto pasan a
ser de titularidad eclesiástica.

Una ley insólita en Europa

Todo gracias al artículo 206 de la
Ley Hipotecaria de 1946
que otorga
a la Iglesia católica, y sólo a ella, el
derecho de inmatricular un inmueble
declarando simplemente que le
pertenece. Hasta 1998 este procedimiento
no se podía aplicar a los templos.
Una incongruencia que el
Gobierno de Aznar se encargó de
corregir alegando que negarle la
propiedad de sus legítimos bienes
era “inconstitucional”. Aunque el ex
presidente obvió una irregularidad
más llamativa de esa Ley, que otorga
poder de fedatario público a una
institución como la Iglesia. Algo “insólito”
en un Estado moderno
, según
denuncia la Plataforma de Defensa
del Patrimonio Navarro.
Sólo en esa comunidad, la Iglesia
se ha apropiado así de más de mil inmuebles
en una década. Pero en el
conjunto del Estado puede hablarse
de un expolio en toda regla: este procedimiento
se hace sin ningún tipo
de exposición pública y muchos municipios,
especialmente los que cuentan
con menos medios, no advierten
el hecho hasta que ya han pasado dos
años y el registro es definitivo.
En Xàbia (Alicante), el Ayuntamiento
sí se ha enterado de la maniobra
y va a impugnar el registro de
la iglesia gótica de San Bartolomé,
fortificada en el siglo XIV por el pueblo
y siempre conservada por los vecinos,
según consta en numerosos
documentos, algo que ha desatado la
indignación en la localidad.

Otras corporaciones municipales
son más generosas con la Iglesia
mediante las permutas de terrenos.
Es el caso de Madrid capital, que en
diez años ha cedido 40 parcelas de
suelo público valorado en 120 millones
de euros a cambio de una finca
en una zona protegida de la
cuenca del Manzanares, cuya valoración
no iría más allá de tres millones,
según Izquierda Unida.
“Pero lo que es aún más grave es
que se cedan parcelas destinadas a
necesidades vecinales”, afirma la formación,
que recuerda el caso del barrio
de Butarque (Madrid) donde la
Iglesia tiene más de una docena de
parroquias y obtuvo terrenos para
una más cuando no había ambulatorio
ni escuela infantil y sólo un colegio
y un centro de mayores para
15.000 habitantes.
“Si ha conseguido esas cesiones
con una finca rústica, ¿qué beneficio
obtendrá de sus posesiones en
zonas como Valdebebas o El Bercial?”,
se preguntan los promotores
que se han encontrado en los planos
de esas zonas de expansión de
la capital con el nombre de la
Iglesia como propietaria.

Pero hay casos más evidentes de
pelotazos, como la recalificación de
un colegio de las Carmelitas en Cáceres
donde se levantará un Corte
Inglés multiplicando la edificabilidad
del área; o en Ávila, donde el
Obispado va a ingresar 19 millones
por la venta de unos terrenos recalificados
en 2005 de rústicos a industriales
a pesar de que el actual polígono
de la ciudad todavía está al 60%
de su desarrollo previsto.

A todo lo anterior hay que sumar
el dinero que las distintas administraciones
ceden a la Iglesia para la
restauración y conservación de sus
edificios. Un dinero que a menudo
sale del 1% de los presupuestos que
por ley cada municipio está obligado
a destinar a bienes culturales y
que, como comentan las asociaciones
laicistas, no repercute en beneficios
para la población: “La iglesia
tiene derecho a construir y reformar
las parroquias que quiera, pero que
se lo paguen de su bolsillo, y si ya no
pueden, que lo que se haga forme
parte del patrimonio nacional”.

Privilegios fiscales

Capítulo aparte merece el trato fiscal
al patrimonio inmobiliario de la
Iglesia, que gracias a los acuerdos económicos del Concordato de 1979
es “francamente privilegiado”, como
lo califica el catedrático de Derecho
Alejandro Torres Gutiérrez, autor de
varios informes exhaustivos sobre el
tema, incluido uno encargado por la
Fundación Alternativas, próxima al
PSOE. Aunque estas recomendaciones
duermen “en el suelo de los justos”,
según comenta a DIAGONAL
Torres Gutiérrez.

Hasta 2007, la Iglesia ha estado
exenta de pagar el IVA, a pesar de
que el derecho comunitario aplicable
desde la adhesión de España en
1986 lo prohibía. “Han tenido que pasar
21 años hasta que se ha acabado
con esta anomalía, con el consiguiente
perjuicio para el erario”, recuerda
este profesor. Para lograr otro pequeño
avance han sido necesarias
hasta cinco interpelaciones de la
Comisión Europea por iniciativa de
IU. Al fin, en octubre el Gobierno retiró
la exención del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) a los inmuebles de la
Iglesia dedicados a “actividades económicas”
como las emisoras de la
Cope o los lucrativos hospitales privados,
amén de los miles de colegios
–donde el Estado subvenciona casi
todo–. Pero el resto de edificios siguen
sin pagar, ni ése ni el Impuesto
de Bienes Inmuebles o el Impuesto
de Sucesiones. Estas exenciones incluyen
las casas de los sacerdotes,
algo que dota a éstos “de un estatuto
privilegiado respecto al del resto de
los ciudadanos, incluso mejor que el
de los funcionarios públicos”, lamenta
Torres. “Este privilegio choca con
dos principios constitucionales, el de
laicidad del Estado y el de igualdad”.

Y precisamente las herencias, pero
en este caso de los fieles, se están
convirtiendo en uno de los principales
ingresos de algunas diócesis. No
es de extrañar, así, que la de Valladolid
se abalanzara sobre el legado de
dos hermanas que en su primer testamento
designaban a la Iglesia
como heredera, aunque después se
retractaran. Tras un largo proceso,
ganó la familia y la diócesis perdió
una donación que equivalía nada
menos que a cuatro años de su presupuesto
ordinario, el que cuenta
con los donativos como principal
fuente de ingresos y que día a día
disminuye con la pérdida de fieles.

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